Violencia machista Gobierno, comunidades y ayuntamientos buscan cómo impulsar el Pacto contra la Violencia de Género
El Ejecutivo ha convocado una reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad para aprobar el documento que contiene más de 200 medidas y las reformas legales necesarias para implementar un acuerdo que fue aprobado en septiembre.
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Madrid,
Tras la foto con los agentes sociales firmando el aumento del salario mínimo, Mariano Rajoy buscaba este miércoles otra foto, esta vez a cuenta del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado mes de septiembre por el Congreso de los Diputados. No podrá ser: dicho pacto aún no se ha puesto en marcha. Por eso, el Gobierno ha convocado hoy una reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad para aprobar el documento que contiene más de 200 medidas y las reformas legales necesarias para implementarlo.
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La reunión, que se celebra este mediodía en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, será presidida por la titular de ese departamento, Dolors Montserrat, y están convocadas todas las comunidades autónomas, representantes de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) y del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Según han explicado fuentes de Sanidad, en la reunión se presenta para su aprobación el documento redactado por el Gobierno con los informes del Congreso de los Diputados y del Senado, que recibieron el apoyo mayoritario de ambas cámaras para su activación en un plazo de cinco años y con un presupuesto de 1.000 millones de euros.
Además, el Ejecutivo ha incorporado en ese documento las observaciones del grupo de trabajo creado para arrancar el pacto con las CCAA, Ayuntamientos y organizaciones sociales, que ha mantenido distintas reuniones para elaborar, entre otras cuestiones, una hoja de ruta y el impacto presupuestario de las distintas medidas.
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Las fuentes han indicado que el encuentro de la sectorial debe recoger el acuerdo sobre cómo ejecutar las medidas con las administraciones autonómicas y locales y las entidades del Tercer Sector vinculadas al área de igualdad.
En concreto, se deben fijar las primeras medidas que podrían arrancar de forma inmediata en relación con la lucha contra el maltrato, así como la tramitación de las reformas legales que se plantean en el pacto.