El Gobierno de coalición De la investidura 'imposible' a la legislatura estable: reformas y compromisos del primer año de Gobierno

Dos elecciones generales y un año de inestabilidad política: eso es lo que costó sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez en 2020, una cuestión que se resolvió en apenas unas horas de negociación con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que desde la primera cita electoral (abril de 2019) había apostado todo al Gobierno de coalición.

El 7 de enero del pasado año, el Congreso eligió como presidente del Gobierno al secretario general del PSOE en segunda votación y con tan solo dos escaños de diferencia: 167 votos a favor frente a 165 en contra. Después de un año, la última gran votación que ha tenido lugar en el Parlamento (la de los Presupuestos Generales del Estado) se saldó con 189 votos a favor de las cuentas presentadas por el Ejecutivo de coalición.

En 2020 el Gobierno se ha alejado de la imagen de inestabilidad y fragilidad que desde la oposición se auguraba en un momento en el que las coaliciones eran una rara avis en el escenario político. Sin embargo, el "aprendizaje" de los de Sánchez y los de Iglesias no ha venido de la mano de un camino tranquilo y sin sobresaltos, sino de intensas negociaciones, discrepancias e, incluso, conflictos que el Ejecutivo ha podido resolver en última instancia.

Según se apuntó desde La Moncloa a finales de diciembre en el documento Cumpliendo, en 2020 el Ejecutivo ha logrado sacar adelante alrededor de un 23% de los compromisos adquiridos para la legislatura. En este análisis se recogen tanto los compromisos del programa de coalición (la hoja de ruta firmada por Sánchez e Iglesias) como aquellos manifestados públicamente, incluidas las promesas que el entonces candidato lanzó durante el debate de investidura.

La irrupción de la pandemia del coronavirus dinamitó, además, los planes y los plazos que desde la coalición de gobierno habían previsto en un inicio para dar recorrido a una legislatura "progresista". Sin embargo, la emergencia sanitaria de la covid-19 parece haberse constituido precisamente en un aprendizaje a marchas forzadas para un Ejecutivo que defiende que tanto la experiencia de la pandemia como los ataques de la derecha y de la ultraderecha han logrado reforzar la unidad y la coordinación de la coalición.

En estos primeros 12 meses el mayor hito del Ejecutivo es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, un proyecto que logró acabar con la vigencia de los PGE más longevos de la historia, los de Cristóbal Montoro, tras dos prórrogas presupuestarias. Estas cuentas no solo recogen el plan de recuperación económica con el que el Ejecutivo quiere hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus, sino que garantizan la estabilidad de la legislatura durante varios años y podrían permitir a Sánchez agotar su mandato.

Ingreso mínimo, ERTE o desahucios: las medidas de 2020

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV) fue otra de las grandes reformas impulsadas desde el Gobierno en 2020. Aunque fue muy celebrada y calificada de "histórica" por las formaciones políticas de izquierdas en el Congreso, a lo largo del año su funcionamiento ha mostrado algunos déficits y se han visto ciertas deficiencias en su capacidad para llegar de forma eficaz a los más vulnerables.

En la negociación de los Presupuestos el PSOE y Unidas Podemos acordaron buscar fórmulas para garantizar una mayor accesibilidad al ingreso mínimo. Ligados a la pandemia, también se lograron acuerdos para poner en marcha los denominados expedientes de regulación temporal de empleo (los denominados ERTES) o para prohibir los desahucios durante la primera ola de contagios y mientras siga vigente el estado de alarma (en principio, hasta mayo), así como la prohibición de los cortes de suministros básicos.

Todas estas medidas fueron fruto de intensas negociaciones que en muchas ocasiones llegaron a convertirse en conflictos enquistados entre el PSOE (sobre todo la denominada área económica, encabezada por los ministerios de Economía y Hacienda) y Unidas Podemos. Su resolución llegó después de semanas de conversaciones en las que los de Iglesias denunciaron la intención de los socialistas de no poner en marcha estas reformas, una práctica que los de Sánchez llegaron a calificar de "desleal" y sobre la que advirtieron que entrañaba riesgos para la imagen de unidad del Gobierno.

Algunos de estos desencuentros se mantienen vigentes en este momento. Este es el caso de la subida del salario mínimo interprofesional: pese a que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos defienden la necesidad de incrementar su cuantía, por lo menos en la misma proporción que el aumento de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones (un 0,9%), desde los ministerios de Hacienda y Economía, y desde la propia Presidencia se aboga por congelarlo, al menos de momento, tras la subida a 950 euros que se aprobó al inicio de la legislatura.

Tensiones y conflictos que dieron lugar a acuerdos

A finales de diciembre se optó finalmente por congelarlo y, aunque desde la parte socialista del Gobierno se aboga por abordar este asunto cuando la economía muestre síntomas de estabilidad, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz sigue insistiendo en mantener abierto el diálogo social para efectuar cuanto antes la subida (prueba de ello es la reunión que Trabajo mantuvo con los principales sindicatos y las patronales este viernes).

El 2021 se presenta, de momento, como una extensión del funcionamiento que ha permitido al Gobierno de coalición impulsar estas medidas en 2020, un modo de operar que va ligado a tensiones y conflictos entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo. En el calendario más próximo se vislumbran batallas como la derogación de la reforma laboral o la regulación de los precios de los alquileres.

Trabajo quiere poner en marcha la mesa de diálogo que abordará la reforma laboral en cuanto concluya la de plataformas digitales, en la que se debate la regulación de los denominados riders. En cuanto a la regulación de los alquileres, el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en su pacto presupuestario a contener las subidas injustificadas de los precios del alquiler en aquellas zonas declaradas tensionadas en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos