El Gobierno de Canarias sanciona con 600.000 euros a la promotora de Cuna del Alma por destruir yacimientos guanches

La Asociación Patrimonial Tegüico adelantó este viernes en sus redes sociales la resolución del Gobierno de Canarias contra la constructora del macroproyecto turístico de Cuna del Alma. La Dirección General de Patrimonio inició un expediente sancionador contra la empresa promotora por destruir yacimientos arqueológicos durante las obras. El valor de la sanción asciende a 600.000 euros. El Ejecutivo canario ha calificado los hechos de una "gravedad incontestable" y de "lamentable pérdida irreversible". Sin embargo, si la empresa reconoce la infracción y paga de forma voluntaria la multa podría reducir el 40% del importe.

La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Nona Perera, se reunió con Tegüico este jueves para informar de que se aplicaría la "sanción máxima estipulada por ley", según recogió la Asociación Patrimonial.

La resolución del área competente acordó iniciar un expediente sancionador por las infracciones cometidas sobre el patrimonio canario. La alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico, no haber adoptado las medidas de protección necesarias, no contar con el correspondiente informe favorable del Cabildo de Tenerife, ni con la supervisión de un arqueólogo a pie de obra, así como obviar las advertencias del informe arqueológico encargado por la propia empresa son algunos de las razones detrás de esta sanción.

El documento firmado el 31 de agosto, frente al que caben alegaciones en un plazo de 15 días, resuelve un oficio enviado por el Cabildo de Tenerife el 1 de junio, tal y como adelantó Canarias Ahora. La institución insular había paralizado entonces de forma cautelar las obras de Cuna del Alma, un proyecto que busca convertir en villas de lujo unos terrenos canarios y un barranco. Allí la presencia de asentamientos del periodo guanche y grabados rupestres hizo saltar las alarmas de unos aficionados a la arqueología.

Una denuncia que se inició por WhatsApp y con el trabajo de campo altruista de miembros de Tegüico es la misma que lleva ahora a una sanción que de confirmarse ascenderá a 600.000 euros. Desde la denuncia inicial, Tegüico pudo demostrar la presencia de esos asentamientos y la destrucción de parte de ellos por las obras de Cuna del Alma. El proyecto turístico que había empezado los trabajos de movimiento de tierra con maquinaria pesada fue paralizado y los técnicos especializados corroboraron la denuncia de Tegüico.

Ya en los informes del Cabildo, los técnicos clasificaron como "muy grave" la destrucción de los restos arqueológicos. Ahora aplica la mayor multa posible para infracciones de este tipo. Para cuantificar los daños, la ley recoge diferentes prismas: el grado de culpabilidad o intencionalidad, la continuidad o persistencia de la conducta infractora o la naturaleza del daño, entre otros.

La Dirección de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias resuelve que hubo intencionalidad en la destrucción del yacimiento, "ya que la empresa interesada llevó a cabo las obras sin el preceptivo informe del Cabildo de Tenerife", recoge el texto. Además, a la promotora le constaba la existencia de esos yacimientos ya que estaban recogidos en el documento arqueológico encargado por Segunda Casa Adeje S.L. a Arqueocanaria en mayo de 2019. En ese informe ya se recogía las zonas arqueológicas que "desaparecieron" a causa de las obras. De este modo, la entidad "no puede alegar desconocimiento de la existencia del yacimiento porque estaba recogido en el estudio".

La promotora de Cuna del Alma no solo tendrá que hacer frente a la sanción, pendiente de las alegaciones, sino que también tendrá que sufragar "el coste de las actuaciones que se deban realizar para proteger aquellos bienes pertenecientes a nuestro patrimonio cultural que hayan podido salvarse de la destrucción".

Obras iniciadas con dos informes desfavorables

Antes de la paralización de las obras, los técnicos comenzaron a revisar toda la documentación disponible del proyecto tras la presión ciudadana para frenarlo. El 18 de junio, tal y como adelantó esta redacción, se descubrió que las obras se habían iniciado con dos informes desfavorables en materia arqueológica emitidos por el organismo insular. Entre 2014 y 2017, el Cabildo de Tenerife descartó los informes presentados por la promotora. Nunca se recibió una subsanación. "A día de hoy no ha sido emitido el informe preceptivo del Cabildo de Tenerife", de acuerdo con la resolución firmada por la directora de Patrimonio.

Desde Cuna del Alma defienden desde entonces que la resolución del Cabildo no es necesaria en estos casos y que la competencia es del Ayuntamiento de Adeje y del Gobierno de Canarias. Ahora, la resolución del Gobierno de Canarias califica como "grave" los hechos. Pues además de la destrucción de un yacimiento, "se identifican dos grabados que no se encontraban recogidos en el Inventario Insular de Bienes Patrimoniales".

Otro de los puntos más polémicos es la empaquetadora de plátanos que se encuentra a pie de playa. Esta fue descrita en la memoria ambiental como causante de "estrangular" la playa. Sin embargo, tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias han reconocido el valor patrimonial industrial que tiene esa infraestructura por representar parte de la historia económica de las islas, el periodo en el que se dedicó a la exportación de plátanos y tomates.

Desde Cuna del Alma confirman que "han recibido la comunicación del inicio de un expediente sancionador, que deberá pasar todos los trámites y alegaciones correspondientes". Al mismo tiempo se defiende de la sanción, "en ningún caso, se puede considerar una sanción firme", defiende la empresa promotora.

Mientras tanto, desde Podemos Adeje piden la dimisión del concejal de Transición Ecológica, Manuel Luis Méndez, tras el expediente sancionador de Patrimonio al proyecto turístico. Desde la agrupación local señalan que el Ayuntamiento ha protagonizado durante los últimos años una cadena de "atropellos legales" que partió del escándalo del Monkey Beach por el que "parte del organismo municipal se encuentra investigado'', incluido el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga.