El Gobierno busca garantizar la seguridad jurídica de la ley de Memoria para que no la tumbe el Constitucional

El nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió dos semanas más de tiempo para llevar al Consejo de Ministros la ley de Memoria Democrática, aunque la intención de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, era haberla aprobado el martes, 13 de julio. Finalmente, será aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

Calvo, ya en un desayuno de Europa Press unos días antes, había anunciado que la ley estaba lista, que habían hecho el encaje jurídico necesario para cumplir las directrices que formuló el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin perder el espíritu de la ley, en lo referente a la ilegalización de fundaciones o asociaciones que promueva la apología del franquismo, así como el delito de exaltación de la dictadura, el fascismo o los totalitarismos.

La ex vicepresidenta ha buscado en todo momento una sólida seguridad jurídica y que la ley no fuese declarada inconstitucional, porque en el Ejecutivo se da por hecho que habrá recurso al alto tribunal por parte del Vox y, muy probablemente, del PP.

Bolaños, que también es jurista, quiso repasar hasta la última coma de las modificaciones introducidas por Calvo y ambos han estado en contacto para la redacción del texto final en esta materia. El acuerdo entre ambos ha posibilitado adelantar una semana su aprobación, ya que el resto de la ley es prácticamente igual que el anteproyecto que aprobó el Gobierno en septiembre de 2020.

Fuentes del Ejecutivo afirman que es esencial "la robustez jurídica" de la ley y que primero que pase el trámite de la suspensión cautelar de la misma que, probablemente, también pedirán los partidos que la recurran en cuanto se publique en el BOE.

El trámite de suspensión cautelar a una ley nunca lo suele conceder el Tribunal Constitucional en los recursos presentados por los grupos parlamentarios, pero el PP ya lo intentó tanto en la ley del aborto como en el recurso contra la ley de eutanasia, según fuentes consultadas.

El Gobierno considera que las recomendaciones del CGPJ son razonables

El Gobierno, además, cree que el informe que hizo el CGPJ "es bastante bueno y razonable para la ley" porque en el mismo se contempla que no se puede enaltecer ningún totalitarismo, ni dictadura, lo que se va a seguir manteniendo jurídicamente en la ley con las indicaciones que apunta el CGPJ.

Calvo, en uno de sus últimos actos como vicepresidenta dentro de la elaboración de la ponencia marco del PSOE, afirmó a este respecto: "La ley recupera todos los parámetros interdisciplinares de reflexión jurídica y de recomendación de todos los organismos internacionales acerca de cómo hay que hacer esto".

Lo que sí tiene asegurado el Gobierno es que la ley será aprobada ampliamente tanto en el Congreso como en el Senado y, aunque el PSOE quiere buscar el mayor consenso posible, fuentes socialistas aseguran que el debate será una gran oportunidad, "para que todo el mundo se retrate".