"Seguimos igual, en espera. No sabemos nada en concreto. Nos llamaron, pero les dijimos que si no era para decirnos qué día empiezan los trabajos no íbamos a ir; no para que se hicieran una foto, y menos con la pandemia". Pura Lapeña se cansa de esperar al día en que los restos de Antonio y Manuel Lapeña, su abuelo y su tío, sean exhumados del Valle de los Caídos, algo que sigue sin ocurrir a pesar de que el Juzgado número 2 de El Escorial lo ordenó en mayo de 2016, hace ya casi cinco años.

La historia de nunca empezar del rescate de los restos de los Lapeña, dos hermanos libertarios asesinados por los sublevados en el barranco de La Bartolina y en la tapia del cementerio de Calatayud (Zaragoza) en julio y octubre de 1936, resulta paradigmática de la gestión de las exhumaciones del mausoleo franquista que han venido realizando los distintos gobiernos desde la aprobación, hace ya casi tres lustros, de la Ley de Memoria de 2007: se declaran derechos cuya ejecución se ve una y otra vez retrasada por un kafkiano tinglado burocrático pese a que la apariencia es de impulso.

En esa situación de espera incierta se encuentran ya 54 familias a las que Patrimonio Nacional, propietario del complejo fúnebre en el que hasta octubre de 2019 estuvo enterrada la momia del dictador Francisco Franco, ha reconocido formalmente el derecho a exhumar los restos de sus allegados, según indica el Gobierno en su respuesta a una pregunta parlamentaria del senador de Compromís, Carles Mulet, que se había interesado por saber "qué medidas va a adoptar para hacer posible esta exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña Altabás para que sus familiares puedan recuperar sus restos mortales y darles una sepultura digna".

En su contestación, el ejecutivo asegura que "en la actualidad se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para la exhumación de manera global de las 54 personas enterradas", para lo que "Patrimonio Nacional, junto con la Secretaría General de Memoria Democrática, ha diseñado un plan de intervención en las criptas".

Un plan de tres fases sin fecha de inicio ni final

Ese plan incluye, además de "la elaboración de un expediente documental sobre la biografía de cada una de las personas reclamadas y las circunstancias por las que fue trasladado al Valle de los Caídos a partir de su inauguración en 1958", una intervención en tres fases.

La primera parte de esa hoja de ruta consistirá en habilitar el acceso a los columbarios en los que se encuentran los restos y asegurar "las estructuras arquitectónicas que lo requieran", mientras que la segunda se centrará en "la búsqueda y localización de los restos para proceder, en su caso, a los correspondientes análisis genéticos" en el Instituto Nacional de Toxicología.

La tercera, que contempla "el acondicionamiento de los columbarios aprovechando la oportunidad de esta investigación para mejorar las dependencias o instalaciones y las condiciones de conservación de los restos allí depositados", llegaría después del rescate de los restos de esas 54 personas.
Sin embargo, la respuesta no incluye ninguna fecha para el desarrollo de ninguna de esas tres fases, lo que, en la práctica, equivale a seguir dejando en el aire la materialización de esos 54 reconocimientos del derecho a la exhumación y el cumplimiento de la orden judicial en el caso de los Lapeña.

"Muchos morirán sin tener los restos de sus familiares"

Para Mulet, la no ejecución de las exhumaciones resulta sintomática de la gestión del Gobierno en temas de memoria histórica. "Se lo toman más de cara a la galería que con medidas efectivas, y en este caso no han actuado con digilencia", indica el senador, que recuerda cómo fueron rechazadas las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con las que su formación pretendía activar las exhumaciones.

"Eso demuestra que se han centrado en la propaganda mientras temas que requieren poca dotación económica siguen ahí", sostiene, al tiempo que plantea "¿cuánto costaron la escenificación de la salida de Franco del Valle de los Caídos y su retransmisión? Está claro que compartíamos la necesidad de exhumarlo, pero no la escenificación. ¿A cuánta gente se habría podido exhumar con ese dinero?".

Pura Lapeña lamenta el retraso en el rescate de los restos. "Ahora el valle es un sitio apartado en el que no hay ningún impedimento para trabajar", indica, mientras recuerda que, salvo que el proceso se acelere, "hay mucha gente, familiares de los enterrados allí, que se morirá sin tener los restos. Parece un tema intocable".