Pedro Sánchez y María Jesús Montero han salido juntos a la pista este miércoles. El primero, en el Instituto Cervantes. La segunda, en el Senado. El primero, motu proprio en la apertura del curso político. La segunda, obligada por la comparecencia promovida por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta. De forma simultánea —ambos han empezado sus respectivas tareas a media mañana—, han combinado la defensa con el ataque a la hora de dar cuentas sobre el pacto tributario en Catalunya. Les ha servido para apuntalar su entente cordiale con Esquerra Republicana, pero seguramente no para calmar las aguas entre los detractores.

Ambas comparecencias tienen dos dimensiones. En términos políticos, el control de daños le sale positivo al PSOE. Culmina el primer día clave de este septiembre demostrando una cierta unidad —no sin matiz— con ERC, una formación de la que dependen los socialistas tanto en Madrid, como en Catalunya. Pero si alguien esperaba que Sánchez o Montero aclararan el mar de dudas desencadenado tras el pacto que dio lugar a la investidura de Salvador Illa se habrá llevado un chasco.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda estaba invitada al Senado precisamente para arrojar luz sobre el pacto —como parte, eso sí, de una clara estrategia de desestabilización al Ejecutivo por parte del PP—, pero ha habido poco espacio en su exposición para argumentos distintos a los que ya se habían esgrimido. Si acaso, una idea distinta. "Nos encontramos ante una mirada nueva de la financiación", ha dicho Montero. Algo que viene a completar esa perspectiva que ya había expresado según la cual el acuerdo para la financiación singular catalana se sitúa en una zona gris: "No es ni un concierto ni una reforma al uso de la financiación".

Es algo que Junts per Catalunya ha aprovechado. "¿Pero es un concierto económico o no? ¿Catalunya sale del régimen común o no?", ha espetado, en su turno de intervención, Eduard Pujol. Regateo y contraataque de la ministra: "Si es un acuerdo bueno para Catalunya, ¿por qué no lo apoya? ¿Porque lo ha firmado otro partido político?". Pujol ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo no debería fiarse de una supuesta lealtad de Junts. "No formamos parte de ningún bloque", ha insistido el posconvergente. "Si esto es un kalimotxo fiscal, game over". 

Lo cierto es que fuera de la Cámara, la ministra ya ha descartado en varias ocasiones que se trate de un concierto, algo que contrasta con la postura que defiende Esquerra. 

Sin embargo, las distintas lecturas que socialistas y republicanos hacen del texto no han llevado a Montero y Sara Bailac, senadora de ERC, a un cuerpo a cuerpo en la Cámara Alta. Al contrario. Bailac ha calificado de "expolio" el trato fiscal a Catalunya por parte del Estado y ha insistido en que debe cumplirse la literalidad de todo lo acordado, con especial énfasis a que Catalunya "gestione, capte, liquide e inspeccione todos los impuestos". Ha evitado, en cambio, hablar de concierto económico, en un claro gesto a nivel de relato con el PSOE. La ministra, por su parte, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con cumplir "el 100% de lo acordado".

Montero ha defendido el pacto en base, sobre todo, a dos elementos: la apuesta por la solidaridad entre territorios y la culminación de un proceso de "normalización institucional en Catalunya". Con respecto al primero, ha insistido en que lo firmado con ERC pone la primera piedra para garantizar una mejor nivelación de los servicios públicos en todos los territorios. Pero si hay un principio, en cualquier caso, que sigue chirriando también dentro de la izquierda es el que tiene que ver con la confrontación —si la hay— entre solidaridad y ordinalidad. ¿Son compatibles? ¿Contradictorias? Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, insistió este martes en que, por el momento, es un asunto que está en el aire y que todavía hay que concretar, aunque PSOE y ERC coinciden en que se pueden conjugar ambos conceptos.

La defensa del acuerdo por parte de presidente del Gobierno y vicepresidenta han dado paso a un anuncio. El Ejecutivo se compromete a promover una reforma del régimen común con el que se aumentarán los recursos de todas las regiones. Se trata de un movimiento con el que amortiguar las críticas de los detractores del pacto con ERC —también de dentro del PSOE—, cuyo alcance será motivo de debate en las próximas semanas.

La vida sigue igual (también en cuanto a los Presupuestos)

Si la financiación autonómica —junto con la cuestión migratoria— es la principal línea argumental a estas alturas de la legislatura (no en vano, el actual modelo de financiación está caducado desde 2014), el telón de fondo, como antes del parón veraniego, son los Presupuestos. Sánchez, desde el instituto Cervantes, ha confirmado que su Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 10 de septiembre un nuevo techo de gasto. Montero, desde el Senado, ha animado a Junts a apoyarlos. 

Hoy por hoy, sacar adelante las cuentas públicas de 2025 es la labor más inmediata que tiene que acometer el Ejecutivo. Fuentes parlamentarias de Sumar deslizan que el PSOE les asegura que la intención es aprobarlas, sin vacilaciones, y que no se plantean la posibilidad de prorrogar las actuales. Ni los distintos partidos que integran el Grupo Plurinacional ni la mayoría de las formaciones del bloque de investidura contemplan un escenario distinto y vinculan la continuidad de la legislatura a que haya Presupuestos. Esquerra y Junts, por su parte, la relacionan directamente con el pacto fiscal. Entre los republicanos y el Gobierno hay entendimiento siempre y cuando el pacto avance por los cauces acordados. Si no, tal y como ha expresado Bailac, "habrá consecuencias".