El Gobierno aprueba hoy el Estatuto de la Víctima coincidiendo con la indignación del colectivo

El Consejo de Ministros dará luz verde previsiblemente este viernes al anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima que aumentará su protección a lo largo del proceso penal. La aprobación coincide con un momento de indignación de las víctimas del terrorismo por la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevará este texto a la mesa del Consejo de Ministros pocos días después de que las víctimas recibieran un jarro de agua fría con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenando la inmediata excarcelación de la sanguinaria etarra del comando Madrid Inés del Río, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos.

Las víctimas trasladaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su malestar por la decisión de Estrasburgo y convocaron una manifestación para el próximo domingo en Madrid bajo el lema Justicia para un final con vencedores y vencidos.

El Ministerio de Justicia subraya que la presentación del texto no tiene nada que ver con la publicación del fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos y explica que a lo largo de un año ha trabajado para que salga a la luz el redactado, según informaron fuentes de este departamento.

Fue hace un año, concretamente el 11 de octubre de 2012, cuando el ministro Gallardón llevó al Consejo de Ministros un informe del Estatuto de la Víctima que ampliaba sus derechos y ofrecía una mayor atención en el ámbito jurídico y social para reparar el daño sufrido y minimizar los efectos traumáticos que el delito pueda generar.

Justicia dice que llleva un año largo trabajando en el texto

Aquel informe permitía a las víctimas, incluidas las del terrorismo, recurrir decisiones de especial trascendencia que afecten a la ejecución de la pena de su agresor como la concesión de la libertad condicional si éste no ha afrontado su responsabilidad civil o existe peligro para el perjudicado.

Aunque mantenía la naturaleza estatal de la ejecución de las penas, facilitaba cauces de participación a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones o contra la libertad e indemnidad sexual castigados con más de cinco años de cárcel o cuando sean hechos que deriven en una situación de peligro para la víctima.

El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz adelantó hace unos días que el anteproyecto del Estatuto de la Víctima que se aprobará este viernes permitirá personarse en los procedimientos "para que puedan estar informadas y alegar lo que consideren oportuno en los cambios sustanciales en situación procesal de los condenados de los que son víctimas".

Otra de sus principales novedades radicaba en que las víctimas, aunque no estuvieran personadas en el procedimiento, puedan recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo en un plazo suficientemente amplio como para valorar si deben hacerlo y personarse en las actuaciones.

El informe también ampliaba los derechos de las víctimas para que pudieran tener acceso a información concreta sobre la causa, como la fecha y lugar del juicio, la notificación de las sentencias y de las resoluciones de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo soliciten y exista una situación de peligro que lo justifique.

Se abogaba por aumentar los servicios asistenciales, el asesoramiento legal, el acceso a medidas de protección y una vía de contacto para recibir información sobre el estado del asunto. Además, se sugería que dispusieran de servicios de traducción e interpretación gratuita para poder ejercer sus derechos.

Las víctimas, aunque no estén personadas en el procedimiento, podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo

Para evitar una segunda victimización, la propuesta aboga por evitar el contacto de las víctimas y sus familiares con los delincuentes y por adoptar medidas para hacerles más fácil los interrogatorios, como que puedan estar acompañadas.

En el caso de aquellas especialmente vulnerables como menores, discapactados, afectados de grandes catástrofes o perjudicados por delitos de naturaleza sexual, estarán acompañadas en los interrogatorios que se efectuarán en dependencias habilitadas con un profesional especializado.

El ministro Gallardón desveló entonces que el informe apostaba por reducir al "mínimo posible" el contacto con el agresor y prohibía grabar imágenes de la víctima durante el juicio sin su consentimiento para proteger su intimidad y su imagen. "Se podrá hacer un relato pero no divulgar imágenes", dijo.