El Gobierno acude a la Fiscalía ante la vulneración "grave" de derechos del nuevo protocolo canario sobre menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha remitido a la Fiscalía de Menores un informe sobre el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias respecto a los menores migrantes, al considerar que puede ser constitutivo de una vulneración "grave" de derechos fundamentales de la infancia.

Dicho protocolo, publicado este jueves por el Ejecutivo canario en su boletín oficial, señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.

Según el Ministerio, la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es "exclusiva" de la comunidad, independientemente de la situación en la que se encuentren.

El informe remitido a la Fiscalía de Menores señala que el protocolo "vulnera" el artículo 39.4 de la Constitución Española que establece que "los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos", han indicado fuentes del Ministerio.

Además, no atiende al interés superior del menor, reconocido en la Carta de Derechos del Niño y la legislación vinculada a los derechos de la infancia, y supone una violación de los derechos de los menores al estar limitando su protección en el territorio autonómico.

Igualmente, vulnera esos derechos al no realizar una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor y es contrario al Estatuto de Autonomía en la medida en que la comunidad no ejerce la competencia exclusiva en materia de protección de menores, señalan las fuentes.

"Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo", según el ministerio de Juventud e Infancia, que traslada su compromiso con los derechos de la infancia, la colaboración institucional y la solidaridad territorial.