El Gobierno acelera el fin de la dispersión contra presos de ETA con el respaldo de la mayoría del Congreso

Un Gobierno del PSOE instaló la dispersión carcelaria y, previsiblemente, otro Ejecutivo encabezado por ese partido pondrá fin a esa medida de excepción aplicada contra los presos de ETA. Según destaca el Foro Social Permanente en un informe publicado este lunes, durante el último trimestre de 2020 se aceleraron los acercamientos de internos a cárceles próximas al País Vasco. Es el principio del final.

En un documento ofrecido este lunes en el marco de una rueda de prensa realizada en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el Foro Social aporta "un análisis sobre los avances, bloqueos y retrocesos en que se encuentra el proceso de normalización política y social con el fin de alcanzar un marco de convivencia y paz" tras la desaparición de ETA.

El informe se ha conocido pocos días después de que el Gobierno propiciara el mayor acercamiento de presos de ETA de toda la legislatura: once reclusos fueron trasladados a prisiones ubicadas a distancias más cortas de Euskadi. Según datos de Interior, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 hubo 131 traslados de presos. No obstante, en la mayor parte de los casos se trató de movimientos a prisiones ubicadas fuera de Euskadi.

"Solo una minoría se encuentra en cárceles de Euskadi y Navarra, destinos que han correspondido a los clasificados en tercer grado y una decena de los clasificados en régimen ordinario o segundo grado. En estos traslados de 'acercamiento' se ha derivado a la mayoría de presos y presas afectadas a cárceles periféricas de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, siendo los destinos establecidos preferentemente los Centros Penitenciarios de las comunidades autónomas La Rioja, Cantabria, Asturias, Aragón y Castilla-León", apunta el Foro Social en su informe.

En tal sentido, destaca que a fecha de hoy, la mayoría del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) "todavía se encuentra cumpliendo condena en cárceles alejadas entre 600 y 1100 km y continúa clasificada en primer grado penitenciario".

Destaca precisamente que "aunque es evidente que para la familia es mejor que la persona presa cumpla condena en Villabona (a 385 kilómetros) que en Algeciras (a 1100 kilómetros), el debate actual se sitúa en la siguiente pregunta: ¿bajo qué criterios no se les puede acercar ya a las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra?".

El Foro Social recuerda que los primeros acercamientos del Gobierno de Sánchez se produjeron en setiembre de 2018. "La propia inestabilidad del Gobierno y el posterior bucle electoral que se dio hasta enero de 2020 pueden explicar en parte el ritmo lento en que se fue produciendo la primera fase de acercamientos, con un ritmo medio de dos por mes hasta enero de 2020", afirma. Detalla en tal sentido que "fueron 31 movimientos en 16 meses, concentrados entre septiembre 2018 a julio 2019 y desde julio a diciembre pasaron seis meses sin un solo movimiento". 

Tras la investidura de Sánchez en enero de 2020 y la posterior llegada de la pandemia se produjo "un parón prolongado". "Esta secuencia nos sitúa en el 19 de junio de 2020, fecha en la que se materializa el primero de los 'acercamientos' anunciados en abril, mayo y junio, manteniendo desde entonces un ritmo constante que se ha visto acelerado durante el último trimestre de 2020 a una media de 5-6 por semana", añade el documento.

En esa línea, sostiene que actualmente se puede "dar por superada la fase de inmovilismo que caracterizó al Gobierno de Mariano Rajoy", aunque también advierte que aún "no existe un plan explicitado públicamente por parte del Gobierno", de forma que "sigue sin abordarse la cuestión de la excarcelación de las personas gravemente enfermas y mayores de 70 años, el acercamiento sigue sin tener a las cárceles vascas como únicos destinos y se sigue haciendo una lectura errónea de la clasificación penitenciaria, obviándose que el segundo grado es el régimen de vida que la ley establece como modelo ordinario y no excepcional".

Consensos y lobbys

En esa línea, apela a los consensos políticos existentes en la actualidad en torno a la apuesta por una nueva política penitenciaria. Destaca que ese "consenso" supone el 92% del Parlamento Vasco, el 60% del Parlamento de Navarra y el 55% de la actual composición Congreso, donde existe esa mayoría a favor de "aplicar una política normalizada a las personas presas". "La consolidación de la actual mayoría política en el Estado Español puede y debe contribuir a la resolución de esta cuestión. Existen las mayorías y consensos transversales institucionales, políticos, sindicales y sociales suficientes para que estas cuestiones entren en una fase integral y definitiva de resolución".

No obstante, el Foro Social remarca que existe "un lobby de presión muy importante" que busca frenar esos cambios. "Un lobby que, movido por intereses diferentes, reúne a sectores políticos, policiales, mediáticos, sectores de víctimas de ETA organizadas y otros sectores instalados en Instituciones Penitenciarias, Fiscalía y la judicatura", subraya, al tiempo que encuadra "la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bateragune" en ese contexto. De hecho, apunta que los consensos que se registran actualmente en las instituciones deben ejercer de palanca y apoyo al Gobierno "frente a los sectores contrarios a dar solución a esta problemática".