La gerente del PP de Salamanca también se niega a declarar durante la investigación de la financiación ilegal del partido

Isabel González, gerente del PP en Salamanca, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar como investigada por la presunta financiación ilegal del partido, al igual que ya hiciera en el pasado mes de enero el presidente del Partido Popular en la provincia, Javier Iglesias.

González se ha presentado en los Juzgados de la plaza Colón -Iglesias en su día lo hizo por videoconferencia alegando una reacción a la vacuna de la covid-19- para anunciar que se abstiene de hacer ninguna declaración hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto contra su calificación como investigada, como ya hiciera también el presidente provincial.

Francisco Martín del Río, abogado de la acusación particular ejercida por Izquierda Unida-Los Verdes, ha reconocido tras los hechos que ya se esperaba esta 'artimaña' de los populares, "intentando meter documentos prefabricados en la Audiencia".

Este caso comenzó a investigarse en los tribunales en el año 2019 tras una denuncia ante la Fiscalía por incurrir en una posible financiación ilegal del partido en Castilla y León. En concreto, se denunciaba la gestión durante las primarias de los populares en esta comunidad autónoma que terminó ganando el ahora aspirante a presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La denuncia señalaba una especie de ‘impuesto revolucionario’ que los cargos públicos del partido en Salamanca reclamaban a sus afiliados. Así, un presunto dinero negro se entregaba en mano para cubrir las cuotas de los afiliados que no estaban al día de pago y que éstos pudieran de esta manera votar masivamente al actual líder autonómico.

Tras un primer archivo y una posterior reapertura, el pasado mes de noviembre el juez imputaba a los mencionados Javier Iglesias e Isabel González, así como al PP como ente jurídico.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha tratado de justificar los pagos en negro que se realizaron para cubrir los impagos de una parte de los militantes que no estaban al día en sus obligaciones con el partido diciendo que el político salmantino aportó en metálico 1.000 euros de cuotas impagadas. La declaración de Mañueco se presentó a la causa junto a la de otros 25 cargos del PP tras celebrarse las elecciones de Castilla y León.