La que era jefa de servicios territoriales de Enseñanza en Barcelona Comarcas, Montserrat Llovet cuando se celebró la consulta del 9-N, ha asegurado que no hubo represalias a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro educativo para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

A preguntas de la defensa en su declaración como testigo en la sesión del juicio de este martes, Llovet ha explicado que, tras esta negativa, consideró que lo mejor era que este centro no fuese sede del proceso participativo.

Llovet—ahora directora general de Secundaria Obligatoria y Bachillerato— ha admitido que se negó a darle por escrito a esta directora la orden de cesión de los centros y también ha explicado al tribunal que lo que le dijo esta directora es que quería llevar el escrito a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Esta alto cargo de la Conselleria de Enseñanza también ha admitido que se negó a responder por escrito a los directores de secundaria ante la petición de algunos de que así lo hiciera sobre el uso de los centros educativos para la consulta sobre la independencia.

Según ha explicado a preguntas del fiscal, no lo hizo porque no lo consideró "pertinente" y ha sostenido que era suficiente con decírselo de palabra en una reuniones mantenidas a mediados de octubre de 2014.

La consellera de Presidencia, Neus Munté, ha expresado la "solidaridad" del ejecutivo con los acusados por la consulta soberanista del 9N, Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, y ha rechazado que las movilizaciones frente al Palacio de Justicia, que apoyó el Govern, supongan una "presión" a la justicia.

La directora siguió dando órdenes tras la suspensión 

La directora del instituto de L'Hospitalet de Llobregat que se negó a ceder su centro para el 9N ha asegurado que, entre los días 6 y 7 de noviembre, recibió órdenes del Departamento de Enseñanza para que entregara las llaves cuando la consulta soberanista ya había sido suspendida.

La directora, Dolores A., que formó parte de la lista electoral de Ciudadanos en las últimas autonómicas, ha revelado este martes, en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la consulta del 9-N, que el día 7 de noviembre recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, a lo que ella se resistió.

Según ha relatado la directora en su declaración como testigo, el 6 de noviembre la llamó un responsable del Departamento de Enseñanza para pedirle las llaves de su centro, pero Dolores A. se negó a hacerlo mientras no recibiera una orden por escrito, a lo que el funcionario contestó que debía consultarlo.

Ese mismo día y también al día siguiente -7 de noviembre-, ha añadido la testigo, recibió otras llamadas telefónicas de Montserrat Llobet en que esta le insistía en que entregara las llaves del instituto, advirtiéndole de que era "la última que quedaba" por hacerlo. "Me sentía muy violenta, soy una persona con un elevado concepto de las jerarquías", ha relatado Dolores A., que insistió en pedir a Llobet una orden por escrito y se disculpó ante ésta alegando que su intención no era "desobedecer", a lo que, según su versión, la directora de Servicios Territoriales le contestó: "Pues lo parece".

La directora del IES Pedraforca de L'Hospitalet volvió a objetar entonces ante Llobet que tanto la Delegación del Gobierno como la Alta Inspección de Enseñanza habían advertido de la suspensión de la consulta, lo que la responsable de Enseñanza rebatió recordándole que ella no dependía de estas administraciones, sino de la Generalitat.

En una conversación posterior, ha explicado la testigo, Llobet le comunicó que, ante sus objeciones, estaba dispuesta a facilitarle una orden por escrito para que entregara las llaves, pero le pidió que aclarara si pensaba enseñársela a alguien. "Si tenía dudas sobre la legalidad de aquello, esto acabó de iluminarme", ha añadido la directora del IES de L'Hospitalet, que no tuvo reparos en reconocer ante la responsable de Enseñanza que tenía el propósito de enviar la orden escrita a la Alta Inspección y a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Tras esa conversación, en que Llobet afirmó que iba a realizar una "consulta", no volvió a recibir ninguna comunicación más del Departamento de Enseñanza ni nadie acudió a buscar las llaves de su instituto, que no fue punto de votación del 9N, según Dolores A.

Por su parte, el testigo Daniel R. Martínez, consejero delegado de Focus -la empresa que se encargó de montar la carpa en la Fira de Barcelona en la que Artur Mas y Joana Ortega comparecieron la noche del 9N para proclamar y valorar el resultado de la votación- ha afirmado que, pese a que el contrato aparece firmado el día 7, en realidad se acordó el día 3, antes de la suspensión.

Según este empresario, el contrato lo acordaron verbalmente y no lo firmó hasta el día 7 -cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional- porque fue entonces cuando se lo encontró en la mesa de su despacho, en un lapso de tiempo que considera "habitual".