La Generalitat descarta que el Gobierno pueda impugnar el nuevo 9-N

La Generalitat ha asegurado este martes que pondrá urnas el 9-N porque descarta que el Gobierno pueda impugnar en su totalidad un proceso participativo que no es un referéndum, mientras el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha rechazado hacer concesiones a quien convoca un "referendo ilegal". Generalitat y Gobierno prolongan así su pulso a cuenta de la nueva consulta, que será objeto de estudio del Consejo de Estado el jueves, con el fin de analizar si hay elementos de posible inconstitucionalidad para ser remitido al Consejo de Ministros que este viernes podría acordar su impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC).

Pero el Govern de Artur Mas, que no ha firmado ningún decreto para convocar el nuevo 9-N, rechaza que se pueda impugnar totalmente un proceso participativo basado en voluntarios (también los que son funcionarios) y en los principios de promoción de la participación ciudadana, que considera acordes con la Constitución y el Estatut.

Así, tras la reunión del gobierno catalán, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha indicado que "no se puede prohibir lo que no se hace", ahondando en que el 9-N no es un referendo, como dice el Gobierno central, sino un proceso de participación ciudadana. El conseller ha dicho que no se imagina que lo suspendan "absolutamente todo", lo que supondría, a su juicio, una actuación "irresponsable" con las dinámicas del "ordeno y mando". Preguntado por si habrán urnas el 9N, Homs ha subrayado: "Cómo no vamos a hacerlo, claro que habrá las urnas".

Por su parte, Rajoy se ha referido al asunto en la sesión de control al Gobierno del Senado al ser interpelado por el expresidente catalán José Montilla, quien le ha reprochado que deje pasar el tiempo confiando en que eso solucionará el problema. "¿Qué debo hacer ante quien convoca un referéndum ilegal? ¿Tengo que dar algo a cambio? ¿Tengo que hacerle alguna propuesta? ¿El pacto fiscal? ¿Qué le daría usted? Y no me hable del sistema federal porque no les conviene. Ya vale de hablar de eslóganes y palabras y vayamos al fondo del asunto", ha declarado Rajoy. El jefe del Gobierno ha negado que sea un "mero espectador" ante la situación en Cataluña, ya que se está moviendo de acuerdo con la ley, defendiendo el principio de soberanía nacional, al tiempo que ha manifestado su disposición a dialogar dentro de las normativas.

El PSC  ha advertido que sería un "error" impugnar el 9-N alternativoLos partidos soberanistas (ERC, ICV-EUiA y CUP), con los que el Govern ve ahora mayor sintonía, han exigido a Mas que mantenga el 9-N aunque haya suspensión, mientras que el PSC ha considerado que sería un "error" impugnar un proceso participativo sin efectos jurídicos. En el bloque soberanista, el portavoz adjunto de ERC, Pere Aragonès, ha indicado que su partido estaría dispuesto a votar favorablemente una prórroga de los Presupuestos de la Generalitat si el Govern se mantiene firme en la consulta del 9-N y Mas se compromete a convocar elecciones lo más pronto posible. El coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, por su parte, ha advertido de que "pueden intentar ilegalizar" el 9N, pero "no podrán frenar la movilización en sus diferentes expresiones". El diputado de la CUP Quim Arrufat ha pedido al Govern que "aguante" y que "llegue hasta el final" con el 9-N.

Por su lado, el portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha advertido que sería un "error" impugnar el 9-N, mientras que el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho que "respeta" la decisión del Gobierno de iniciar los trámites de la impugnación y que su partido "acatará lo que diga" el Consejo de Estado. Asimismo, el portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, ha acusado al Govern de querer "engañar y burlar" al Estado y se ha preguntado por qué el ejecutivo catalán no ha convocado formalmente el 9-N si está tan seguro de que es "correcto". La portavoz adjunta de Ciutadans en la Cámara catalana, Inés Arrimadas, ha precisado que lo que preocupa a su formación es que se ponga en "riesgo" a los funcionarios para un 9N que ha calificado de "acto de autoconsumo" para independentistas.