"Lo lógico es que al frente de la Policía haya, además del máximo responsable político, un profesional; un comisario principal con experiencia que pueda asesorar al director general sobre los límites y las necesidades de las operaciones policiales", explican fuentes de Interior a Público, tras examinar los cambios recién anunciados en la cúpula de las fuerzas de seguridad, que eliminan esa figura "profesional".

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una amplia remodelación de la cúpula del Ministerio del Interior que incluye la eliminación de las direcciones adjuntas operativas (DAO), tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Una medida que parece diseñada para limpiar la institución de la mala imagen que le dio el anterior DAO policial, Eugenio Pino, al organizar una brigada política que ejecutó montajes policiales contra los rivales del PP, tal como ha concluido la comisión de investigación del Congreso de los Diputados creada tras el escándalo de las cloacas de Interior desvelado por Público.

Pero al suprimir la figura del director adjunto operativo, lo que está haciendo el Gobierno es precisamente "politizar el control jerárquico de la Policía", interpretan esas mismas fuentes, porque "desaparece la figura de referencia profesional en la Policía y todo quedará en manos del director general que ponga el partido que haya ganado las elecciones".

"Eso tiene una consecuencia positiva y otra negativa", continúa dicha fuente policial que pide no ser identificada. "Si el director general es una persona competente, pues el cambio puede ser bueno. Pero si se elige a alguien que no domina los entresijos de las estructuras policiales, puede montar un caos organizativo en el que no se coordinen bien las diferentes jefaturas, unidades y brigadas".

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, Eugenio Pino incidió precisamente en que la estructura organizativa de los cuerpos policiales "no se puede comprender en un día ni en un mes".

Aunque la remodelación de la cúpula de Interior parece muy profunda, en realidad las cuatro nuevas jefaturas centrales –una de Información, Investigación y Ciberdelincuencia; otra de Seguridad Ciudadana y Coordinación, y las dos de intendencia: Recursos Humanos y Formación, y Logística e Innovación– replican las funciones que tenían antiguamente las comisarías generales. Así que el cambio organizativo no es tan importante como parece.

De lo que se trata es de que, "como ya no habrá DAO, los responsables de esas jefaturas centrales despacharán directamente con el director general" (Germán López Iglesias), "sin que exista un jefe intermedio, profesional, como era el DAO". En este caso, López Iglesias es ingeniero agrónomo de formación y sólo había tenido antes relación con los mandos y organismos policiales en su función de delegado del Gobierno en Extremadura, del 2012 al 2015, porque la mayor parte de su carrera política la ha hecho como concejal o como diputado.

En cualquier caso, el cambio de estructura supone una politización, porque el ministro tiene un control político directo sobre esas cuatro jefaturas centrales, tanto a través de su secretario de Estado como del director general, que también es un cargo político. Y la gran novedad es que entre los comisarios principales al mando de las jefaturas centrales habrá un jefe mucho más poderoso que los otros tres: el que dirija la de Información e Investigación, puesto que también controlará la Policía Judicial, la Policía Científica, Extranjería y Fronteras... y probablemente la Unidad de Asuntos Internos, que vigila a todos los cuerpos policiales.

El cargo de DAO de la Guardia Civil (actualmente Pablo Martín Alonso) también desaparece y ahora del director general (José Manuel Holgado Merino) dependerán los mandos de Operaciones Territoriales; Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Personal y Formación; y Apoyo e Innovación.

Todo indica que el coronel Manuel Sánchez Corví seguirá al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha intervenido en la mayor parte de los últimos casos de corrupción. La lucha contra el terrorismo seguirá bajo control directo de la Secretaría de Estado de Seguridad, que actualmente ocupa José Antonio Nieto, aunque se nombrarán también sendos coordinadores antiterroristas en Policía y Guardia Civil.

Así que los cambios no son tan decisivos como se pretende, al enmarcarlos en una gran estrategia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para "dar respuesta a nuevos retos en materia de seguridad, como la amenaza del terrorismo yihadista y el cibercrimen". Lo que sí llama la atención es que se hayan decidido tan en secreto que no han sido consultados (ni informados) los actuales DAO, ni mucho menos los sindicatos y asociaciones policiales y de guardias civiles, provocando airadas protestas de que fueron acometidos "con nocturnidad y alevosía".

Algunos mandos policiales incluso han acusado a Zoido de actuar con "bajeza moral" por hacerlo "a espaldas de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional".

Y la pregunta que surge de inmediato es: ¿era necesario tanto sigilo y secretismo para liquidar el cargo de director adjunto operativo?