Freno a la extrema derecha en el Congreso: la regularización de 500.000 migrantes sigue su tramitación

La tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a 500.000 personas migrantes sigue su curso en el Congreso. Este martes, la Cámara ha rechazado una enmienda a la totalidad de Vox que buscaba frenar la medida. Era lo esperado, pero ni Partido Popular (PP) ni Junts per Catalunya habían confirmado el sentido de su voto. Finalmente, ambos han sido coherentes con su apoyo a la toma en consideración de abril y han rechazado el intento de bloqueo de Vox.

La enmienda ha decaído con 315 votos en contra y solo 33 votos a favor, los del partido que dirige Santiago Abascal.

La iniciativa, que impulsó la Plataforma Esenciales, fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso y tomada en consideración en un Pleno, tiene por objetivo regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas migrantes que "viven y trabajan" en España. 

Los promotores de la propuesta defienden su conveniencia desde dos perspectivas distintas. Una, la dignificación de las vidas de los potenciales beneficiarios. Otra, el afloramiento de la economía sumergida que comportará su eventual aprobación definitiva.

En 2004, el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero ya llevó a cabo una regularización semejante a la que tramita en estos momentos la Cámara Baja y se calcula que aportó al Estado unos 2.300 millones de euros.

Frenazo a la enmienda de Vox

Con la enmienda a la totalidad de Vox que ha rechazado la mayoría de la Cámara este jueves, la formación de extrema derecha ha tratado de frenar la iniciativa por completo. En vez de regularizar a esas 500.000 personas, según los cálculos de los promotores de la ILP, proponía que "los extranjeros que hayan accedido de forma ilegal al territorio español" no puedan obtener papeles "en ningún caso".

Además, también propone que se expulse a aquellos migrantes "legales", según el término que ellos mismos utilizan, en caso de que cometan delitos (dentro o fuera de España) y a pesar de que sean sancionados con una pena de cárcel inferior a un año.

En cualquier caso, la enmienda no ha prosperado y la iniciativa continúa adelante. El siguiente paso serán las enmiendas parciales ―o al articulado― que varios grupos (Partido Popular, Vox o Partido Socialista) ya han anunciado que presentarán.