El pasado 24 de mayo, tuvo lugar en Barcelona un acto público en memoria de Yolanda González, la joven dirigente estudiantil que fue asesinada por un comando fascista de Fuerza Nueva en 1980, y cuyo asesino, Emilio Hellín, trabaja como asesor y perito informático para las fuerzas de seguridad del Estado, según publicó El País. Uno de los intervinientes en la reunión, fue el ex fiscal anticorrupción de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935), que se siente muy cercano a este caso y asesora a los hermanos de Yolanda.

"Acabo de estudiar [se refiere Virallejo al ensayo que escribió junto al magistrado Antonio Doñate recientemente publicado Jueces, pero no parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial] cómo el franquismo sigue presente, de muchas maneras, en la sociedad española, en las instituciones llamadas democráticas, y particularmente en la magistratura. Que una persona condenada en su día por un asesinato gravísimo, aparte de otros delitos con múltiples agravantes, y que además cumplió la pena en unas condiciones muy favorables por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ninguno de los jueces que favorecieron su fuga fuera sancionado penalmente, pese haber estado huido durante tres años y siete meses en Paraguay al servicio de la dictadura militar de Alfredo Stroessner... en fin, que todo eso ocurra, y que volvamos a reunirnos para hablar de esto demuestra que hay una auténtica pervivencia de valores autoritarios, propios del sistema totalitario franquista en ciertos sectores de la magistratura, aunque no hay que generalizar, porque hay jueces de muchas clases".

Emilio Hellín cambió su nombre de pila por el de Luis Enrique y desde su empresa, News Technology Forensics, ha trabajado desde 2006 como asesor de criminalística de la Guardia Civil y dando cursos de rastreo informático y espionaje electrónico a la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.

¿Un crimen de Estado?

Además de los autores materiales del asesinato, Hellín y Velázquez, fueron colaboradores necesarios y condenados por ello Félix Pérez Ajero, José Ricardo Prieto, David Martínez Loza, ex guardia civil y Jefe Nacional de Seguridad del partido de Blas Piñar, Fuerza Nueva.

Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión, aunque el código penal contemplaba los 30 años como pena máxima, sólo cumplió 14 años de cárcel, protagonizando dos intentos de fuga y la evasión citada a Paraguay, tras un permiso penitenciario. Cuando cometió el crimen, Hellín se refugió en casa de un policía de Vitoria, y las sospechas de las vinculaciones del ultra con la policía y el ejército eran más que evidentes. En sus intentos de fuga, recibió armas y la Brigada Anticorrupción de la Policía investigó a varios funcionarios de la comisaría del distrito de Ventas, de Madrid, por facilitar cartulinas originales para falsificar el carné de identidad que Hellín utilizó para huir a Paraguay. Las armas utilizadas en el asesinato y los sofisticados aparatos de escucha que utilizaba esta banda criminal hacen pensar en las implicaciones de los aparatos del Estado, pese a ello ninguna investigación ni responsabilidad política fue depurada.

"No se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714"

Jiménez Villarejo considera que éste es uno de los problemas que tenemos pendientes de resolver y que se expresa de muchas maneras: "Todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público contra centenares de miles de españoles, republicanos, demócratas, etc., condenados injusta e ilegalmente, siguen sin ser anuladas porque el Tribunal Supremo se niega a hacerlo. Esto es una muestra del reconocimiento de la validez de la represión franquista por parte de la justicia española actual".

"Luego hay unos datos que aparecen dispersos en los medios", sigue Jiménez Villarejo. "Por ejemplo, el día 25 de junio está citado a declarar como imputado un periodista por haber hecho unas manifestaciones sobre la Falange Española de las JONS, y la vinculación de ese partido único de la dictadura con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Un juez le ha abierto una causa a ese periodista [Gerardo Rivas, de elplural.com] por injurias graves a la Falange. ¿Cómo a estas alturas un juez de instrucción de España puede considerar injurias el hablar de los crímenes cometidos por la sublevación militar del general Franco, y dictador después, y la Falange que eran parte del aparato represor del franquismo?", se pregunta el ex fiscal. "Con los favores y complicidades que ha habido con Emilio Hellín, que aparte de hacerle cumplir una pena lo más corta posible y en las mejores condiciones posibles, y después de una manipulación para ocultar su identidad que podía ser conocida, parece incomprensible que fuera contratado, con dinero público, por los servicios policiales de los gobiernos democráticos", insiste Jiménez Villarejo, que cree que el gobierno debe contestar a la proposición no de ley que han formulado los grupos parlamentarios [PSOE, CiU, Izquierda Plural y EAJ-PNV] a propuesta de los familiares".

Sobre la querella argentina contra los Crímenes del Franquismo, Villarejo opina que, hasta ahora, el Ministerio de Justicia, que tramita las comisiones rogatorias que tienen que atravesar primero el ámbito gubernamental y luego pasar al ámbito judicial, "ha puesto toda clase de dificultades y obstáculos para que se practiquen diligencias". "Como las que se iban a practicar hace un mes [se refiere a las videoconferencias en el consulado de Argentina] y que no se pudieron practicar por unos supuestos problemas técnicos que yo creo que eran políticos. El gobierno español se opone frontalmente a que se investiguen aquí los crímenes del franquismo. Tengo mis reservas que todo eso llegue a buen puerto, pero ojalá que se consiga superar esos obstáculos por la justicia argentina".

"La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo"

Desde distinto frentes, la iniciativa de Justicia Universal que están haciendo patente los más de 300 querellantes, es atacada con la consabida cantinela de que no es bueno abrir viejas heridas y que los problemas de la sociedad española hoy son otros: "Los problemas de la sociedad son muchos, entre ellos éste. Hay problemas que vienen del pasado y que persisten, y siguen siendo problemas, porque no se han afrontado en su momento y siguen presentes. Si hay más de cien mil desaparecidos distribuidos por las tierras de España, y de Catalunya también, y nadie ha hecho nada, ni siquiera la justicia, para conocer e identificar esos restos y darles un entierro digno como merecen y exigen la convenciones internacionales, pues eso es una asignatura pendiente. Un monje de Montserrat que ha estudiado el nacionalcatolicismo del franquismo, Hilario Raguer, dijo: 'No se pueden cerrar en falso las heridas infectadas'. Esto no es una herida cualquiera, es una herida que afecta a una parte muy importante de la sociedad española, y no se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714, por ejemplo".

Jiménez Villarejo denuncia la "corrupción generalizada del sistema político que, con sus 500 casos abiertos, está colapsando los juzgados españoles" y las acusaciones de nazismo que algunos lanzan sobre ciudadanos que ejercen el derecho a manifestación. "Eso no es admisible bajo ningún concepto, responde al estado de crispación en que vivimos, esos términos hay que aplicárselos a quien corresponda", afirma. "La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo. En estos días están declarando numerosos Mossos d'Esquadra, ya veremos en qué queda, no lo sé, pero de entrada han sido llamados a declarar como imputados, cosa la que Infanta no ha podido hacer, por ejemplo. Los daños causados por el uso de material antidisturbios tan violento son muy graves. Son formas de represión que rememoran a las formas de represión franquista, salvando las distancias".