El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha rechazado este viernes por segunda vez la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn al entender que existe riesgo de reiteración delictiva aunque haya renunciado al acta de diputado que obtuvo en las pasadas elecciones del 21 de diciembre. Llarena mantiene a Forn  con argumentos que se refieren directamente a su ideología.

En su resolución, Llarena sostiene que persiste el riesgo de reiteración delictiva por "la incertidumbre que existe que la voluntad política mayoritaria [en Catalunya] sea respetar el orden legal para alcanzar la aspiración de independencia que aún hoy comparte el investigado".

El juez del Supremo aún añade más consideraciones sobre la ideología de Forn: explica que el consejero cesado "en expresión de su legítima libertad ideológica, mantiene lógicamente su ideario soberanista", "constitucionalmente válido", que hace que mantenga la posibilidad de reiteración delictiva que "resultaría absurda" si tuviese una ideología contraria.

Además, el auto del magistrado señala que la ideología del exconseller coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Catalunya. "Esta última actitud es la que sostiene quien otorgó en su día la confianza al señor Forn para que fuera Consejero de Interior, y que encabezó la lista electoral en la que el investigado decidió integrarse hace escasas semanas", prosigue el texto en alusión a Carles Puigdemont.

De ese modo, el magistrado desestima el recurso de Forn, que ingresó el pasado 2 de noviembre en la cárcel de Estremera (Madrid) donde comparte celda con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien también le denegó una vez la puesta en libertad.

Forn declaró ante el juez el pasado 11 de enero que si el nuevo Govern insistiera en la vía unilateral él "se bajaría del barco" y asumió la legalidad constitucional española; hace unos días renunció a su escaño "por motivos personales" para facilitar su defensa jurídica y su salida de prisión.

Pero el juez rechaza su puesta en libertad por el riesgo de reiteración delictiva y por "la todavía cercana determinación con la que el investigado condujo su grave actuación delictiva", aun cuando sus aportaciones tengan que ser necesariamente ajenas a la actividad parlamentaria a la que ha renunciado.

Llarena  considera que, desde su posición como consejero de Interior, "aportó a la consecución de la segregación territorial" al supervisar un dispositivo policial del referéndum del 1 de octubre que el magistrado cuestiona por su "transgresión", ya que se ideó teniendo en cuenta el "eventual abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal".

El juez del Supremo entiende que la participación de Forn fue clave para la "inhibición" de los Mossos durante el 1-O, "logrando que la inactividad policial supusiera perder el último recurso con que cuenta el Estado para la aplicación forzosa del orden jurídico en una Comunidad Autónoma en la que las competencias de orden público están transferidas". El objetivo, dice, era "forzar al Estado a aceptar la independencia".

Llarena considera que hasta la fecha, la instrucción confirma la eventual responsabilidad del exconseller en la inacción de los Mossos d'Esquadra ante la convocatoria del referéndum del 1-O y para ello se apoya en la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador de Mossos, Policía y Guardia Civil ante el 1-O. Este último aseguró ayer que la policía autonómica catalana fue cómplice del Govern en la celebración de la convocatoria ilegal.

Llarena señala que  ha tenido en cuenta las declaraciones como testigos de los exconsejeros cesados por el expresidente Carles Puigdemont, Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget; la del exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle; y la del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que han tenido lugar esta semana en el Supremo.

Al respecto, el magistrado subraya que hasta lo que se lleva instruido se ha podido confirmar la eventual responsabilidad del exconsejero del Interior en la "inacción de los 17.000 agentes armados" de la policía autonómica que estaban a su cargo ante la convocatoria del referéndum del pasado 1 de octubre, "impidiendo que estos hombres y mujeres cumplieran con su obligación básica de observancia de la ley". Lo hizo, continúa el auto, "asumiendo que su aportación estaba directamente vinculada a favorecer un estallido social y tolerar un contexto de reacción violenta que amenazó con expandirse".