La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un escrito en el que pide dar carpetazo a la querella por prevaricación presentada contra Manuel Moix, exjefe de Anticorrupción, quien en 2007 no investigó una denuncia presentada por una plataforma de vecinos contra la construcción de un campo de golf en un parque del Canal de Isabel II situado en Madrid y que salpicaba al líder de la trama de Lezo, el expresidente de Madrid Ignacio González, cuya familia fue adjudicada para la construcción del campo.

Ignacio González se encuentra ahora en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril, después de que fuera detenido por orden de la Audiencia Nacional como supuesto líder de Lezo. Y el Canal de Isabel II es el epicentro de esta supuesta organización criminal que se investiga en este órgano judicial, con ramificaciones en Latinoamérica y en paraísos fiscales.

Los vecinos denunciaron el cambio de zona verde a campo de golf de gestión privada que el Canal hizo en el año 2007 en el parque público. Pero Manuel Moix, que era jefe de la Fiscalía de Madrid, optó por archivarla. Ahora, esa operación es investigada en la Audiencia Nacional.

Diez años después, estalló el caso Lezo, cuando Moix fue nombrado jefe de Anticorrupción, cargo en el que duró poco más de dos meses debido a su enfrentamiento con los fiscales que luchan contra la corrupción, y en especial con los del caso Lezo. Dimitió después de que se publicara que era accionista de una sociedad off shore en Panamá, que es propietaria del chalet que heredó de sus padres.

En pleno escándalo, se presentó una querella contra Moix por haber archivado la denuncia de la plataforma de vecinos cuando era fiscal de Madrid. Se da la circunstancia de que el querellado es fiscal en el Tribunal Supremo.
Ahora, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha presentado un informe en el que pide el archivo de la querella que presentó contra Moix ante el alto tribunal la asociación Contratrama.

En su informe, de 8 páginas, Navajas rechaza la existencia de los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento en la conducta de su compañero en la Fiscalía del Supremo. Por ello, pide a la Sala de lo Penal que proceda "al archivo de las actuaciones al no revestir los hechos el carácter de delito".

En una providencia con fecha de este martes, la Sala de lo Penal remite este informe al magistrado ponente de las actuaciones, Francisco Monterde, para que resuelva si deben acordarse diligencias para empezar a investigar los hechos o bien se archivan, tal y como solicita el Ministerio Público.

Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en el lugar se construyera el denominado "tercer depósito", un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.

Para ello, Ignacio González anuló la declaración de interés general del proyecto inicial. Además, se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.

En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación.

En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias mediante sendos escritos firmados por él mismo, mientras que sobre la querella la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite.

Según la asociación denunciante, el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Lezo.

En su informe, el teniente fiscal del Supremo considera que Moix no cometió un delito de prevaricación de funcionario público porque no actuó “a sabiendas” ni con arbitrariedad, tal y como exige el tipo penal.

El entonces fiscal de Madrid se limitó a recibir la denuncia del 8 de mayo de 2007. “Tras valorar la completa ausencia de un soporte probatorio, siquiera sea indiciario”, acordó su archivo de acuerdo con la normativa vigente, expone Navajas.

Moix, según el informe, motivó el archivo de la denuncia de los vecinos. La plataforma denuncaba que Ignacio González no se había abstenido durante las reuniones del Consejo del Canal de Isabel II donde se adjudicó la explotación de las instalaciones deportivas a la empresa de sus familiares. La razón es que no sustentaron dicha afirmación en documentación de ningún tipo.

Las otras denuncias no fueron rechazas ya por Moix, sino por su teniente fiscal en Madrid Carlos Ruiz de Alegría y fueron “debidamente motivadas”, expone el fiscal Navajas en su escrito.