La Fiscalía pide 5 años de cárcel para 20 participantes en el escrache al Parlament

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha descolgado con una petición de cinco años y medio de cárcel para 20 manifestantes que participaron en el asedio al Parlament de Catalunya que se produjo el 15 de junio de 2011, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara.

En un escrito de acusación presentado este viernes, la fiscal Teresa Sandoval atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno de ellos se les imponga además una multa de 7.500 euros. 

El Ministerio Público destaca que los diputados --entre los que se encontraba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al recinto a través del "método absolutamente inhabitual" del helicóptero-- fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".

Tras señalar que los 20 acusados tuvieron "una activa intervención" en estos hechos, la fiscal apunta que todos ellos desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la sesión plenaria", que se inició con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.

Los acusados son Javier O. de V., Cristóbal A. B., Daniele V., Rubén M. M., Marta P.M., Alejandra C. B., Francisco José C. G., Alessia B., Antoni D.G., Jordi R. P., Javier V. M., María D. G., Ignacio A. I., Joan P. T., Ángela B. A., Ciro M. R., Álvaro C. S., Olga Á.J., Carlos M. D. y José María V. M.

A este último también se le imputa una falta de daños por perseguir a la parlamentaria socialista Montserrat Tura y utilizar un spray para pintarle una cruz en la gabardina que llevaba.

Entre los hechos que describe la Fiscalía en su escrito de acusación se encuentra el acoso al que fue sometido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía cuando era trasladado a la sede del 'Parlament'. Uno de los imputados encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, se subió al mismo y empezó a golpearlo.

Unos metros más adelante, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de "abrir la puerta del coche", lo que "no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado". Al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un lugar seguro para posteriormente trasladar al presidente catalán "por la vía aérea descrita", que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.

De igual modo, los manifestantes "increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos" al diputado invidente de CiU Josep María Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" al independentista Alfons López Tena. También sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de obra, como vallas, hormigón, cuerdas y maderas, en las puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados. 

Ante la "concentración masiva" de personas y el "bloqueo" de los accesod al Parque de la Ciudadela, los diputados accedieron por la calle Pujades, en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".

El juez Eloy Velasco continuó en abril pasado con este procedimiento tras dictar en un auto en el que señalaba que "delitos menores e incluso de faltas", como los atribuidos a los imputados, se convierten en "graves" si existe un componente de "intimidación ambiental".

Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre pasado que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlamento autonómico debe considerarse una institución del Estado.