La Fiscalía de Madrid ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción 42 que aclare las razones por las que ha decidido llamar a declarar en calidad de testigo a la exsenadora de Podemos Celia Cánovas en la causa que investiga el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

La representante del Ministerio Público se ha adherido parcialmente al recurso de reforma interpuesto por Podemos para solicitar al juez Juan José Escalonilla que "complete el auto especificando a cuál de los hechos objeto de investigación" se refiere y "respecto de los cuales debe ser oída Celia Cánovas como testigo". 

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado para el próximo jueves a la exsenadora de En Comú Podem por Tarragona al considerar que tiene un "conocimiento directo" sobre "los hechos investigados". El juez acordó la citación a petición de Vox, una de las acusaciones populares. Esta solicitud fue recurrida por Podemos, que considera que la "finalidad original" del partido de Santiago Abascal sería buscar nuevas líneas de investigación para "seguir engordando la causa". 

La exsenadora también ejerce de acusación particular en la causa después de que se admitiera su personación en el procedimiento. Cánovas denuncia que la formación 'morada' habría malversado fondos y usado las donaciones de los cargos públicos para encubrir "una operación de blanqueo". 

Por otro lado, el juez Escalonilla ha concluido que no hay ningún indicio racional para investigar la empresa propiedad de una trabajadora del Ministerio de Igualdad, como había solicitado la asociación de abogados ProLege, la otra acusación popular. Señala que el escrito presentado por la acusación "no deja de ser una mera hipótesis o sospecha sin indicio racional alguno que lo sustente". 

Recuerda Escalonilla que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos publicados". ProLege había solicitado al juzgado que se investigara si parte de los 363.000 euros que Podemos pagó a Neurona Comunidad durante la campaña de las elecciones generales del 2019 regresó a las arcas de la formación a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero.