El fiscal ha dirigido un escrito a la jueza que investiga supuestas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia donde vuelve a pedir el archivo de la causa al no observar delito alguno o en su caso estar prescritos, y expone que "decir que no iba a costar un euro no es delito".

El fiscal anticorrupción recurre así el escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, Carmen García Mingo, en el que rechazaba el citado sobreseimiento y calificaba de "poco seria" la actuación de la fiscalía en la causa contra el expresident Francisco Camps y otros ex altos cargos.

En un escrito que se conoció el pasado jueves, la jueza rechazó la tesis de la prescripción y acusó a varios responsables de la Fiscalía de haber hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para que avanzasen en la instrucción de la causa, así como de haber seguido adelante con una querella contra doce personas sin pedir antes determinados informes.

Ahora, el fiscal insiste, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, en que no existe indicio alguno de que Camps instase las contrataciones necesarias para la construcción del circuito "con abuso de poder o amparadas en el uso ilegítimo del mismo" (prevaricación) ni tampoco de que pudiese haber incurrido en malversación, mucho menos en su modalidad agravada, que sería la única que impediría la prescripción.

"Decir que el circuito costó 85 millones de euros y que dijo el presidente que no iba a costar un euro (...) no integra ningún delito, como tampoco que la construcción del circuito haya supuesto un coste para las arcas de la Generalitat, pues lo que integra el tipo (malversación) es apropiarse o consentir que otro se apropie de los efectos y caudales, y es público y notorio que el circuito se realizó y que los grandes premios se celebraron", añade el fiscal.

A juicio del Ministerio Público, la instructora "no da debida respuesta a una cuestión nuclear, y que debe ser apreciada de oficio en cualquier estado de la causa", como es la prescripción de parte de los hechos que son objeto de la investigación.

En este sentido, menciona "la sobrecarga de juzgados y tribunales y el coste humano y para el erario público de proseguir con procedimientos penales cuando los hechos indiciariamente delictivos están prescritos".

El fiscal recuerda que la investigación quedó ceñida a tres contratos adjudicados a la UTE Typsa-Ayesa por parte de la Generalitat y al testimonio de un trabajador de una de estas firmas, que dijo que había trabajado en el proyecto antes de su adjudicación.