Tarjetas blackLa Fiscalía descarta solicitar prisión incondicional para Blesa y Rato

El fiscal que ha ejercido las acusación en el juicio de las tarjetas black, en el que han sido condenados los 65 consejeros de Caja Madrid y Bankia, entre los que destacan las condenas a Miguel Blesa, condenado a seis años de prisión, y a Rodrigo Rato, condenando a cuatro y medio, descarta pedir prisión incondicional para los acusados, según adelanta la cadena Ser.

Según esta información, el fiscal anticorrupción que lleva el caso, Alejandro Luzón, se conforma con la prisión eludible bajo fianza para Miguel Blesa y Rodrigo Rato. El fiscal aduce que no existe riesgo de fuga en ninguno de los dos casos, debido al fuerte arraigo que tienen los dos en España.

La Ser cuenta que el fiscal decidirá si reclama la vistilla de medidas cautelares tras consultarlo con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. La prisión preventiva tras una condena en primera instancia es una medida excepcional que atenta contra las libertades personales, argumentan las fuentes jurídicas consultadas por la Ser.

Esa vistilla de medidas cautelares, sin embargo, ya ha sido solicitado al tribunal por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en la causa.

En un escrito de 8 páginas la CIC señala que, si no es decretada la prisión de Blesa y Rato, el tribunal podría adoptar otra serie de medidas contra los ex banqueros como "prisión eludible bajo la fianza que estime oportuna esta Sala, o bien la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencia periódica ante las autoridades que se determinen".

La acusación particular sí cree que existe riesgo de fuga y añade que el tribunal debe también tener en cuenta la "elevada previsión de responsabilidad pecuniaria derivada de los delitos objeto de condena".

"Debe recordarse el avanzado estado de las piezas y procedimientos anteriores —uno de ellos en fase previa a la apertura de juicio oral— que determinan una razonable previsión de no lejanía temporal en cuanto a su finalización y que inciden en el riesgo de fuga de los condenados", señala la acusación popular al respecto.