El fiscal Subirán denuncia en el juicio el "acoso, acecho y derribo" de antiguos compañeros de Anticorrupción

El fiscal jubilado Miguel Ángel Subirán ha arrancado su declaración en el juicio este viernes con una aclaración dirigida al fiscal del juicio, Tomás Herranz: "En su alegato final del caso Cursach dijo que yo dejé de perseguir un cohecho impropio porque mantenía con uno de los policías una relación íntima, sentimental, especial". 

"Este policía y su hermano-- ha proseguido Subirán-- han pedido licencia para querellarse por calumnias. Tiene pareja y tres hijas. Yo, por no entorpecer la marcha de lo que hoy estaba ocurriendo aquí no he movido ficha, pero, por supuesto, que la moveré. He sido tremendamente calumniado e injuriado. No sé por qué habiendo tantísimos fiscales en España, este acoso, acecho y derribo". 

La Fiscalía pide 122 años para este fiscal por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la Justicia, detenciones ilegales y coacciones a testigos durante la instrucción del caso Cursach y sus derivadas, en las que participó otro fiscal, que no está sentado en el banquillo, Juan Carrau. Al contrario, Carrau, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción en Balears, no solo se ha librado del proceso sino que armó la acusación contra su antiguo compañero y amigo también, por cierto. 

"Voy a contestar a la Fiscalía, pero no a este fiscal"

"No teníamos ninguna inclinación directa a fastidiarle la vida a nadie", ha afirmado Subirán, que se ha negado a responder a las preguntas del fiscal Herranz, el mismo que retiró, junto con Carrau, las acusaciones contra el magnate Cursach y el resto de los acusados. "Voy a contestar a la Fiscalía, pero no voy a contestar a este fiscal", ha afirmado. 

Herranz se ha negado a ceder el interrogatorio a su compañero de la Fiscalía que le acompaña en el juicio. 

Ha incidido en que el fiscal que llevó el caso ORA, sobre la adjudicación del Ayuntamiento de Palma para las máquina del aparcamiento, fue el fiscal Carrau: "Yo no soy el fiscal del caso ORA, y así lo reconoce el jefe de la Fiscalía Especial, Alejandro Luzón". Sobre esta pieza se está juzgando si las detenciones que se realizaron fueron justificadas. 

"Yo no fui el fiscal del caso ORA, fue Carrau"

"Contra Gijón y Rodríguez no teníamos nada en contra", ha señalado. Álvaro Gijón, concejal y diputado del PP por entonces, y José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma, estaban siendo investigados por el juez Penalva por tener indicios de que ambos se habían llevado una comisión de un millón de euros por amañar el concurso. El caso finalmente fue sobreseído a petición del fiscal Herranz.

Subirán ha explicado que varios testigos declararon que Gijón y Rodríguez llevaron a cabo maniobras para colocar a agentes afines en la cúpula de la Policía Local de Palma. "El testigo protegido es abogado. Vino al juzgado y pidió hacer una declaración. Entró y habló. Esa fue la primera noticia que tuvimos de esto en diciembre de 2015". Subirán ha recalcado que ese testigo llegó "libre y voluntariamente" al juzgado y ha recordado que Gijón prestó declaración ante el juez Penalva y el fiscal Carrau.

"Carrau era el fiscal adscrito al caso ORA. No es cierto lo que se ha dicho de que él me echaba una mano de vez en cuando. Yo era quien le echó una mano a él".

Sus pertenencias en una bolsa de basura

Subirán ha explicado que el caso ORA estuvo paralizado. "Subí al despacho de Carrau, me cabreé con él y prácticamente me echó. Esperé tres días, vi que la causa seguía en el despacho de la funcionaria y elevé una queja a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción. Me contestaron que habida cuenta de la carga de trabajo de Carrau y de lo complejo del asunto, se justificaba la demora". 

Uno de los momentos más tensos de la jornada ha sido cuando el fiscal jubilado ha relatado cómo fue su salida de la Fiscalía. Y lo ha hecho para explicar por qué no puede aportar ni la queja anteriormente referida ni la respuesta de la Fiscalía. Estando de baja, por todo el acoso que ha sufrido, no pudo entrar en la Fiscalía porque habían cambiado las cerraduras por orden del fiscal jefe Bartomeu Barceló. Cuando le permitieron entrar, acompañado por otro fiscal, no pudo abrir "ni un cajón", por orden de Barceló, ni el armario para recoger la toga. Subirán quería recoger todas las quejas que había presentado. 

Finalmente, le entregaron una bolsa de basura industrial "y metí mi cartera de trabajo y una americana". 

"Máxima seguridad jurídica"

Miguel Ángel Subirán ha comenzado su declaración este viernes después de hacerlo el juez Manuel Penalva, el instructor del caso Cursach, para quien la Fiscalía pide 118 años de prisión. Tanto el juez como el fiscal, ambos jubilados, han defendido su labor y han puesto en evidencia la falsedad de las acusaciones de coacciones a los testigos e investigados, que declararon "con la máxima seguridad jurídica". 

"Con toda seguridad, esto no pasó", ha negado tajantemente Subirán la acusación de algunos de los testigos de haber sido coaccionados durante su declaración en el juzgado de Penalva, que ha recordado que en dichas declaraciones estuvieron presentes funcionarios del juzgado y abogados de los detenidos. 

"Tengo estrés postraumático por este padecimiento"

Subirán ha relatado los padecimientos que acarrea por la campaña de acoso por sicarios durante la investigación. "Yo denuncié hasta cuatro entradas en mi casa, robos, me pusieron de rodillas en una plaza, tengo trastorno por estrés postraumático para toda la vida". 

"¿Quién ha sufrido aquí, estoy jubilado no por edad, sino por este padecimiento. Qué casualidad: juez y fiscal jubilados por la misma causa", ha recalcado.

Subirán ha expuesto que le robaron el móvil y cree que ese es el origen de la búsqueda de los policías los Juanes del chat Sancus, que mantenían él y el resto de acusados para comunicarse sobre las pesquisas. "Denuncié en la Jefatura de Policía que en una gasolinera dejé el coche en el lavadero y cuando volví el móvil había desaparecido. De ahí se supo que había chat y se fue a por el chat". 

Para ello, el juez que sustituyó a Penalva en el Juzgado de instrucción 12 de Palma, Miguel Florit, con el apoyo del fiscal Carrau, autorizó el espionaje a dos periodistas, posteriormente declarado ilegal. 

La interceptación de las llamadas de los informadores y de la incautación de sus móviles provocó que uno de los policías de Blanqueo enjuiciados ahora fuera detenido y del volcado de su móvil se llegó al famoso chat Sancus, cuyos mensajes relacionados con las supuestas filtraciones han quedado fuera de la causa, según ha ordenado el tribunal.