En el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra 49 personas vinculadas a la banda de moteros los Ángeles del Infierno, el fiscal anticorrupción José Grinda ha pedido que se condene a los principales acusados por integrar una "organización criminal mafiosa". La banda de moteros acumula múltiples delitos presuntamente cometidos en Mallorca entre 2009 y 2013. 

El pleito se ha iniciado diez años después de la operación que desarticuló al último grupo en activo de la banda, instalado en las Illes Balears. De los 49 procesados, 35 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para confesar los hechos a cambio de una rebaja de las penas. El Ministerio Público decidió retirar la acusación para una de las procesadas que había participado en los respectivos acuerdos. 

Hasta el momento cuatro de los acusados están en busca y captura. Los nueve procesado restantes continúan el proceso sin atenerse a los pactos con la Fiscalía porque estiman que a sus condenas hay que aplicarles el atenuante de dilación por el tiempo transcurrido. 

En la lista de delitos que supuestamente cometió la banda en Mallorca figuran posibles relaciones con negocios de prostitución y tráfico de drogas. Como es el caso de la detención ilegal de tres jóvenes de nacionalidad checa "de poco más de 20 años" que captaron en Italia engañándolas con un trabajo en España y que retuvieron en un chalet a su llegada a la isla con el propósito de obligarlas a ejercer la prostitución. 

Además, se les atribuyen delitos de amenazas, extorsiones, coacciones, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Los Ángeles del Infierno, banda motera fundada en 1948 en Estados Unidos, se afincaron en Mallorca sobre el mes de noviembre de 2009. La llegada de esta banda a la isla ha provocado, tal y como remarca el fiscal Grinda, fenómenos de violencia contra miembros de organizaciones rivales. 

La llegada de los moteros a Balears no fue fortuita. Las medidas judiciales y gubernativas que se adoptaron contra la banda en diferentes landers alemanes impulsó a su entonces presidente, el acusado Frank Hanebuth, a instaurar una sede en la isla con el objetivo de continuar con sus actividades delictivas. 

"La implantación de los Ángeles del Infierno en Balears fue consecuencia de su situación geográfica, existencia de negocios de alterne, posibilidad de blanqueo de capitales y tráfico de drogas y la presencia de residentes extranjeros que facilitaba las prácticas de extorsión", agrega la Fiscalía.