El fiscal logra paralizar el caso Nicolás al recurrir la decisión del magistrado de mantener la comisión judicial
Pruebas que podrían resolver el misterio de las grabaciones al ministro
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MADRID-. El fiscal de la causa del pequeño Nicolás, Alfonso San Román, ha logrado paralizar temporalmente las actuaciones de la comisión judicial que investiga la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos realizada en dependencias judiciales en octubre de 2014 y por la que son investigados el comisario José Manuel Villarejo Pérez, su mujer y un periodista de su página digital.
Hace dos días, San Román presentó un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita que se anule el auto del titular del juzgado instrucción número 2, Arturo Zamarriego, en el que ratifica la confianza en la investigación que encargó al comisario de policía Marcelino Martín Blas, al inspector Rubén López y a otros seis agentes que desde hace año y medio sólo rinden cuentas ante el juez y no ante sus superiores policiales ni del Ministerio de Interior.
La investigación se inició a petición del fiscal y se encargó a estos investigadores con el visto bueno del ministerio público en 2015, después de que se descubriera que alguien les había grabado hablando con unos agentes del CNI. Esa reunión estaba autorizada, pues seguía el protocolo de colaboración ya que la denuncia se había interpuesto por Vicepresidencia del Gobierno y la oficina económica de Rajoy a través del ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y de la Dirección Adjunta Operativa que dirigía el comisario Eugenio Pino.
Pruebas que podrían resolver el misterio de las grabaciones al ministro
La grabación ilegal se llevó a cabo el 20 de octubre de 2014 en unas dependencias supuestamente seguras, puesto que eran las de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía. Poco antes, los días 2 y el 16 de ese mes, alguien que aún no ha sido investigado en ninguna causa –no se ha abierto ningún procedimiento, a pesar de haber entregado Público las grabaciones a la Fiscalía General del Estado– grabó también al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, conversando en unas dependencias que deberían ser de máxima seguridad: el propio despacho del ministro.
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La actitud obstruccionista de la Fiscalía retrasa la investigación
La actitud obstruccionista de la Fiscalía ya ha sido varias veces contrarrestada por las negativas de la Audiencia Provincial de Madrid a anular las decisiones del juez con los argumentos que el ministerio público aporta.