El fiscal implica al juez Castro en una "conspiración" contra la infanta con datos "absurdos y denigrantes"

El juez José Castro se ha dejado llevar por una "teoría conspiratoria, absurda y denigrante" para inculpar a la infanta Cristina en delitos fiscales y de blanqueo de dinero. El fiscal Pedro Horrach se expresa con esa contundencia y agresividad en un escrito dirigido al instructor en el que hace un último intento por evitar la comparecencia como imputada de la hija menor del rey, prevista para el próximo 8 de febrero.

Horrach, que no ahorra epítetos para calificar lo que entiende como "incongruentes" argumentos del juez, reclama que el magistrado cite, antes de la declaración de la infanta, a los inspectores de la Agencia Tributaria que no ven delitos en la actuación de Cristina de Borbón, así como a la inspectora jefa de Policía encargada de las investigaciones. El juez Castro estudiará hoy el escrito y decidirá este mismo jueves sobre las peticiones.

El escrito de 13 folios del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach parece un desahogo y un sustitutivo del recurso que no ha planteado contra el auto de imputación del juez, alegando que carecía de virtualidad toda vez que ni la misma infanta iba a recurrirlo.

Horrach da la razón a lo señalado por Castro en su último auto, cuando reprochaba al fiscal estar "perdiendo las formas" en sus escritos. Así, indica que el instructor se ha apoyado, para justificar la existencia de indicios delictivos contra la infanta, en una "teoría conspiratoria" basada en "imputaciones e insinuaciones" contra los inspectores de Hacienda que han investigado el caso, "relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional".

Por ello, el fiscal entiende que debía amparar a esos inspectores y que es "imprescindible" su comparecencia ante el juez para someter a ratificación, ampliación y contradicción los informes que han elaborado, que son cuestionados por el propio Castro en su auto. Además, Horrach indica que podrán despejar las "dudas" que plantea el instructor sobre la naturaleza delictiva de algunas de las conductas atribuidas a la infanta.

El representante de la Fiscalía indica que las "dudas" no pueden servir como base de una imputación, ya que penalmente equivalen a la mera conjetura, sospecha o especulación. "De otro modo --agrega--, se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos".

El fiscal señala que es "más riguroso" el informe de la Agencia Tributaria que el análisis de Castro En otro pasaje particularmente áspero de su escrito, Horrach dice que "resulta más que justificada la necesidad de que comparezcan los inspectores de la Agencia Tributaria, para evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa".

Descendiendo al detalle de las imputaciones del juez a la infanta, el fiscal indica que imputar gastos personales a la sociedad Aizoon (propiedad al 50% de Iñaki Urdangarin y Cristina) ajenos a su actividad mercantil como costes de explotación, no es contemplado como delito en el Código Penal, por lo que sería inocuo e irrelevante.

Y que es un error defender el doble efecto fiscal defraudatorio en las cuotas del impuesto de sociedades de Aizoon y en las del IRPF de Cristina y Urdangarín, y en todo caso es irrelevante penalmente si no supera los 120.000 euros. Horrach llega incluso a decir que si los duques de Palma hubiesen hecho un reparto formal y real de dividendos por Aizoon, el importe de la cuota presuntamente defraudada por IRPF sería inferior a las actuaciones tributarias efectivamente realizadas por la entidad (por impuesto de sociedades).

El fiscal pone en duda varias veces los criterios aplicados por Castro en su auto, que considera erróneos. De ese modo, destaca que siguió un "déficit interpretativo" al evaluar el posible fraude de Cristina por sus gastos personales, ya que es "imposible" que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros.

En otro párrafo, señala que es "más riguroso" el informe de la Agencia Tributaria que el análisis de Castro, e insiste en que "no tiene ningún sentido, a efectos de la comisión de un supuesto delito fiscal, teorizar sobre gastos personales cargados a la sociedad, cuando es conocida su nula relevancia penal".

Horrach puntualiza al instructor que no es "escasamente probable", como dice él, que la supuesta cuota defraudada por Cristina superase los 120.000 euros, sino "materialmente imposible".

Al analizar las facturas por importe de 69.990 euros emitidas por la mercantil Intuit contra Aizoon, que el juez Castro entiende que no eran deducibles --contra lo sostenido por Hacienda-- y por tanto elevan la cuota defraudada de los 120.000 euros, Horrach destaca al comentarlo: "Hasta aquí lo manifestado por el instructor. Ahora pasemos a la realidad", y defiende la postura al respecto de la Agencia Tributaria.

El fiscal Anticorrupción también apoya a Hacienda cuando, en 2011, dejó fuera de su investigación a la infanta. "La razón de que la Agencia Tributaria no cargase en plan a doña Cristina de Borbón es la misma por la que ni el fiscal que suscribe ni el juez instructor solicitaron la imputación: no había datos de los que se derivase su vinculación con un fraude fiscal, ni la existencia de fraude fiscal alguno relativo a lo anterior".

Para Horrach, la inspectora que hizo aquel trabajo debe comparecer ante el juez, no sólo porque ha puesto en cuestión su prestigio y honradez, "sino para aclarar que la absoluta falta de motivos para incluir a doña Cristina de Borbón en plan de inspección obedece a criterios técnicos y no a motivos bastardos".

El fiscal califica de "incongruente" imputar a la infanta, cuando era ajena a la administracion de Aizoon, "por presuntamente conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos" de la sociedad.

Horrach reclama además que declaren ante el juez como testigos, por segunda vez en la causa, los representantes de siete empresas a cuyos consejos de administración perteneció Urdangarin y tuvo ingresos por ello.

Escrito del fiscal sobre la infanta by publico2013