El fiscal general renueva mandato con un cisma en la carrera y la sentencia contra el ascenso de Dolores Delgado

Este martes, el Consejo de Ministros confirmará a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, cargo que ocupó en septiembre de 2022, tras la dimisión de Dolores Delgado por problemas de salud. Su vinculación con la exfiscal general no le ha permitido a García Ortiz ni un día de paz en su breve mandato, que se renueva ahora para toda la legislatura en medio de la tormenta por la reciente sentencia del Supremo que dictaminó que había ejercido "desviación de poder" al ascender a Dolores Delgado. 

Álvaro García Ortiz fue fiscal de Sala, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), el número dos de Dolores Delgado cuando ella era fiscal general. Al dimitir esta, en julio de 2022, por problemas de salud, el Gobierno nombró a García Ortiz para sustituirla. Entre las primeras cosas que hizo estuvo el ascenso de Delgado a fiscal de Sala, con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Este ascenso ha sido ahora anulado por el Supremo, que considera que el fiscal general no tuvo en cuenta los méritos de los aspirantes, sino que su única pretensión era el citado ascenso de Delgado, por lo que incurrió en una "desviación de poder". 

Este grave pronunciamiento del Alto Tribunal coincide en el tiempo con las críticas de la mayoría de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción porque el fiscal general no se ha pronunciado expresamente sobre la ley de amnistía y el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre el lawfare relativo al procés.

Álvaro García Ortiz ha indicado al respecto que se pronunciará cuando toque hacerlo, es decir, cuando tenga que intervenir la Fiscalía en los distintos procedimientos judiciales que se abran respecto a la amnistía. Y ha recordado que "el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad" del Ministerio Público, así como "respetar el principio de separación de poderes" y "evitar cualquier injerencia". 

Polémica sobre la ley de amnistía

Los cuatro fiscales del procés pidieron amparo al fiscal general respecto a las expresiones contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts en relación al lawfare o instrumentalización de la justicia contra los oponentes políticos. García Ortiz les comunicó que "siempre defendería la autonomía" de la carrera fiscal. 

Sin embargo, esta respuesta, lejos de apaciguar las aguas, provocó la reacción de 18 fiscales del Tribunal Supremo, una veintena de Anticorrupción y de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, que reclaman una postura pública de la Fiscalía General del Estado sobre la ley de amnistía. De hecho, los vocales de la AF en el Consejo Fiscal habían pedido un pleno extraordinario para fijar una postura institucional, a lo que Álvaro García Ortiz no se ha pronunciado.

Petición de dimisión

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que cuenta con un vocal en el Consejo Fiscal, se pidió la dimisión de Álvaro García Ortiz con motivo de la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, un cargo que tanto APIF como AF han recurrido al Supremo. 

Tanto en este último nombramiento, en junio de 2023, como el anterior de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo, ahora anulado, contaron con la oposición frontal de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otros candidatos. 

El Consejo Fiscal, máximo órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, tiene una mayoría de vocales de la AF (6); la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Álvaro García, cuenta con 2; y la APIF, con uno. La decisión final de los nombramientos corresponde al fiscal general, pero el Consejo Fiscal informa sobre las candidaturas y apoya a quién considera más apto. 

Con un Consejo Fiscal en contra, con procedimientos abiertos en el Supremo por los nombramientos, con una ley de amnistía que promete engrosar causas judiciales el nuevo mandato de Álvaro García Ortiz no será seguramente un camino de rosas. 

El cargo de Fiscal jefe de Memoria, en el aire

Tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que anula el nombramiento de Delgado como fiscal jefe de lo Militar del Supremo se abre la posibilidad de que el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática, que ocupa Delgado, corra la misma suerte, ya que para desempeñarlo hace falta el ascenso a fiscal de Sala, que el Supremo ha declarado nulo. 

El nombramiento a toda cosa de Dolores Delgado para este puesto, creado ad hoc por la Ley de Memoria Democrática, levantó aún más ampollas. De hecho varios fiscales asociados en la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se dieron de baja por el polémico nombramiento. Entre ellos, Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional y actual fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza; también Almudena Lastra, la fiscal jefa de Madrid. 

Si Álvaro García Ortiz comenzó su mandato con un discurso, en la inauguración del año judicial, en septiembre de 2022, en el que apelaba a la colectividad de la carrera fiscal, con 2.613 integrantes, para cerrar el cisma producido durante el mandato de Dolores Delgado, ahora tiene por delante coser las heridas abiertas por su propio cisma, al que ha llegado, en buena parte, por la herencia recibida por su predecesora y por unos nombramientos que la han favorecido. 

La sombra del comisario Villarejo

Hay que recordar que la supuesta amistad de Dolores Delgado con el comisario jubilado Villarejo le ha pasado factura. El llamado caso Stampa, sobre la presunta represalia sufrida por el fiscal Ignacio Stampa por investigar el caso Villarejo o causa Tándem, en el que intervienen como abogados defensores varios letrados del bufete de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, puso en cuestión la imparcialidad de la entonces fiscal general del Estado. 

El fiscal Stampa denunció haberse quedado sin una plaza en la Fiscalía Anticorrupción para que así no pudiera proseguir al frente de la investigación del caso Villarejo. Denunció que Dolores Delgado debió abstenerse en la adjudicación de las plazas dado que tenía "un interés personal" por los vínculos con Garzón. 

Delgado siempre ha mantenido que ella no participó ni tuvo conocimiento de la investigación que se abrió contra Stampa por haber presuntamente filtrado datos de la investigación a una abogada de Podemos, algo que se demostró falso, y por lo que se archivaron las pesquisas de la Fiscalía contra ese fiscal. Pero se hizo con tanto retraso y mediante presuntas maniobras de ocultación al Consejo Fiscal que tenía que decidir sobre las plazas, que Stampa se quedó sin uno de esos puestos en Anticorrupción y, en consecuencia, tuvo que dejar la investigación del caso Tándem.