Este artículo se publicó hace 6 años.
Valle de los CaídosLas exhumaciones del Valle de los Caídos se inician con trabas a los familiares
Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción (CSIC) han sido los únicos autorizados por el priorato para acceder a la cripta del sepulcro, donde se ubicarían las cuatro víctimas a exhumar del bando nacional y republicano.
María Serrano
Sevilla-Actualizado a
En el proceso de exhumación del Valle de los Caídos se unen muertos de los dos bandos. Es algo inaudito. Sin embargo se inicia con cuatro peticiones de las 34.000 víctimas enterradas en la fosa más grande de la Guerra Civil española. “Estamos todos contentos, las familias por haber llegado hasta aquí y yo como abogado por haber iniciado este proceso histórico”, añade Eduardo Ranz, abogado de las cuatro familias. Sin embargo apunta a Público que “este arranque positivo solo culminará con el entierro definitivo que le den cada una de las familias según sus creencias”.
Los trabajos para el inicio de la primera exhumación en el Valle de los Caídos comienzan dos años después de lo previsto y con una fuerte restricción de entrada al recinto de Cuelgamuros. Las trabas han continuado para las cuatro familias que han iniciado el proceso de exhumación y para Eduardo Ranz, abogado que representa a familiares de los cuatro represaliados de ambos bandos, nacional y republicano. “Ha sido un despropósito y una muestra que las negociaciones siguen adelante pero con demasiadas dificultades”, señala a Público.
Este lunes el mismo priorato entorpecía la entrada de las familias a la cripta
La familia Lapeña fue la primera en pedir la exhumación y ha soñado muchas veces con este día histórico. Seis años han pasado desde el inicio de la primera petición. “En 2012 presentaron la solicitud” aclara el letrado, cuando conocieron que Manuel y Ramiro Lapeña podían encontrarse en los columbarios 2061 y 2069 de la cripta de Cuelgamuros.
Ambos fueron fusilados por aplicación de bando de guerra en Calatayud. Sin juicio. Sin una sentencia que le imputara delito alguno. El primero, Manuel el más joven, con 44 años de edad, era veterinario de profesión y fue fusilado en agosto de 1936 por su pertenencia a la CNT en el pueblo de Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Tenía cuatro hijos a su cargo.
Ramiro huiría del pueblo por miedo a las represalias. No se entrega hasta octubre del 36. Herrero de profesión y cenetista como Manuel no consiguió salir con vida de aquellos meses huido en el bosque.
Purificación Lapeña, nieta de Manuel, abandera el proceso de esta familia que solo espera conseguir un entierro digno para los suyos. “Después de tantos años de silencio, es una deuda muy importante para nosotros”.
“Las pruebas de ADN llegarán más adelante”
Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, perteneciente al CSIC, sí que han podido acceder al espacio para comenzar el informe científico que determinará, en pocas semanas, el estado del osario de la cripta del sepulcro, donde se ubican los restos de las cuatro víctimas a exhumar.
El acceso de los técnicos ha tenido lugar a las nueve de la mañana. Ranz ha desvelado a Público que “la intención es realizar un primer informe técnico arqueológico que continuará más adelante con un informe forense”, donde los familiares tendrán que someterse a unos análisis para una posterior identificación genética. “Las pruebas de ADN llegarán más adelante”, añade Ranz.
Pocos minutos después de la entrada de los técnicos, Ranz intentaba acceder durante la mañana con las familias para conocer de cerca los detalles del trabajo científico que se iniciaba en la jornada de hoy “como un proceso histórico” después de tantos años de litigio.
El abogado ha declarado que “es la primera vez que los familiares entrarían a esta zona del osario teniendo a la sociedad como testigo dentro de la fosa común más grande de nuestro país”. Un gesto simbólico que finalmente no ha podido llevarse a cabo.
Ranz argumenta que ya el pasado mes de marzo el prior del Valle de los Caídos, Santiago Carrera, retiró el recurso contencioso-administrativo contra las exhumaciones de la familia de los hermanos Lapeña, dos de las cuatro víctimas que han iniciado el proceso. El argumento, un “posible daño de los restos de la basílica”. Hoy el mismo priorato entorpecía la entrada de las familias a la cripta, donde por fechas señaladas se ubicarían los restos de los cuatro represaliados.
El letrado ha declarado que solo se han realizado, hasta el momento, tres entradas en Cuelgamuros, posterior a la muerte del dictador en noviembre del 1975. La primera se llevó a cabo en 1980, donde se recuperarían 133 víctimas, procedentes de Navarra y que se habían sido usadas para rellenar la zona del columbario. Una década más tarde en 1990 fue el segundo logro. En esta ocasión se desplazaron restos de huesos de víctimas del bando nacional hasta la capilla de la Virgen del Pilar sin pedir ningún tipo de permiso a los familiares.
La tercera y penúltima antes de hoy 2018 se realiza hace ocho años, a través de una resolución del Ministerio de la Presidencia. El objetivo, la realización de un informe por parte de un Comité de Expertos.
Un mismo abogado para familiares de ambos bandos
Ranz representa a familiares de ambos bandos. “Se trata de una labor humanitaria fuera de ideologías”, sentencia a Público. Por un lado, Eduardo Ranz ha llevado a cabo la petición de exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, procedentes de Villarroya de la Sierra, (Zaragoza), cenetistas fusilados en 1936 por el bando golpista y enterrados en el Valle de los Caídos desde 1959. Pedro Gil Calonge, procedente de Soria y Juan González Moreno, desde Arriate (Málaga), pertenecían al bando nacional. Los cuerpos de estos agricultores fueron enterrados en Cuelgamuros en 1964.
El despacho de Ranz inició el proceso, a través de la petición de los hermanos Lapeña, enterrados en el Valle de los Caídos desde 1959. “Más tarde se sumarían los casos de Gil Calonge y González Moreno que pertenecían al otro bando y que nunca dudé en llevar de forma conjunta”, aclara el letrado.
Dos peticiones del bando nacional sumadas en 2017
La petición de exhumación de Pedro Gil Calonge llegaría en 2017 de la mano de su nieta Rosa. Ha sido la penúltima junto a la de González Moreno. “Es nuestra forma de pedir justicia”, aclara a la entrada del Valle de los Caídos. Su abuelo Pedro murió con tan solo 27 años en las filas del bando republicano. El único documento de fallecimiento que acredita la muerte de Calonge, agricultor de profesión, señala “herida de bala” en el frente. La familia se encuentra llena de esperanza en el inicio de esta pionera exhumación.
Juan González Moreno era jornalero andaluz. En la guerra le tocó luchar junto al bando nacional. Murió con tan solo 28 años de edad. Su familia también ha trasladado “una intensa emoción” en la lucha por la búsqueda de sus restos. Procedente de Arriate, (Málaga), este jornalero fue sepultado bajo los muros del mausoleo de Franco el 25 de abril 1964. Fue llevado a la fuerza a las filas del bando nacional donde tuvo que luchar en el frente. Una herida en la cabeza provocó su muerte en un hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de junio de 1937.
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