La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha admitido este jueves que ve "un poco difícil" que el Gobierno pueda ejecutar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos antes de las elecciones generales del 28 de abril.

En una entrevista con Europa Press, Celaá ha achacado los continuos retrasos que está viviendo el procedimiento previsto por el Gobierno a la actitud de "obstruccionismo" que está ejerciendo la familia y su entorno más próximo.

"Está claro que es un procedimiento absolutamente garantista y el Gobierno quiere actuar con todas las de la ley porque tiene un gran respeto a lo que está haciendo y porque está trabajando dentro de lo que es el Estado de Derecho y, por tanto, vamos a respetar todos los plazos", ha destacado. "Si hemos podido esperar hasta aquí, esperaremos hasta el final de los plazos", ha añadido.

Con el Gobierno en funciones a partir del próximo 29 de abril, el proceso podrá seguir avanzando -si la justicia no lo paraliza- porque "el Ejecutivo tiene la facultad de poder hacerlo", ha precisado la ministra portavoz. Celaá ha recordado que la orden de exhumación de Franco responde a un mandato del Parlamento de 2017, desarrollado en un real decreto ley convalidado el año pasado por el Congreso.

La decisión de exhumar a Franco del Valle de los Caídos para reinhumar sus restos en otro lugar digno en el que no pueda ser exaltada su figura ni la dictadura se explica porque "un país democrático no puede seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública", ha incidido.

Celaá ha reconocido que en su momento, cuando el Gobierno tomó la determinación de iniciar el procedimiento, no fue consciente de la oposición que la medida podría encontrar. "El entorno del dictador está procediendo a buscar medidas que obstruyan el final del recorrido. De todo eso no fuimos capaces de percatarnos. Pensamos que la familia sería razonable y no sólo la familia, sino la Fundación Franco y todos los que rodean la figura del dictador y su memoria", ha admitido.

Esta semana se ha conocido un auto de un juzgado de Madrid que suspende cautelarmente el permiso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al proyecto de obras presentado para retirar la lápida y exhumar los restos del dictador. El Consistorio tiene ahora un plazo de tres días para alegar y el Gobierno confía en que el juez, una vez escuchados los argumentos del Ayuntamiento, dicte una resolución diferente.

En cualquier caso, y al margen de cómo termine este recurso, la familia y su entorno se disponen a recurrir ante el Tribunal Supremo la orden de exhumación del dictador, por lo que la última palabra al respecto la tiene el Alto Tribunal, que podría suspender o no el procedimiento iniciado por el Ejecutivo.