El exdirector de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, José Antonio del Olmo, el directivo cuya denuncia fue lo que llevó a imputar a la compañía eléctrica y a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por los encargos del comisario José Manuel Villarejo, ha declarado este lunes al juez que investiga los contratos de la empresa eléctrica con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, que la eléctrica gestionó facturas del comisario aunque estuvieran vinculadas a servicios contratados por su filial de Renovables.

Del Olmo ha comparecido como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, tras ofrecerse a declarar porque, según ha manifestado, desde que fuera imputado ha ido recordando y recabando mayor información acerca de las facturas que Villarejo emitió a Iberdrola por los supuestos encargos ilícitos que la eléctrica habría hecho al comisario desde 2004 y por los que éste se habría embolsado más de un millón de euros. 

La mayor parte de esa cantidad se facturó durante el mandato de Íñigo de Oriol, el primer presidente de Iberdrola, nacida de la fusión en 1991 de las compañías Iberduero e Hidroeléctrica Española (Hidrola). En ese momento, el director de seguridad era el exinspector de Policía Marcos Peña (también relacionado con Villarejo). En 2001, Ignacio Sánchez Galán, cuando era consejero delegado de la eléctrica, sustituyó a Peña por Antonio Asenjo en la dirección de seguridad de la empresa (no obstante, el exinspector conservó la responsabilidad sobre la seguridad de presidencia, del consejo de administración y de las centrales nucleares hasta la retirada de Oriol en 2006).

De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el ex directivo ha declarado durante una hora y media, respondiendo a las preguntas del juez, el fiscal y su defensa, para explicar en detalle, según su versión, el sistema de facturación.

El antiguo directivo ha indicado que, a su criterio, Iberdrola funcionaba como una corporación única donde la matriz gestionaba igualmente las facturas derivadas de los contratos de las filiales del grupo. En este sentido, ha comentado que uno de los departamentos más centralizados era el de Seguridad, que conforme ha aflorado en la investigación judicial habría sido el encargado de contratar a CENYT.

Del Olmo, de acuerdo con las citadas fuentes, ha llevado a cabo una minuciosa descripción del sistema de facturación de Iberdrola, apuntando a hasta tres vías distintas para tramitarlas. 

De un lado, ha mencionado la existencia de un procedimiento de compras de obligado cumplimiento para Iberdrola y sus filiales donde la norma general era que las facturas no se pagaban si no había presupuesto aprobado.

No obstante, había excepciones. Así, ha contado que las facturas emitidas por CASESA (una empresa de servicios de seguridad a la que se apunta como tercer vértice de un sistema de triangulación para camuflar los servicios de Villarejo a Iberdrola) se pagaron con anticipos por orden del Comité Operativo de la matriz, unos pagos que se reflejaron meses después en un presupuesto extraordinario.

Sobre esas facturas de CASESA, Del Olmo elaboró un informe de diciembre de 2004 donde denunció las que él entendía que eran unas presuntas irregularidades. El exdirectivo de la eléctrica extrajo la documentación de Iberdrola que decía sospechosa y, en vez de denunciarlo al juez, la depositó, con fecha de 20 de diciembre de 2004, en la notaría de Luis Ramallo (íntimo de Marcos Peña). El notario permitió depositar todos los documentos, presuntamente "robados" según Iberdrola, en un sobre cerrado, sin dar fe de lo que allí había, en contra de lo que dicta el Reglamento Notarial. La eléctrica que afirma que esa documentación es falsa, mientras Del Olmo ha insistido ante el juez en su veracidad.

El antiguo controller ha apostillado que tiene documentación suficiente para respaldar su testimonio de este lunes, unos papeles que se ha ofrecido a entregar, por lo que el juez le ha emplazado a hacerlo.

Público viene analizando en detalle la relación de Villarejo con Iberdrola y otras grandes empresas a las que el comisario y sus socios acceden gracias a los jefes de seguridad de esas compañías, que eran también expolicías. Como descubrió Público el comisario y su red de jefes de seguridad hacían negocio aprovechando sus puestos comisionando a proveedores de estas grandes empresas donde están introducidos.