El exdirectivo del BBVA, César Bilbao, ha confirmado en el juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo que entregó datos de clientes sin orden judicial a un inspector que también se sienta en el banquillo, Constancio Riaño, al entender que estaba colaborando con las fuerzas de seguridad en el marco de una investigación.

El suyo ha sido uno de los seis testimonios recabados este martes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional a Villarejo y otra treintena de acusados por las piezas Land, Iron y Pintor de la causa Tándem en los que agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía habrían recopilado para el comisario datos confidenciales de las víctimas.

Al frente de esa unidad estaba el comisario Enrique García Castaño, uno de los principales acusados junto a su subordinado, el inspector Constancio Riaño, que envió una serie de correos desde su cuenta corporativa al exdirector de Seguridad Bancaria del BBVA reclamando datos financieros de clientes, algunos, según dijo, a petición del primero.

El destinatario, César Bilbao, que estuvo imputado hasta que el juez le libró del procesamiento, ha confirmado ante el tribunal que entregó esa información y la ha enmarcado dentro de la dinámica habitual de colaboración con las fuerzas de seguridad.

Según ha explicado, las solicitudes solían llegar acompañadas de mandamientos judiciales o policiales junto con las diligencias del juzgado, pero "a veces tenían prisa por investigaciones que estaban realizando" y podía llegar un correo al banco en el que "estaba perfectamente identificado" el remitente.

Sólo entonces accedían a la petición, siempre que supiesen quién era el solicitante y porque entendían que "estaban investigando algún delito"; normalmente, según su relato, lo derivaban al departamento de asesoría jurídica y dejaban constancia de las reclamaciones por escrito, pero a veces "había mucha urgencia" y el departamento estaba "saturado".

Las peticiones que constan en los correos se centran en el despacho de abogados Balder IP Law, supuesto objetivo a batir del proyecto ‘Iron’ encargado al Grupo Cenyt (propiedad de Villarejo y su familia), por encargo de otro bufete, Herrero & Asociados, y reclamaban desde movimientos de cuentas hasta conocer su "salud financiera". El supuesto encargo y su trastienda fue analizado por Público.

También el exgerente de la oficina de gestión antifraude del banco de crédito cooperativo del grupo Caja Mar ha confirmado que entregó datos a otro policía retirado, Manuel Novoa, que estuvo también imputado y que se los requirió vía correo electrónico.

Además de estos testigos, ha declarado el propietario de la casa donde vive Enrique García Castaño en régimen de alquiler. El casero ha asegurado que "hacia 2007", al inicio del contrato, recibía anualmente, por adelantado, el precio del alquiler anual, unos 15.000 euros. Según documentación mostrada durante la sesión del juicio, el contrato tiene fecha de 26 de enero de 2007. El dueño del inmueble, ante esto, ha puntualizado que el contrato "entraba en vigor el 1 de marzo".

El propietario también ha afirmado que en un inicio se le pagaba en efectivo si bien no siempre lo entregaba el propio García Castaño sino que "a veces venía otra persona que venía de parte de él". Desde hace tres o cuatro años, siempre según el casero, los pagos se realizan por transferencia. La exmujer de García Castaño, por su parte, ha declarado que no tiene constancia de que recibiese dinero en negro, como sospecha la Fiscalía.