Un ex concejal del PP en Valencia tira de la manta y cifra en 63 millones el saqueo en Emarsa

Ellos no quitaban dinero "a los negratas", ni se hacían llamar por motes mientras se codeaban con el presidente de la Generalitat. Su saqueo (presunto, mientras la causa que lo investiga se sigue instruyendo en la Audiencia Provincial de Valencia) se producía lejos de los focos y en un lugar con tan poco glamour como la depuradora de Pinedo, la que depura las aguas negras de la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Quizás por eso el caso Emarsa queda en esa geografía eclipsado por Gürtels y Blascos, aunque la cantidades de dinero público presuntamente sustraída que se investiga no sea para nada menor: 23 millones de euros (a los que cabría sumar lo evadido de la Hacienda Pública).

Sin embargo, esta mañana uno de los imputados en la causa quiso devolver el caso Emarsa a la primera plana de la actualidad y lo hizo reformulando la cifra que, según sus cálculos, refleja realmente el dinero presuntamente sustraído, elevándolo a 63 millones de euros. El imputado en cuestión, no obstante, no es un cualquiera, sino el ex concejal del ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno, que fue director de calidad de Emarsa, la antigua empresa de titularidad pública que da nombre al caso y que se encargó de la gestión de la depuradora de Pinedo hasta que en 2010 fue cerrada, tras descubrir un agujero en su gestión de 17 millones de euros.

Gimeno convocaba esta rueda de prensa después de que, según su testimonio, el juez instructor del caso no le hubiera dejado exponer sus datos en la jornada de ayer, cuando tuvo que testificar de nuevo ante él. Según Gimeno, el desfase entre la cifra que investigan los tribunales y la que él ofrece, casi triplicando la anterior, se debe a dos motivos. Por un lado, a que parte de la cantidad que él suma (17 millones de euros) hace referencia a presuntos hechos delictivos que ya habrían prescrito. Por otro, a que de la cantidad restante, la mayor parte la apunta en el sobredimensionamiento de la plantilla para "enchufar" a miembros del PP o a personas relacionadas con el partido.

Respecto al primer bloque, Gimeno recordó cómo en la primera etapa en que la depuradora fue gestionada bajo la dirección del actual tercer teniente de alcalde de la ciudad de Valencia y Concejal Delegado de presupuestos y política tributaria y fiscal del equipo de Rita Barberá, se compraron por ejemplo dos palas volteadoras por valor de 450.000 euros que "nadie ha visto", o se pagaron 8 millones de euros por obras "que no lo valen". Entre ellas, Gimeno señaló la construcción de una valla alrededor de la depuradora que se mandó construir "por los de dentro" para "que no entrara más gente del PP", porque, según apuntó, en el partido "todos querían estar allí". Debido a la actual prescripción de estas actuaciones nunca ha sido investigado si son constitutivas de delito ni recriminado el concejal Senent.

La estación depuradora de Pinedo, en Valencia, epicentro del caso Emarsa. EFE

Por lo que respecta al segundo, Gimeno hace su cálculo comparando las plantillas con que operaba la depuradora tanto en época de gobierno del PSOE, como en la actual (en que está gestionada por una UTE) y que oscila entre los 60 y los 70 trabajadores, con la que implantó el PP, que alcanzó los 103 empleados, a los que cabría sumar 16 trabajadores externos. Esto subió el gasto de personal de la depuradora en más de 17 millones de euros solo para los asalariados, entre los que se contaban funcionarios de clase A, a razón de 90.000 euros al año. No obstante, señaló Gimeno, en la plantilla se incluían profesiones de lo más variopinto, como detectives o jardineros, mientras se reproducían los contratados que no reunían la titulación necesaria para el cargo que ocupaban ("un antenista de televisiones era el responsable de la instalación eléctrica ocupando el puesto de un ingeniero, sin tener su titulación, pero cobrando como tal", puso como ejemplo).

No obstante, los presuntos hechos que denuncia no están siendo investigados en la instrucción, y Gimeno deriva toda la responsabilidad a la acusación popular, en la que está personada como afectada la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. Una entidad que, al estar controlada por representantes del Partido Popular (son elegidos desde ayuntamientos en los que mayoritariamente gobierna el PP) no estarían apuntando, según Gimeno, hacia la responsabilidad en el saqueo que tendría el propio PP.

"La acusación popular no ha presentado en la instrucción un solo documento que comprometa al PP" ha asegurado Gimeno, que ha recordado como la cúpula de la depuradora durante el saqueo siempre fue controlada por miembros electos del partido conservador. El mismo Gimeno reconoció haber sido "elegido a dedo por Silvestre Senent" para su cargo en un "acto constituivo de delito, pero ya prescrito". Sin embargo, preguntado por si el lucro obtenido por los "enchufados" solo les beneficiaba a ellos o derivaba también en el partido, el antiguo compañero de filas de Rita Barberá recordó que por las oficinas de la depuradora circuló un documento en el que, a los "enchufados", se les reclamaba el 10% de su sueldo para el partido. "Yo nunca pagué", señaló, aunque animó a la fiscalía a que investigue también en este caso "la presunta financiación ilegal del PP".

En ese sentido, Gimeno, sin apuntar explícitamente la responsabilidad de cada cuál, no se abstuvo de mezclar en su relato los nombres de diferentes altos cargos electos del Partido Popular que de una manera u otra se vieron beneficiados por el dinero que salía sin aparente freno de la depuradora. Así señaló a la consellera de Eduación, Maria José Català, al portavoz del grupo parlamentario popular en Les Corts, Jorge Bellver, a la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia, Amparo Mora, o a los regidores del ayuntamiento de Valencia Ramón Isidro Sanchis y Maria Àngels Ramón-Llin, entre los múltiples consejeros de la depuradora que cobraron 500 euros mensuales en metálico por asistir a las reuniones de su consejo de administración -celebradas frecuentemente en restaurantes y "con cuentas que superaban las dietas de todos los trabajadores de la depuradora en un año", como recordó Gimeno y consta en el sumario del caso- en que se aprobaban las cuentas de la depuradora que condujeron al agujero ya señalado.

Del mismo modo, Gimeno recordó que en la instrucción también consta que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recibió bolsos de Louis Vuitton regalo de la depuradora, acreditados por acuses de recibo firmados por su hermana (personal de confianza de la alcaldesa), y por un documento remitido a la depuradora por la secretaria del concejal Senent en el que pide un bolso apuntando que "le gustaba tanto el bolso de la alcaldesa que lo quiere en pequeño".

El expresidente de Emarsa, Enrique Crespo. EFE

Según la descripción de Gimeno, la depuradora parecía pues funcionar como un cortijo del PP. Pero por si faltaba pruebas el imputado resumía así la jornada en sus oficinas: "Llegábamos a las 8 y hasta las 9 nos dedicábamos a pelar al PSOE. De 9 a 10 cada uno se iba a su despacho; luego, de 10 a 11, parábamos a almorzar, y al volver, tras un poco de despacho, volvíamos a pelar al PSOE. Y a las 15 a casa. Además. Si hacías formación en horas de trabajo, por cada hora se te compensaba con 2 de libranza, de modo que había gente que se pasaba los primeros meses haciendo cursos de lo que fuera, y a partir de julio ya no lo volvías a ver. Era un chollo".

¿Y nadie se opuso a participar en eso?. "Yo, que me fui en 2004", aseguró. No obstante, pese a esta versión, coincidente con muchos datos que han trascendido de la instrucción, y a asegurar que son falsos los presuntos delitos que se le imputan, Juan Carlos Gimeno se encuentra todavía imputado en la fase de instrucción del caso Emarsa, empresa para la que, a pesar de haber de su salida en 2004, siguió facturando trabajos a través de diferentes empresas de su propiedad. Para él el juez reclamó una fianza de 300.000 euros. Una de las menores en un caso en el que, entre otros, a los principales acusados (el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises por el PP, Enrique Crespo, y el exgerente de la entidad, Esteban Cuesta) se les reclama una fianza "solidaria y conjunta" de 25 millones de euros.