Durante muchos años, Antxon Extebeste sólo vio Donostia a través de postales. De hecho, una parte importante de su vida transcurrió a una gran cantidad de kilómetros de las calles que le vieron crecer. Su suerte fue decidida por el gobierno de Felipe González, que en 1984 acordó con Francia su deportación a República Dominicana. Empezó entonces su largo periplo como deportado, un estatus alegal utilizado para mantener alejados y controlados a varias decenas de militantes de ETA que inicialmente habían obtenido la categoría de refugiados en Francia. Ante la dificultad de obtener su extradición, el Ejecutivo del PSOE logró que fueron expulsados a terceros países, todos ellos situados en América Latina y África.

Este sábado, Etxebeste puso cara a los deportados que hoy buscan regresar a Euskadi en el marco del nuevo tiempo abierto tras el final de la violencia. “Hemos sido rehenes políticos; los intereses de los estados han prevalecido por encima de las leyes”, afirmó en una sala del centro de congresos FICOBA de Irun, muy cerca de la frontera con Francia, donde el Foro Social Permanente –una plataforma de mediación que busca consolidar el proceso de paz- celebró una conferencia dedicada a analizar las posibles vías para “facilitar la reintegración de las personas presas o huidas por motivaciones políticas”.

“A mí me tocó un marco de deportación que podría denominarse prisión domiciliaria, aunque el término más ajustado es secuestro ilegal: me mantuvieron cautivo sin causa justificada durante 13 años de mi vida”, afirmó Etxebeste. Durante su intervención ante una sala abarrotada, recordó que en 1984 fue llevado a Santo Domingo (República Dominicana), donde lo recluyeron en un piso “en régimen de prisión domiciliaria, vigilado día y noche por seis militares” que tenían orden de pegarle un tiro “si sucedía cualquier anomalía en el servicio”. En 1986 fue trasladado a Quito (Ecuador), donde recibió “insultos y vejaciones” por parte de los policías que le custodiaban. Entre otras cosas, tenía prohibido utilizar el euskera en la única llamada semanal que podía realizar a su familia.

Un año después llegaron las negociaciones de Argel, en las que fue autorizado a participar como portavoz de ETA. Tras el fracaso de ese proceso, Etxebeste fue nuevamente llevado a República Dominicana, hasta que en 1997 fue extraditado a España y condenado a diez años de cárcel. “Los estados deben asumir su responsabilidad en todo esto. Es hora de resarcir los daños causados a decenas de personas condenadas a la desaparición en vida sin causa justificada”, afirmó.

“Salir de la oscuridad”

A primera hora de la mañana, el portavoz del denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK, por sus siglas en euskera), Jon Irazola, aportó cifras sobre este tema: “Desde la década de los sesenta hasta hoy en día, más de 2500 vascos han tenido que optar por la vía del exilio. Calculamos que ahora habrá entre 85 y 100 exiliados, de los cuales 14 fueron deportados”, explicó. También recordó que en la actualidad “hay diez exiliados con enfermedades graves”, mientras que “la gran mayoría de este colectivo es mayor de 60 años”. Señaló además que “hubo 40 personas que fueron asesinadas por la guerra sucia, mientras que otras 25 murieron en el exilio por causa de enfermedades”.

Comentó además que unos 130 huidos ya han logrado regresar al País Vasco, aunque el objetivo del EIPK es buscar vías para lograr el regreso de todos aquellos que así lo decidan. “Queremos salir de la oscuridad a la luz”, afirmó Irazola. En tal sentido, aseguró que los huidos y deportados están dispuestos a afrontar un “proceso de retorno utilizando vías legales”. “Debemos conseguir grandes acuerdos en nuestra sociedad. Los miembros de nuestro colectivo están dispuestos a ello”, afirmó. “El sufrimiento del exilio –apuntó- ha durado demasiado”.

En tal sentido, planteó la necesidad de “conocer los problemas judiciales y administrativos” que existen en cada caso, aunque denunció que la Audiencia Nacional dificulta dar esos pasos, ya que “deniega los informes judiciales a los abogados”. Advirtió además que “la fecha de prescripción” de los delitos atribuidos a quienes se encuentran en el exterior “se prolongan artificialmente, lo que supone condenar al exilio perpetuo”. Asimismo, pidió que en este proceso se tengan en cuenta los datos aportados en el informe elaborado recientemente por el Instituto Vasco de Criminología sobre la tortura en Euskal Herria. “Ese informe tiene servir para invalidar aquellos procesos judiciales que fueron conseguidos bajo la tortura”, indicó.

Respecto a la apuesta por vías legales de quienes se planteen regresar a Euskadi, Irazola avanzó que en primer término se deberían “aplicar procesos judiciales basados en la legalidad común”, lo que supondría frenar las medidas de excepción que habitualmente se aplican contra los imputados y condenados por delitos vinculados al terrorismo. Del mismo modo, también habló sobre la necesidad de “plantear vías para la justicia transicional”, un aspecto en el que también incidió el Foro Social en una declaración dada a conocer durante la mañana de este sábado.

“Las personas huidas y deportadas han sido invisibles durante muchos años, y continúan siéndolo”, señalaron los portavoces de esta entidad, la periodista Teresa Toda y el ex presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Europa, Nazario Oleaga. Poco antes de sus intervenciones, ambos reivindicaron que ha llegado el momento de “buscar soluciones”. Sus intervenciones han estado precedidas de un homenaje “a todas las víctimas de todas las violencias”. “A todas, sin equidistancias”, subrayaron.