El pasado 13 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo admitió a trámite un recurso de demanda presentado por la Coordinadora 25​s contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. La Coordinadora presentó en 2014 en un Juzgado de Madrid una querella criminal argumentando que durante los días previos y el día de la coronación de Felipe VI se vulneraron los derechos de libertad de expresión, de opinión y de manifestación.

La querella se formuló contra Cristina Cifuentes, en su momento Delegada del Gobierno en Madrid; Alfonso Fernández Diez, Jefe Superior de Policía Nacional, e Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General de la Policía, por los hechos ocurridos desde la abdicación de Juan Carlos hasta la coronación de Felipe VI.

Durante esos días, según la Coordinadora 25s, se estableció un "estado de ​s​itio no declarado" en la ciudad de Madrid. En el texto, los querellantes subrayan que la Dirección General de la Policía acordó "la prohibición de toda expresión pública, individual y colectiva de signo republicano o antimonárquico, especialmente en el centro de Madrid, y dio orden a los agentes de que actuaran en consecuencia".

Añade que el día 11, cuando se votó en el Parlamento la ley de abdicación de Juan Carlos I, "las fuerzas de seguridad tienen orden tajante de no permitir ninguna protesta", como la convocada por la Coordinadora 25S en la Plaza de Neptuno. Y enumera cómo los agentes de Policía impidieron a los ciudadanos llegar al lugar de concentración y como "desalojaron a empujones a las personas que consiguieron llegar al lugar".

Según la querella, en los días previos a la proclamación de Felipe VI la Policía retiró simbología republicana de algunos balcones y se prohibieron manifestaciones convocadas para ese día por la Coordinadora. Y ese mismo día, el texto de la denuncia enumera varios episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, una mujer fue inmovilizada por los agentes cuando intentaba sacar una bandera republicana, a un hombre "le tiraron al suelo y le esposaron" por un acto similar y otras personas fueron "detenidas durante dos horas por estar en las listas de activistas".

La querella no prosperó en España

La querella fue inicialmente presentada en el Juzgado de Instrucción nº​ 52 de Madrid, juzgado que tras algunas diligencias dictó auto de sobreseimiento y archivo provisional el 1 de septiembre de 2015, el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 5ª, fue igualmente desestimado. Asimismo el Tribunal Constitucional no la admitió a tramite por no apreciar especial relevancia constitucional en la referida querella.

Así pues, la querella agotó la vía jurisdiccional en España pero ahora el recurso de demanda sí ha sido admitido por el Tribunal de Derechos Humanos de la UE, que estudiará el fondo de la cuestión.