¿Cuáles son los retos de Amnistía Internacional para este nuevo curso?

Vivimos en un mundo que, por primera vez desde la segunda guerra mundial, cuestiona un consenso básico: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ese consenso básico está hoy en cuestión por algunos gobiernos que piensan que hay partes de la sociedad que no tienen los mismos derechos que otras. Otro punto importante son los conflictos armados: todos provocan sufrimiento de la población civil, pero hay algunos que requieren la atención de la comunidad internacional, como Ucrania, y otros completamente ignorados y en los que los gobiernos hacen negocios con la venta de armas.

Por otro lado, hay un tercer punto fundamental: el mundo debe entender que la educación, la salud o la vivienda son elementos básicos de derechos humanos y tienen que entenderse como tales. No debemos olvidar que la desigualdad es caldo de cultivo para las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha formulado reivindicaciones en torno a la necesidad de derogar la ley Mordaza. ¿Es importante avanzar en este asunto?

La libertad de expresión y reunión en España existe, pero ha sido dañada. La forma más masiva de dañar la libertad de expresión y reunión en España ha sido precisamente la ley Mordaza. Centenares de miles de personas han sido multadas por ejercer sus derechos de forma pacífica. Llevamos siete años intentando cambiar esta ley, y hoy está en riesgo de que, si se reforma, no se cambien los aspectos más dañinos. 

También está sobre la mesa la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, otra área en la que su organización ha presentado reclamaciones.

El borrador de proyecto de ley que se ha aprobado no pone énfasis en las garantías de verdad. Debe quedar claro que las violaciones de derechos humanos no se pueden clasificar como secretos, que la clasificación es algo excepcional y que deben desclasificarse las violaciones de derechos humanos desde 1968. Mientras eso no ocurra, vamos a tener un problema.

¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Memoria Democrática?

Siempre nos quedamos cortos en relación a graves crímenes cometidos en el pasado. Esta ley es un avance respecto a las exhumaciones o la nulidad de las sentencias relacionadas con violaciones graves de derechos humanos durante el franquismo, pero no avanzamos lo suficiente. Aquí existe una sensación de que la impunidad prevalece, y eso tiene que cambiar radicalmente. Tampoco parece que se vaya avanzar en la verdad judicial de los hechos. Por otro lado, esa ley también tiene problemas con la libertad de expresión: no podemos aplicar el mismo criterio que se usó en la legislación antiterrorista. Por mucho que no nos guste, la gente tiene derecho a expresar sus opiniones mientras no sea un discurso de odio o violento.

¿Cómo se puede entender que el Gobierno autorice  exportaciones de armas al régimen saudí, responsable de los ataques contra Yemen?

Los derechos humanos, pese al discurso oficial, no juegan ningún papel. Por ejemplo, en España estamos fabricando piezas del avión de combate Eurofighter, y ese es el avión que se está usando para bombardear a población civil en Yemen. El gobierno de Arabia Saudí descuartizó a un periodista, y nosotros sin ningún problema les vendemos armas o celebramos copas de fútbol. También debo decir que aquí ha habido un paso importante: junto a otras organizaciones hemos pedido a la Oficina Fiscal de la Corte Penal Internacional que abra una investigación sobre la colaboración de algunos gobiernos europeos, entre ellos el español, con Arabia Saudí. 

El caso Pegasus provocó un escándalo internacional que afectó también a España. ¿Se han dado los pasos necesarios para aclarar lo ocurrido?

No, no los suficientes. Pegasus es un software poderosísimo de espionaje que en teoría nace en Israel para investigar crímenes de terrorismo, pero que se ha usado para que Gobiernos espíen a disidentes o a personas de la sociedad civil. Así lo hemos documentado en 12 países, incluyendo España. En nuestro país todo el mundo sabe que se usó Pegasus, pero el Gobierno formalmente no lo ha reconocido. Por otro lado, no sabemos si lo siguen utilizando, porque no hay ninguna forma de controlarlo. De cara al futuro, el único camino es que los gobiernos se comprometan a la prohibición de importación y uso de este tipo de herramientas.

La guerra de Ucrania lleva ya meses en el foco de la comunidad internacional. ¿Se podrá conocer la verdadera dimensión de las violaciones a los derechos humanos registradas en este conflicto?

Yo creo que sí. Sabemos algunas de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido hasta ahora. También sabemos que Rusia es el agresor. Hemos documentado sobre el terreno la utilización de munición racimo que castiga a la población civil, bombardeos de zonas residenciales o escuelas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones… Del lado de Ucrania también hemos visto que las actuaciones de su ejército han puesto en riesgo a la población civil. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación muy rápida, como tiene que ser, pero llama poderosamente la atención cuando en otros países argumenta que no tiene recursos para abrir investigaciones. La guerra de Ucrania también muestra cómo debe protegerse a los refugiados, pero también cómo no se protege a otros refugiados que tienen los mismos derechos.