España oculta los criterios que usó para exportar balas de goma a Perú y se escuda en la ley de secretos oficiales

No hay grieta posible. El negocio de la venta de armas, que cada año moviliza una auténtica lluvia de millones para varias empresas, cuenta con unas garantías de secretismo únicas. Así lo ha vuelto a demostrar el Gobierno tras el último escándalo en torno a este negocio: los policías peruanos que mataron a manifestantes en diciembre pasado llevaban granadas lacrimógenas y perdigones españoles. 

El reino del silencio está en la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), el organismo oficial encargado de autorizar las solicitudes de exportación de armamento que formulan las empresas.

Entre los componentes de esta junta se encuentran la Secretaría de Estado de Comercio –que ostenta la presidencia–, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores –a cargo de la vicepresidencia– y representantes de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, del CNI o de la cúpula de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. 

La JIMDDU tuvo en sus manos las solicitudes de exportación de misiles o barcos de guerra a Arabia Saudí en plenos ataques contra Yemen, unas peticiones que contaron con su visto bueno y que permitieron que España se situara como uno de los principales suministradores de armamento a la dictadura de Salmán bin Abdulaziz.

Dicho organismo autorizó además la exportación de material antidisturbios a las Fuerzas de Seguridad de Perú pese a las denuncias de utilización excesiva de la fuerza realizadas desde 2017. La Fiscalía de ese país ha verificado que durante la represión de las protestas en diciembre pasado en la zona sureña de Andahauylas –donde hubo varias víctimas mortales– la Policía empleó granadas lacrimógenas y perdigones de goma de fabricación española.

Este martes estaba prevista la declaración de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ante la Fiscalía que investiga la posible comisión de delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por parte de la Policía y el Ejército ante la ola de protestas contra la destitución de Pedro Castillo. La represión dejó un saldo de setenta muertos. 

El Gobierno ha alegado en una respuesta parlamentaria a Jon Iñarritu (EH Bildu) que tales exportaciones se produjeron cuando había estabilidad en Perú, pero no ofrece más detalles: el diputado soberanista vasco quería conocer cuáles fueron los criterios empleados por la JIMDDU para dar su visto bueno a tales operaciones comerciales, pero el Gobierno se aferró al carácter secreto de dichos acuerdos.

Nueve fases

Ahí está la clave del asunto. Desde 2018, el Gobierno se ha negado en reiteradas ocasiones a dar cualquier información sobre los análisis de evaluación de riesgos efectuados por la Junta Interministerial ante las solicitudes de exportación más problemáticas. Es el secreto mejor guardado de un negocio millonario.

En medio de ese hermetismo, Público ha tenido acceso a una respuesta parlamentaria de marzo pasado en la que el Gobierno, por primera vez, ofrece algunas pistas sobre cuáles son los criterios que sigue la JIMDDU a la hora de autorizar estas operaciones. 

Según consta en el documento, el análisis de riesgo de las solicitudes de exportación "se lleva a cabo de forma preliminar en el grupo de trabajo de la JIMDDU a lo largo de nueve fases". El contenido final de ese análisis es posteriormente "contrastado" en las reuniones de la junta, de carácter secreto.

Entre los aspectos que se tienen en cuenta en dichos análisis figura el "intercambio de información y labores de inteligencia", el "análisis del

destinario/usuario final" y la "exigencia de documentos de control de uso final".

Los resultados de los controles 'ex post' también son secretos

El reglamento incluye también la aplicación de "condiciones extraordinarias", en alusión al mecanismo de verificación ex post que dispone el Ejecutivo español para analizar el uso de las armas in situ y que hasta ahora solo se ha aplicado en cuatro ocasiones –dos a Arabia Saudí y dos a Emiratos–, según informó la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en junio de 2022. Los resultados de esos controles también son secretos, por lo que se desconoce cuáles fueron sus consecuencias.

Las exportaciones de armamento también están precedidas de una evaluación del "producto y/o tecnología" que se pretende vender, así como del análisis del cumplimiento de las normativas del Tratado de Comercio de Armas (TCA) que impiden precisamente la venta de armamento en aquellos casos que pueda ser utilizado para la vulneración de derechos humanos.  

El protocolo secreto de la JIMDDU contempla además la aplicación de los criterios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) sobre armas pequeñas y ligeras, así como el cumplimiento de aquellas "directrices emanadas de foros internacionales de no proliferación, análisis del país importador" y la "comprobación de las denegaciones existentes y consultas a países que han denegado previamente en la Unión Europea y en los foros internacionales de no

proliferación". 

En cualquier caso, alega que el acuerdo adoptado por el Gobierno de  Felipe González en marzo de 1987 "clasificó como secretas las actas de la JIMDDU y, como tales, constituyen documentación clasificada

conforme a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales", en alusión a la normativa de la dictadura franquista que aún hoy sigue en vigor. "En consecuencia –subraya el Ejecutivo–, no se pueden divulgar los análisis de riesgo expuestos en sus reuniones". 

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas, valora de forma positiva que el Gobierno "haya explicado los aspectos que tiene en cuenta para la evaluación de riesgo de las operaciones", aunque advierte sobre "la ausencia de un elemento esencial que debe ser clave en dicha evaluación: el historial de derechos humanos del país importador".

En el caso de Perú, Estévez destaca que los cuerpos de seguridad "gozan de impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza", al tiempo que sigue en vigor "una Ley de Protección Policial de 2020 que incluye la presunción en favor de la Policía en relación con la razonabilidad del uso de medios letales, algo contrario al derecho internacional de los derechos humanos".

"El Gobierno español debe denegar cualquier exportación de material antidisturbios, munición y armas pequeñas y ligeras que puedan usarse para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos hasta que se ponga fin a la impunidad y las fuerzas de seguridad demuestren que están capacitadas para usar la fuerza de acuerdo con las normas internacionales al respecto", afirmó Estévez.

El portavoz de AI advirtió sobre la necesidad de que "se abra una investigación sobre el posible uso en la represión de las manifestaciones de las armas españolas exportadas a Perú".

Este país latinoamericano ha sido hasta ahora uno de los grandes compradores de material antidisturbios fabricado en España. Según datos oficiales, entre 2017 y junio de 2022 –últimos datos oficiales disponibles– la JIMDDU autorizó exportaciones de armamento a Perú por 184 millones de euros, de los cuales cerca de 40 millones correspondieron a material antidisturbios.

Reunión con empresarios

El lunes de esta semana, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, quien se encuentra de visita oficial en España junto a la canciller de ese país, Ana Cecilia Gervasi, encabezó un encuentro con numerosos empresarios. "Inversionistas españoles vuelven a confiar en el Perú", proclamó el Consejo de Ministros de Perú a través de su cuenta oficial de Twitter, donde publicó una imagen del encuentro.

Otárola y Gervasi fueron recibidos este martes por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. La ronda de contactos había comenzado el lunes con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. También se reunieron con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. 

Esta visita no ha pasado desapercibida entre quienes denuncian las graves violaciones de derechos humanos registradas tras la destitución de Castillo. Este mismo martes, colectivos de peruanos en Madrid se concentraron frente al Congreso para denunciar la visita de ambos representantes del Gobierno de Boluarte.