España impone el 43% de las sanciones que se aplican en Europa por uso de cannabis

España es el país de Europa donde más se sanciona, y con diferencia, el uso del cannabis, pese a que ocupa el tercer puesto en consumo, según los datos del informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas. Tal es la diferencia que en España se han impuesto el 43% de las infracciones administrativas o penales -según sea la legislación del país- cometidas en Europa por consumo o tenencia de marihuana. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, tiene bastante que ver en ello.

La estadística del Observatorio Europeo, que recoge datos de 2020 aportados por cada país, es demoledora. En ese año, se registraron en España 258.379 intervenciones por uso o tenencia de cannabis, 69.926 más que en Alemania -el segundo país donde más se castigó este consumo-, cinco veces más que en Turquía y casi ocho más que en Bélgica, tercero y cuarto, respectivamente, en el escalafón.

Con estos datos se concluye que de cada diez sanciones que ese año se impusieron en Europa por uso –no por tráfico- de cannabis, cuatro se instruyeron en España, es decir, una cantidad muy cercana a la mitad de las 600.802 que se registraron en los 17 países del entorno europeo que proporcionaron datos al Observatorio de las Drogas, órgano asesor de la UE en esta materia y con sede en Lisboa.

De cada diez sanciones que ese año se impusieron en Europa por uso –no por tráfico- de cannabis, cuatro fueron en España

Los efectos de la covid-19 también se dejan entrever en el número de intervenciones contra el consumo de marihuana en toda Europa, porque en 2020, cuando comenzó la pandemia, se redujeron un 12% con respecto al año anterior. En 2019, España había notificado al Observatorio 318.326 actuaciones por tenencia o uso de cannabis, una cifra que supuso el 46% de las sanciones administrativas o penales impuestas en el entorno europeo.

España encabeza las tablas de sanciones por uso o tenencia y, sin embargo, no es el país europeo donde se consume más cannabis. La prevalencia de consumo por países en 2020, según el portal de estadísticas Statista, refleja que Chequia, primero, y Francia, después, son los países que registran un mayor consumo de esta sustancia, con un índice de entorno al 11% de la población en el último año. A continuación se sitúan España, con un 10,5, Croacia e Italia, con un 10,2, y Países Bajos, con un 10,1.

La República Checa, sin embargo, tan sólo notificó ese año 4.195 intervenciones contra el uso ilegal del cannabis, un número 62 veces inferior a las sanciones impuestas en España, mientras que Francia no aportó datos al Observatorio Europeo. Por su parte, Croacia informó de 4.810 intervenciones e Italia, de 24.785. Todos esos países ya cuentan con un programa que regula el uso medicinal del cannabis, del que aún España carece, aunque ha sido ya aprobado por el Congreso para ponerlo en marcha antes de que termine este año.

Más de 800.000 multas con la Ley Mordaza

Detrás del elevado número de sanciones que se imponen en España hay una ley que tiene en el consumo de drogas su mayor fuente recaudatoria

Detrás del elevado número de sanciones que se imponen en España hay una ley que tiene en el consumo de drogas su mayor fuente recaudatoria: la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que establece multas de entre 601 y 30.000 euros por tenencia o consumo de drogas en lugares públicos, ya que se consideran como una infracción grave.

El consumo o tenencia de drogas motivó más de 800.000 sanciones en sus seis primeros años de aplicación de la Ley Mordaza, hasta 2020, el último ejercicio del que el Ministerio de Interior ha publicado datos en sus anuarios estadísticos. Sólo en ese año, la recaudación por este tipo de multas alcanzó los 62,5 millones de euros. En 2019, un año antes del comienzo de la pandemia, las sanciones por drogas ascendieron a una cuantía de 115,7 millones, y en 2018, a 116,7.

De acuerdo con estas cifras, en torno al 70% de todas las multas que se imponen por aplicación de la Ley Mordaza tienen su origen en el consumo de drogas en espacios públicos, sobre todo de cannabis, que es la sustancia más consumida en España.

Los grupos de gobierno presentaron en el último trimestre del año pasado unas enmiendas para reformar la ley

Las organizaciones de usuarios de cannabis han denunciado en numerosas ocasiones la persecución que, a su entender, sufren los consumidores con la Ley Mordaza y han exigido su derogación. Los grupos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), presentaron en el último trimestre del año pasado unas enmiendas para reformar la ley, pero los trámites parlamentarios para su derogación o modificación parcial se siguen dilatando debido a las discrepancias sobre diferentes aspectos de la norma entre las formaciones políticas que propugnan su cambio.

El grupo socialista ha propuesto inicialmente rebajar de grave a leve la infracción por tenencia de droga en lugares públicos, lo que supondría reducir considerablemente la cuantía de las multas y dejarlas entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 600. Por su parte, UP ha propuesto que la sanción se aplique únicamente a las drogas que causen un grave daño a la salud, lo que dejaría fuera a sustancias como el cannabis, y también que se supriman las multas por tener plantas que sean visibles desde el exterior de un domicilio, debido a que no se puede determinar su uso ni su composición. Además, este grupo pide retirar la sanción a quienes acrediten un tratamiento de rehabilitación, especialmente a menores de edad, tal como se reconocía en la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, la del ministro José Luis Corcuera.

Un "impuesto encubierto"

La Confederación española de Federaciones Cannábicas, Confac, es una de las más de cien organizaciones que forman parte de la plataforma No somos delito, desde la que se exige la derogación de la Ley Mordaza. Su portavoz, Ana Afuera, sostiene que las sanciones a usuarios de cannabis se han convertido en una especie de "impuesto encubierto" en un país como España, donde se dio el paso de no penalizar el consumo, pero se ha mantenido como infracción administrativa sin haber regulado el uso. "En lugar de regular y cobrar impuestos por una actividad o lo que toque, se han dedicado a poner multas a las personas usuarias, que son las que acaban pagando el pato", explica.

Son pocos los países europeos que utilizan la vía administrativa para sancionar el consumo o la tenencia de drogas en espacios públicos sin necesidad de abrir un procedimiento judicial

Según Afuera, son pocos los países europeos que utilizan, como España, la vía administrativa para sancionar el consumo o la tenencia de drogas en espacios públicos sin necesidad de abrir un procedimiento judicial, ya que la mayoría ha optado por llevar estas infracciones al ámbito penal, lo que explicaría también, en parte, el alto número de multas que se imponen en nuestro país.

A juicio de la Confac, la marcha de las negociaciones entre las formaciones políticas para la reforma de la ley hace presumir que las sanciones por consumo en vía pública no se suprimirán, aunque sí se eliminarán las multas por tenencia y por plantas de marihuana cultivadas en el domicilio que se destinan al consumo propio.

Queda por determinar todavía cómo afectará a la aplicación de la Ley Mordaza en este ámbito la regulación del cannabis medicinal que aprobó el Congreso el pasado mes de junio. El dictamen de la Cámara instó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, órgano del Ministerio de Sanidad, a aprobar en el plazo máximo de seis meses una normativa según la cual el cannabis deberá ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para este uso y dispensado en farmacias hospitalarias, con la posibilidad de que lo hagan también otros profesionales sanitarios y oficinas de farmacia comunitarias.

Según las organizaciones de pacientes, entre 200.000 y medio millón de personas utilizan en España el cannabis como medicina para el tratamiento de diversas dolencias y enfermedades, entre ellas el dolor crónico, la esclerosis múltiple, la fibromialgia o el cáncer. Todas esas personas pueden ser sancionadas actualmente por las fuerzas de seguridad con una multa si vulneran alguno de los preceptos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: estar en posesión de cannabis en espacios públicos o tener una planta de marihuana en el balcón de su casa que sea visible desde la calle, por ejemplo.