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España empeora por segundo año consecutivo en el ranking de la corrupción y se sitúa junto a Cabo Verde o Botsuana

La ONG Transparencia Internacional, responsable de la clasificación, considera se pone de manifiesto que en España "sigue latente" un nivel de factores que inciden en el funcionamiento de las instituciones democráticas.

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El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ofrece declaraciones en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, a 23 de enero de 2023. — Alberto Ortega / Europa Press

Madrid,

España se sitúa en el puesto 35 entre los 180 países en la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, junto con Botsuana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas, y se mantiene en la posición 14 entre los 27 estados miembros de la Unión Europea, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100).

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El informe que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional para medir las prácticas de los gobiernos confirma el empeoramiento de España por segundo año consecutivo, al caer un punto respecto al informe sobre 2021 publicado el pasado año.

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Se trata, tal y como detalla la ONG, de un descenso que no es "estadísticamente significativa", si bien advierte de que una caída por segundo año consecutivo es una "clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo".

Transparencia Internacional considera que esto pone de manifiesto que en España "sigue latente" un nivel de factores que inciden en el funcionamiento de las instituciones democráticas y elevan, por tanto, el "riesgo de corrupción".

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En este sentido, explica que España se ha visto afectada en los parámetros medidos en el Global Risks Report 2022, del Foro Económico Mundial (WEF-GRR), porque le ha dado una peor puntuación en la categoría de pagos irregulares en servicios públicos, exportaciones e importaciones y decisiones judiciales en casos de corrupción.

Por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de que España dispone el Código de Conducta de las Cortes Generales, más de la mitad de los parlamentarios no publican sus agendas institucionales y las que se publican "contienen información absolutamente desigual".

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También destaca la inexistencia de transparencia de las reuniones que mantienen, aspectos todos ellos que, en su conjunto, inciden "en la capacidad de España de seguir avanzando en materia anticorrupción", añade.

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