Este artículo se publicó hace 11 años.
El escrache a Sáenz de Santamaría no fue delito sino libertad de expresión, según el juez
Destaca que no hubo ni violencia, ni amenazas ni coacciones ni invasión de la intimidad de la vicepresidenta. Su marido, el demandante, denunció que se sintieron intimidados al no poder sacar de paseo a su hijo
El escrache realizado el pasado 5 de abril por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en las inmediaciones del domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría , en Madrid, no constituyó delito alguno sino que fue un acto de libertad de expresión y del derecho de manifestación de los congregados, según señala el juez en el auto en el que ha archivado la denuncia formulada por el marido de la vicepresidenta del Gobierno.
Según la resolución del juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, no hubo ni amenazas, ni coacciones, ni violencia, ni se invadió la intimidad de Sáenz de Santamaría, ya que el acto fue pacífico.
El magistrado resalta que, en el caso de las personas de relevancia pública dedicadas a la gestión política, como la vicepresidenta, el derecho a la intimidad cede ante los derechos colectivos de expresión y manifestación, ya que de acuerdo a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio".
Según el marido de Soraya y denunciante, José Iván Rosa Vallejo, desde el interior de la casa, donde acababa de llegar su esposa, y estaba también la madre de ésta, Petra Antón, dando la merienda a su nieto, de 16 meses, oyeron gritos fuera del inmueble como "si se puede, pero no quieren", "Soraya, Soraya, quién te paga tu casa" y "No son suicidios, son asesinatos".
Además, el marido de la vicepresidenta declaró que no pudo sacar esa tarde a su hijo de paseo por la calle como es habitual, y que el chico rompió a llorar y su abuela se lo tuvo que llevar lejos del salón por los gritos de los concentrados. Ambos declararon al juez que se sintieron intimidados.
En el auto, que archiva la denuncia contra 29 personas, entre ellas el exsecretario general del PP Jorge Verstrynge y la portavoz de la PAH, Ada Colau, se destaca que la manifestación fue pacífica y sin armas, y que el derecho de libertad de expresión ampara incluso consignas que pudieran ofender o perturbar.
Sober la decisión del juez, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el "respeto" que muestra "siempre" por todas las decisiones judiciales.
La número dos del Gobierno ha mantenido que no conocía la decisión del juez y ha hecho hincapié en que a ella no se le ha notificado el archivo de la causa, entre otros motivos porque el denunciante fue su esposo y ella ni siquiera fue llamada a declarar como testigo.Tras asegurar que dará sus argumentos cuando conozca el fallo judicial -"no me haga usted hablar de lo que no tengo confirmado", ha aseverado- Sáenz de Santamaría ha reiterado su respeto por todas las decisiones judiciales.
"Siempre respeto las decisiones judiciales, las que me afectan a mí y las que puedan afectar al Gobierno, pero yo no le puedo decir más porque no sé, ni sé tampoco los argumentos", ha concluido.
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