En un mes que arranca marcado por la imputación de dos expresidentas de la Comunidad de Madrid en la trama corrupta Púnica (Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes), el PP ha taponado una de sus vías de agua en relación con su gestión de los departamentos de Vivienda en distintas administraciones, sea en el Ayuntamiento o en el Ejecutivo autonómico.

Estos son algunos de los casos en los que destacados políticos del PP se han visto envueltos en polémica o arrastrados ante los tribunales por su gestión en estas carteras, a menudo en relación con la venta de vivienda pública. Y sólo hace referencia a Madrid.

Almeida veta recurrir el archivo de la venta de vivienda a fondos Buitre

La tensión ante la falta de gobierno y los reiterados fracasos de las reuniones entre el PSOE y Unidas Podemos acaparan todos los focos, si bien la pasada semana el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid tomó una decisión muy cuestionada.
José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la capital, lanzó un salvavidas a Ana Botella, exalcaldesa, así como a Concepción Dancausa, exconsejera de Economía y Hacienda: anunció que no recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a ambas políticas del PP por la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre.

El Tribunal de Cuentas sí las había condenado en primera instancia. Los dos votos a favor de revocar la sentencia los emitieron, además, dos exconsejeros propuestos por el PP, entre ellos una exministra del Gobierno de José María Aznar –marido de Botella-, Margarita Mariscal de Gante.

Botella estaba al frente del Ayuntamiento cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, y hoy es viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Ambas fueron condenadas en primera instancia por este Tribunal, que concluyó que el Gobierno de Botella vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Con todo, y entre críticas de la oposición, Almeida cesó a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), Paloma Arranz. La letrada es quien ha seguido el procedimiento, quien preparaba el recurso de casación –que además requiere cumplir una serie de requisitos técnicos para ser tomado en cuenta-, y quien conocía en detalle esta causa.

Imagen de archivo de la sede de la EMVS de Madrid. EFE.

Para justificarse, el alcalde de Madrid afirmó que no pensaba derrochar dinero público en “venganzas estériles”. La realidad es que Arranz ya estaba en nómina, por lo que no habría sido necesario pagar nuevos salarios y, según fuentes de la EMVS, los únicos costes en los que incurriría el Consistorio serían los honorarios de un procurador, algo que no pasaría de algunos miles de euros, estiman.
El agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue, según el propio Tribunal de Cuentas, fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

Dos exdirectores generales de Vivienda de Aguirre y la venta anulada de viviendas a Goldman Sachs

En junio de este año, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la causa penal por prevaricación y malversación sobre la venta de cerca de 2.935 viviendas del Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013. Los recursos de la Asociación de la Lucha contra la Corrupción (Corruptil) y de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid, en enero, no modificaron el criterio de la Audiencia, que dio carpetazo.

Entre los investigados en esta causa estaban el exdirector general de Vivienda y exdirector gerente del IVIMA, Juan Van-Halen, así como su predecesora en la Dirección General de Vivienda, Ana Gomendio.

Además, se da la circunstancia de que este archivo se conoció escasos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmase la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 29 de Madrid, que anulaba la operación. Este juzgado ya consideró que la venta “no se ajusta a derecho”, y no estaba justificada por ningún “informe o análisis complementarios de carácter técnico, financiero y legal”.

"No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna", reza la sentencia.

Esto es; mientras un tribunal archivaba la causa por supuesta prevaricación y malversación, otro confirmaba la nulidad de esta operación. Las viviendas fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20% más que el precio originalmente fijado de salida, 168,9 millones.

Un imputado en Púnica, asesor de Vivienda con Ayuso

La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que apenas lleva un mes en su cargo, ya se ha visto cuestionada por su relación con AvalMadrid –entidad semipública controlada por el poder político, que será objeto de una comisión de investigación en la Asamblea próximamente-, mientras insiste en vender la imagen de un Ejecutivo autonómico renovado.

Lo cierto es que varios de sus nombramientos ya han sido cuestionados –como el de Dancausa-, pero eso no ha impedido a Ayuso dejar la Consejería de Vivienda que ahora dirige David Pérez a un investigado por la trama Púnica. Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares, también expresidente de la Federación de Municipios de Madrid, pasará a cobrar un sueldo de entorno a 57.000 euros por su labor de asesor.

González está entre los cinco exalcaldes madrileños que, según investiga la Audiencia Nacional en una de las piezas de la Púnica, podrían haberse repartido un millón de euros con contratos “amañados” de eficiencia energética.

"Estos contratos incluían cláusulas que obligaban a la compañía –Cofely- a abonar partidas sospechosas a terceras empresas", recoge el auto del juez Manuel García Castellón. También apunta que estos gastos supuestamente eran generados “por los trabajos que había necesitado el departamento de 'back office' para poder llegar a ganar esa adjudicación”, si bien en realidad eran "conceptos ficticios", con "la finalidad de desviar fondos de la adjudicación".

A su vez, cuando ejercía como alcalde de Alcorcón, y según El País, no quiso hacerse cargo de 93 mayores que iban a perder sus viviendas a causa del plan Permuta.

La comisión de investigación sobre la EMV de Rollán, frenada por el PP de Torrejón

Pedro Rollán, último de los tres presidentes de la Comunidad de Madrid en la legislatura 2015-2019 -tras la dimisión de Cifuentes y Ángel Garrido-, también se vio envuelto en la polémica por su gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda de Torrejón de Ardoz, durante su etapa como alcalde. En este caso, por el momento el político del PP ha logrado salvar los muebles.

En 2016, el Ayuntamiento de esta localidad vetó la puesta en funcionamiento de una comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión de la EMVS. Estas irregularidades, denunciadas por la Cámara de Cuentas, generaron una deuda con Hacienda de más de un millón de euros.

La iniciativa partió del grupo municipal Ganar Torrejón, recabó los apoyos de PSOE y Sí se puede, pero fue tumbada por la mayoría absoluta del PP en el Consistorio. El entonces consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de Cristina Cifuentes y futuro presidente madrileño fue acusado de gestionar de forma opaca.

En marzo de este año, eldiario.es publicó que el Ayuntamiento de Torrejón también ha tenido que desembolsar 23 millones de euros por la construcción de tres edificios inaugurados en 2011. Según Rollán, entonces alcalde, no iban a costar ni un euro a las arcas públicas.