Íñigo Errejón presentó la segunda parte de su programa este martes con tres de sus gurús económicos: el diputado madrileño Eduardo Gutiérrez; el número uno de Más País en Asturias, Segundo González; y la responsable de la parte de feminismo, Laura Carenas. En él incluyen muchas de las medidas sobre las que se ha preguntado estas semanas: paralizar la privatización de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) para que sean entidades financieras públicas, crear una renta básica universal, derogar de la reforma laboral del PP, blindar la subida de las pensiones, aumentar el SMI o impulsar una reforma fiscal progresiva.

"La semana pasada presentamos la primera pata de nuestro programa — un acuerdo verde para España —, ahora presentamos la segunda: el programa económico para un país más justo", indicó Errejón durante el acto de presentación en Madrid. 

El programa incluye la creación de una banca pública "para una transición ecológica justa" al considerar "necesaria la existencia de entidades de carácter público que garanticen derechos financieros". Para esto proponen transformar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en “un verdadero banco de inversión verde”, paralizar la privatización de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) y convertirlas en entidades financieras públicas y la "recuperación de la banca rural" para “la inclusión financiera de la población en localidades donde la figura de la oficina o el cajero automático han desaparecido”.

Subir rentas de trabajo de 60.000 y de ahorro de 50.000

Más País se compromete a establecer nuevos tramos adicionales en el IRPF para las rentas más altas, aunque no concretan sobre las cantidades que se establecerán estos tramos sí que apuntan desde el partido que se añadirían a partir de los 60.000. Sí ponen más importancia en la equiparación fiscal de las rentas de capital y trabajo para  acabar con el "tratamiento fiscal privilegiado" que se de a las rentas de capital sobre trabajo desde la reforma de 2006. Esto consistiría en subir las rentas de capital y ahorro que superen lo 50.000 euros. La otra novedad del apartado fiscal es un nuevo impuesto a las fortunas particulares con más de 2,5 millones de euros con una tasa entre el 1,7 y el 2% sobre la riqueza individual, con carácter progresivo y a través del impuesto de patrimonio. Lo llaman "Impuesto a los ultrarricos" y se calcula que se obtengan con esto unos 10.000 millones anuales.

También especifican la revisión del régimen fiscal de las SOCIMIS sobre las que proponen establecer un tipo efectivo del 15% para "los beneficios no distribuidos por la entidad" quedando exentas las "rentas obtenidas de inmuebles arrendados a precios asequibles de alquiler regulados" y se establece el tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos de las SICAVS. 

Sobre el impuesto de Sociedades proponen establecer un tipo efectivo mínimo del 15% sobre el beneficio contable de los grupos empresariales y disminuir el tipo nominal para las pequeñas empresas del 25% al 23. Además, aspiran a "recuperar el rescate bancario" y para ello proponen incrementar en 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto de sociedades. Y sobre el Impuesto de Patrimonio subiendo al 3% a las 6.000 personas con más de seis millones de patrimonio. 

También harían una reforma del IVA que consiste en: reducir el tipo en los productos de higiene femenina y en los pañales, aplicar el IVA superreducido (4%) a los productos alimenticios sin gluten, suprimir el tipo reducido las importaciones de objetos de arte, colección y antigüedades y a las corridas de toro y elevar el IVA al transporte aéreo y a las bebidas alcohólicas consumidas en establecimientos de hostelería y restauración. También dicen que estudiarán tarifas progresivas para los consumos de bienes básicos en la vivienda principal del contribuyente para los consumos "necesarios".

Derechos laborales y regulación del alquiler

Sobre los derechos laborales, además de la derogación de la reforma laboral del PP, inciden en la reducción de la temporalidad limitando la contratación temporal general a una duración mínima de 30 días y extendiendo la indemnización a 33 días para todos los contratos temporales. También se comprometen a regular los contratos de prçacticas revisando la normativa actual relativa a las prácticas académicas y "procediendo a la laboralización de las prácticas extracurriculares en su inclusión en el contrato en prácticas", a realizar una revisión de las causas de despido y a reforzar las inspecciones de trabajo.

Además, incluyen un apartado concreto sobre la economía de plataforma como los 'riders'. En el programa aseguran que recogerían de forma explícita "las nuevas relaciones laborales" en el Estatuto de los Trabajadores para reforzar su naturaleza de trabajo por cuenta ajena y garantizar así sus derechos laborales y sindicales. 

Otro gran objetivo es la regulación del precio de los alquileres desarrollando un índice de precios público como referencia y delegando en las autonomías o ciudades con más de 100.000 habitantes la posibilidad de regulación de precios.

Renta básica, subida del SMI y prestación por hijo

Errejón recupera una de las medidas que siempre ha defendido: una renta básica universal e incondicional. La propuesta pasa por una renta que garantice un suelo de ingresos a todas las personas que se encuentren por debajo de los 600 euros. La cuantía se establecería por la unidad de convivencia siendo 600 euros en el caso de una sola persona sin ingresos y se iría incrementando por persona adicional hasta un máximo de 1.200 euros. 

La propuesta del aumento consistiría en alcanzar los 1.000 euros en 2020 y los 1.200 a final de la legislatura. Mientras que la prestación por hijo a cargo hasta los 16 años será universal y progresiva: se empezaría ampliando “la base de familias receptoras hasta el 50% de familias españolas, las más vulnerables” y se aumentará gradualmente hasta “alcanzar el 100% de las familias en 10 años para convertirla en un derecho universal”.

Lucha contra el fraude y puertas giratorias

Errejón se compromete con acabar con las puertas giratorias modificando la Ley de Incompatibilidades para ampliar hasta 5 años el periodo de incompatibilidad posterior al cese durante el cual serán de aplicación las limitaciones establecidas en la ley.

Además, aseguran que serán implacables en la lucha contra el fraude fiscal limitando el recurso a las amnistía fiscales, reduciendo el umbral para considerar delito de fraude tributario a los 50 000 euros y modificar los períodos de prescripción de las deudas tributarias para aumentar los años desde los cuatro hasta los siete en casos de infracciones tributarias muy graves o delito contra la Hacienda Pública.