ERC encarrila la negociación con la CUP y acelerará para intentar conseguir un acuerdo de Govern antes del 12 de marzo

"Las negociaciones van bien, pero lentas". De esta forma resumía un destacado miembro de la delegación negociadora de Esquerra las primeras dos semanas de negociación después de las elecciones del 14F para conseguir la investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat, pero también para la formación del nuevo Govern y la articulación de una mayoría estable de legislatura. Y es que el tiempo se echa encima respecto a una primera pero decisiva marca en el calendario, el 12 de marzo. En esta fecha se agota el plazo de veinte días laborables que la legislación fija para la constitución del nuevo Parlament y por tanto para la elección del president o presidenta de la cámara.

En ningún sitio está escrito que las negociaciones no puedan continuar una vez constituido el Parlament, ya que el calendario fija el 26 de marzo como plazo para la presentación de candidatos a la investidura. E incluso una investidura frustrada como podría ser la del socialista Salvador Illa –el PSC mantiene viva la opción de presentarse a la presidencia como fuerza más votada- abriría un periodo de dos meses para alargar las negociaciones. Pero a nadie se le escapa que con la constitución de la Mesa del Parlament se cerrarán determinados acuerdos que incidirán directamente en la negociación para el nuevo Govern.

Con este escenario sobre la mesa, la disputa por la presidencia del Parlament, especialmente entre Junts y la CUP, planea sobre las negociaciones entre las fuerzas independentistas. Y desde ERC apremian a cerrar un acuerdo marco que incluya todas las derivadas antes del día 12: Parlament, Govern y presupuestos. Para lo cual los republicanos quieren intensificar los próximos días los contactos con Junts y la CUP y acelerar las negociaciones antes de entrar en la última semana de plazo que ya se perfila como de infarto y de discusión hasta última hora.

ERC pone sus propuestas sobre la mesa

En este sentido ERC ha definido una serie de prioridades negociadoras para formar Govern -que plantea absolutamente paritario- divididas en 4 ejes. En primer lugar, situa el plan de rescate social en el cual propone un plan de empleo y emancipación juvenil, un plan de choque contra la pobreza, garantizar a todos el acceso a los servicios básicos: como el agua, la luz y el gas, subvención para los productos de higiene femenina vinculados a la menstruación, plan integral de salud mental y emocional y plan de choque de vivienda digna y establecer una "cruzada" contra los desahucios.

En el segundo eje está el plan de reconstrucción y transformación del país que incluye un plan de reactivación económica y social a partir de los fondos europeos y centrado en la digitalización, investigación y la salud: hospital. Fortalecimiento del sector público. Gratuidad de la educación de 0-3 años. Plan nacional de transición ecológica, establecimiento de una agenda Rural. Actualización del modelo de orden público, y doblar el presupuesto en cultura. Como tercer eje los republicanos plantean un pacto antifascista y por los derechos y las libertades. Y en el cuarto se centran en el campo independentista proponiendo reanudar la vía de la negociación para hacer posible el referéndum.

Nombres para la presidencia del Parlament

Se dé el Govern que se dé, en circunstancias normales la presidencia del Parlament debería ser para la segunda fuerza del Ejecutivo, que será con toda probabilidad Junts. Con 32 diputados está a mucha distancia de la CUP o de En Comú Poden en el improbable caso que se incorporaran a un cuadripartito tal como reclama Esquerra. Así lo exige la formación de Puigdemont en la torna de la presidencia republicana de Roger Torrent de la legislatura pasada.

Junts aún no tiene decidido qué dirigente de la formación optaría a la presidencia del Parlament. Podría ser la propia jefa de filas, Laura Borràs, que aún no ha decidido cuál será su rol en esta legislatura. Sus opciones están entre la presidencia de la cámara o la vicepresidencia del Govern, pero algunas fuentes tampoco descartan que se quede como presidenta del grupo parlamentario a la espera de la resolución de su juicio por presuntas irregularidades contables cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

En caso de que Borràs no opte a la presidencia del Parlament, en Junts se especula con nombres alternativos como la actual consellera de la presidencia en funciones, Meritxell Budó o la diputada de Girona, Gemma Geis, una de las personas de máxima confianza de Carles Puigdemont. También suena el abogado y actual diputado en el Congreso, Jaume-Alonso Cuevillas. El actual vicepresident del Parlament, Josep Costa, mantiene aspiraciones, ya que aunque no ha sacado acta de diputado entrará con la prevista renuncia de Carles Puigdemont. Pero su nombre está muy cuestionado por los socios de ERC después de ser la persona que ha capitaneado el hostigamiento continúo a los republicanos durante los últimos tres años.

La presidencia de Junts sería lo lógico, pero un cambio en la estrategia de la CUP, históricamente reticente a asumir responsabilidades institucionales, ha alterado la ecuación convencional. Las negociaciones de la CUP con ERC parecen bien encarriladas y aunque se mantiene el hermetismo sobre las conversaciones, el buen tono de las comparecencias indica que hay avances significativos. La CUP ha situado como una "prioridad" en la negociación la apuesta por un "plan de rescate" que dé respuesta a la crisis, así como la garantía de unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos. En este sentido, el diputado Carles Riera reclama "construir" las bases de un "nuevo país" de acuerdo con los derechos de libertad, igualdad, feminismo y transición ecológica. "Queremos que las instituciones estén al servicio de estos objetivos", manifestó. El diputado cupaire también ha exigido la "reanudación" del camino hacia la autodeterminación y la "ruptura democrática" y ha pedido al Parlament y al Govern un "giro radical" de 180 grados y un "muro de protección" en favor de los derechos sociales, civiles y políticos.

ERC está abierta a explorar la mayoría de las demandas de los anticapitalistas, pero les pide que se incorporen al Ejecutivo. El debate interno sobre esta incorporación será duro en las asambleas de la CUP, pero con una mayoría proclive a no hacerlo. En lo que hay una posición claramente fijada por parte de los cupaires es en situar la Mesa del Parlament en el centro de las negociaciones. La CUP considera que este órgano tendrá un papel "fundamental" a la hora de aplicar un "pacto antifascista" después de la entrada de Vox y garantizar el debate parlamentario "sin restricciones". No se puede obviar que este mismo lunes la fiscalía ha presentado una querella contra Torrent y los miembros independentistas de la última Mesa del Parlament por dar curso al debate de mociones sobre el derecho a la autodeterminación o sobre la corrupción de la monarquía española.

La CUP quiere que el Parlament garantice este tipo de actuaciones al margen de las presiones judiciales del Estado y "si este es el enfoque, nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades", asegura el diputado Carles Riera, que es uno de los nombres que se barajan por parte de la CUP para presidir el Parlament, junto a la presidenciable en las elecciones, Dolors Sabater. Aunque Riera también asegura que el cargo no será un problema: "No es una cuestión de sillas". Otra cosa es que fuentes de la CUP apuntan que lo que es irrenunciable es formar parte de la Mesa, aunque veremos en qué posición. La distribución que ahora mismo se plantea es: de los siete miembros, son dos para el PSC, dos para ERC y dos más para Junts. El séptimo miembro seria para la CUP vetando así el acceso al cuarto grupo de la cámara, que sería Vox. Tampoco es descartable que ERC acabe cediendo un puesto a En Comú Podem, ya que la mayoría independentista quedaría igualmente preservada y se podría supeditar a futuros acuerdos presupuestarios.

Acuerdos con la CUP en materia policial

El otro dardo envenenado que ha impactado de lleno en las negociaciones es el del debate sobre el modelo policial de los Mossos y su actuación en las protestas y disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Desde la CUP se exige aceptar la necesidad de un replanteamiento del modelo de orden público en Catalunya como condición sine qua non para avanzar en la negociación. Pero los propios anticapitalistas aseguran que hay una buena entente con ERC y de hecho se muestran más reticentes con las posiciones de Junts, a quién instan a "seguir el ejemplo de Esquerra". La propia Dolors Sabater ha asegurado este lunes que ya hay un acuerdo en tres criterios: "Una moratoria de las balas de foam; que la Brimo –unidad antidisturbios de los Mossos- no vaya a los desahucios, y retirar las acusaciones de la Generalitat contra los activistas juzgados por participar en protestas" y acusados en ocasiones de agresiones a los Mossos. Una afirmación que ERC ha querido matizar en boca de su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, que ha asegurado que lo que han pactado son "líneas de trabajo" para acordar propuestas sobre el modelo de orden público. La dirigente republicana ha avalado, eso sí, reformar el modelo para "garantizar derechos" y para combatir "abusos". Y aunque quizás Sabater se haya precipitado en dar por acordados algunos puntos de difícil ejecución, queda clara la sintonía entre las dos fuerzas de izquierdas del independentismo.

En el resto de materias, como el plan de choque social, las fuentes de ERC consultadas ven avances y perspectivas, pero de momento poca concreción. Aunque aseguran que "hay coincidencia en lo básico, situar a la gente en el centro de la acción política". Desde ERC se apunta que el acuerdo es viable en temas como vivienda o asegurar determinadas prestaciones sociales. En el terreno independentista, una de las principales demandas de la CUP es la celebración de otro referéndum de autodeterminación el 2025. ERC se muestra partidaria de situar el referéndum como uno de los objetivos del Govern, pero sin fijar fechas que consideran "imposibles de cumplir sin repetir un escenario como el del 1-O". Los republicanos consideran que "no tiene sentido volver a hacer lo mismo, hay que buscar la manera de conseguir el referéndum que demanda la mayoría de la sociedad catalana, pero para que el resultado pueda ser efectivo". En definitiva, en la negociación cabría aplicar la máxima del e pur si muove –y a pesar de todo avanza-. Aunque las fuentes consultadas de ERC insisten en recordar que "un acuerdo es un todo y no se puede dar por cerrado ningún punto en concreto por avanzado que esté hasta que la negociación entera se dé por concluida".

Respecto a la negociación con Junts, avanza pero en un marco más genérico. Lo que sí tiene muy claro la dirección de ERC es que no se puede dar un nuevo Govern en que Junts mantenga su política de acoso y derribo contra Esquerra como ha hecho durante toda la anterior legislatura. Para evitarlo, desde Junts y ERC se negocia un "acuerdo estratégico" para avanzar hacia la "constitución de la República Catalana". La portavoz de Junts, Elsa Artadi, también planteaba este mismo lunes a raíz de la querella contra la Mesa del Parlament: "Entendemos que hay que establecer un marco de protocolo y directrices ante los ataques porque habrá más. Llamamos a acordar cómo actuaremos para defender la soberanía del Parlament y abandonar un Parlament sumiso que no ha representado a la ciudadanía de Catalunya".

Las negociaciones en el caso de Junts también incluyen la repartición de carteras del Govern. Y aunque las partes aseguran que esta cuestión no está sobre la mesa aún, las primeras informaciones indican que los republicanos asumirían la conselleria de la Presidència y la de Interior, ahora en manos de Junts. Mientras que los de Laura Borràs tendrán la Vicepresidència pero con atribuciones de Acció Exterior e incorporarían Salut y Justícia ahora en manos de los republicanos. Aragonès quiere tener el control sobre los números manteniendo Economía y tener una consellera de ERC al frente de la nueva conselleria de Feminismes. Quedaría por ver el resto de departamentos u otros de nueva creación como el de Acció Climàtica. Una distribución que queda a expensas de la decisión final de la CUP sobre la entrada o no en el nuevo Govern.

El PSC cierra la puerta a un Govern ERC-Comuns

Así la cosas, como ya informó Público, se abre paso un nuevo Govern netamente independentista. Porque si el posible tripartito de izquierdas con presidencia del PSC estaba muerto antes y después de las elecciones del 14F, el tripartito en diferido que reclama En Comú Podem ha visto como hoy se estrellaba contra el muro del PSC. Si los Comuns pedían a los socialistas que se comprometieran en dar apoyo exterior a un Govern formado por ERC i ellos mismos, el PSC ha sido tajante al abortar esta operación. Según la portavoz del partido, Eva Granados, el PSC no votará a favor de una presidencia de ERC, si no que en todo caso tendría que ser al revés "ya que somos nosotros los que hemos ganado las elecciones".

La conclusión del momento actual de las negociaciones podría ser que el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, tiene garantizada la investidura como nuevo president alrededor del día 26 de marzo. Bien sea un poco antes en primera votación o dos días después en segunda por mayoría simple. Las fuentes consultadas tanto de Junts como de la CUP lo dan por hecho. Un veterano e influyente militante de los anticapitalistas asegura que "a pesar de las discrepancias que pueda haber, Aragonès no despierta los recelos que en su día generaba Artur Mas". Más reticentes se muestran en los Comuns que verían muy complicado avalar por activa o por pasiva a Aragonès si se presenta con un acuerdo bajo el brazo con Junts. Otra cosa será como llega Aragonès a la presidencia, si con un acuerdo tripartito independentista bajo el brazo que le garantice la estabilidad con la CUP o con una investidura que le obligue a reeditar un Govern en minoría con Junts y a utilizar la geometría variable en cada votación del Parlament, sudando la camiseta para cada proyecto legislativo que se impulse.