Entrevista Juan Marín: "Los votos de Cs no van a servir para dar ni un solo paso atrás en igualdad"

Juan Marín, el próximo vicepresidente de la Junta de Andalucía, atiende a Público en las horas previas a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente. Es un hombre de maneras amables y hablar reflexivo, amante del cine clásico, que desprende cierta calidez.

Marín se va a convertir la semana próxima, cuando acceda a su cargo definitivamente, en el dirigente con mayor poder institucional de su partido, Ciudadanos, que con él inaugura un nuevo ciclo. Después de cuatro años trabajando desde los parlamentos, apoyando diversas presidencias, Albert Rivera ha decidido ahora entrar en un Gobierno autonómico por primera vez mediante una coalición con el PP.

Para hacerlo en Andalucía, para acabar con la hegemonía socialista en la Junta de Andalucía la apuesta es de muy alto riesgo: consentir el abrazo de la ultraderecha que, después de 40 años, ha regresado a las instituciones con voz propia.

Su partido, Ciudadanos, ha estado tres años y medio apoyando al PSOE de Susana Díaz, y ahora, tras los comicios del 2 de diciembre, ha elegido construir con el PP, aun a costa de tener que hacerlo con los votos del partido de ultraderecha Vox.

La otra opción, a la vista de los números, era hacerlo con el PSOE y esperar algún entendimiento con Adelante Andalucía. Sin embargo, Marín había empeñado su palabra. No haría de nuevo presidenta a Díaz, había dicho. Su relación personal con Díaz es hoy inexistente. Da la impresión de que a Marín, quien asegura que Díaz le ha retirado el saludo, le sorprende, pero asegura que cuando quiera la expresidenta hablará con ella.

En esta entrevista, Marín se muestra muy consciente de que la ocasión que tienen por delante es única y que, más tarde o más temprano, deberán de refrendarla los y las votantes en las urnas. “O lo hacemos bien y cumplimos o en cuatro años nos tendremos que ir para casa, porque los ciudadanos no son tontos”, considera.

Es también consciente de que el discurso -el fondo- y las maneras -la forma- de Vox han causado gran preocupación en buena parte de la población. Marín sabe que los sufragios de centro izquierda - al menos 100.000 en Andalucía, según los expertos- que obtuvo el pasado 2 de diciembre, a la mínima concesión inasumible a Vox, los va a perder. Por ello, además de por su propio convencimiento personal, garantiza, en esta breve conversación con Público, que con sus votos, los de Ciudadanos, no se va a producir ni un paso atrás en los derechos de nadie y que no se van a derogar las leyes de igualdad ni contra la violencia machista.

¿Es usted feminista?

Sí. Desde hace muchísimos años siempre me he preocupado de la labor de la mujer, especialmente en el deporte [Marín ha sido entrenador]. Siempre he peleado porque esa igualdad fuera plena. En ese sentido, siempre me he declarado feminista.

¿Usted puede garantizar que los votos de Ciudadanos no van a servir para modificar nada relacionado con estos asuntos?

Los votos de Ciudadanos no van a servir para cambiar ningún derecho adquirido. Y menos todavía en materia de violencia de género, en temas de igualdad. Creo que eso ha quedado bien claro en la pasada legislatura. Ahora vamos a seguir manteniendo la misma posición. Por eso en el acuerdo con el PP se ha hecho reflejar expresamente esa garantía y ese compromiso. En ese sentido, ni un paso atrás en derechos.

¿Cree que el feminismo tiene razones para estar preocupado?

En el mensaje que Vox lanza de querer derogar la ley de Igualdad, la ley de Violencia de Género, entiendo esa preocupación. Pero Vox, igual que cualquier fuerza política, para sacar adelante cualquier asunto, necesita una mayoría. Y esa mayoría no existe.

Si llega al Parlamento la Ley de Concordia que han pactado Vox y PP para sustituir a la de Memoria Democrática, ¿qué va a votar Ciudadanos?

Nos abstuvimos en el Parlamento cuando se trajo la Ley de Memoria, que se aprobó con los votos de PSOE, Podemos e IU y con nuestra abstención y la del PP. ¿Y por qué lo hicimos? Porque el texto que presentó el PSOE no era el que compartíamos. Siempre dijimos que no queríamos una ley de venganza, sino una que hiciera justicia con las víctimas y con sus familiares. Vamos a mantener la misma posición. No vamos a cambiarla. La Ley  que he leído que se anuncia no sé qué contenido tiene. Todo este debate forma parte también de que alguna fuerza política, como Vox, tiene que aterrizar en las instituciones y darse cuenta de que las iniciativas de cada uno de los grupos se aprueban o no. Cuando ese texto lo propongan, supongo que será una proposición de ley de dos grupos parlamentarios, supongo, conoceremos el texto. Entonces actuaremos igual que hemos hecho siempre. Analizamos, si vemos que no es asumible, votaremos en contra, si podemos hacer enmiendas, y esa ley se puede cambiar, votaremos a favor. No nos podemos pronunciar a favor de un texto que ni siquiera conocemos.

¿No va a salir del Gobierno la Ley de Concordia, por tanto?

Ciudadanos no va a plantear un proyecto de Ley de Concordia. Es un acuerdo de PP y de Vox. Y Vox tendrá que recabar los apoyos, si quiere sacar adelante una ley, igual que Moreno Bonilla tuvo que recabar los apoyos para su investidura. Pero Vox y el PP no suman 55 escaños para sacar una proposición de ley, en este caso, en el Parlamento de Andalucía.

Mientras que la ley no se derogue sigue en vigor. Las familias que buscan a su gente tienen sus derechos.

Por supuesto. Y los recursos. Lo curioso es que esta Ley de Memoria, el PSOE solo la dotó en el presupuesto con un millón de euros. Tampoco le dio una importancia al proyecto de ley como creemos que debería tenerlo. Por supuesto que se va a seguir haciendo justicia y no se va a derogar absolutamente nada. Eso forma parte más de esa puesta en escena que el PSOE está queriendo llevar a cabo para movilizar, para iniciar una legislatura de forma agitada, cuando la normalidad debería ser lo que imperase. Hablamos de una alternancia política que ha existido en todas las instituciones de este país en democracia. Yo escucho, soy muy prudente. Puedo entender la preocupación, sí, pero después la realidad es la que es. Y lo iremos viendo en los próximos meses y en el desarrollo de la legislatura.

¿Está previsto aumentar el presupuesto para los colegios concertados?

La educación concertada se financia con fondos públicos. La educación pública tiene por un lado la educación pública, gratuita, y por otro lado, la concertada que también es pública y gratuita, y en la que la administración participa con fondos públicos con entidades privadas. Esa es la concertada. No se pueden diferenciar. Tampoco estamos por la escuela diferenciada que plantean algunos [Vox y PP].

¿No está usted por la diferenciada?

No. En absoluto. Independientemente de eso, lo que queremos hacer es dotar la educación pública, toda, la concertada incluida. Se trata de dotar a la Consejería de Educación de los recursos necesarios para tener una oferta educativa que realmente responda a lo que se está demandando también en el mercado laboral. Estamos hablando también de la Formación Profesional dual que puede dar salidas laborales a muchos jóvenes. Desgraciadamente, tenemos la tasa de paro juvenil más alta de este país. Recursos para tener una educación pública de calidad, garantizada,  de la que la concertada también forma parte.

Algunos están demonizando la concertada. Mis hijos fueron a un colegio que está enfrente de mi casa, que es concertado, porque cuando solicité las plazas era el que estaba más cerca de mi casa y me mandó la Delegación Provincial allí. Ahora, usted quiere una educación privada, pues páguesela usted. Es que son dos cosas diferentes.

Lo que queremos es ser capaces de acabar con esas situaciones que se producen en muchos sitios, en que las aulas no están debidamente acondicionadas, esas caracolas, que se han reducido en estos cuatro años. Y también es cierto que cuando hay una obra hay que poner las instalaciones para que no se interrumpan las clases. Esto tiene que formar parte de la normalidad.

Vamos a tener una especial atención a la educación, porque creemos que la educación, en este caso, tiene que garantizar el derecho a la formación de nuestros jóvenes y, sobre todo, convertirse en una herramienta de cohesión y desarrollo social fundamental en una sociedad del siglo XXI. Hemos planteado un pacto educativo para una generación de andaluces. Y en eso no hemos encontrado apoyo en la pasada legislatura.

Uno de los grandes problemas para haber llegado a unos consensos educativos duraderos en este país es la relación con la Iglesia Católica.

Independientemente de eso hay una realidad. Los concertados están y están a veces en lugares donde no está la pública. Y en otros casos, cuando ha habido pública, se ha priorizado la pública sobre la concertada a la hora de la admisión de alumnos. Lo hemos visto en esta última legislatura. Creo que hay normalidad en ese sentido.

¿Y colegios públicos donde se necesiten? ¿Se van a hacer?

Hay que hacerlos con un plan educativo. Yo no puedo hacer un centro porque el alcalde de esa ciudad sea amigo mío. Y muchas veces se ha estado actuando así. Hay hospitales en Andalucía -no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero hay ejemplos- que a día de hoy no se han abierto, porque no hay recursos, pero se han construido. Y hay centros educativos que tenían dos líneas y se han quedado en una porque no hay alumnos. Las cosas hay que hacerlas con criterio, con orden y atendiendo a criterios de calidad educativa, no a criterios políticos.

Juan Marín, en un retrato de Laura León

¿Cómo pretenden cuadrar servicios públicos de calidad con bajadas de impuestos?

No hay más que ver los resultados de 2016, 2017 y 2018 en la recaudación de la Junta de Andalucía. Cuando se crea empleo, se genera, vía IVA, por el consumo, y vía IRPF. La fórmula para crear empleo es crear las condiciones para que ese empleo se pueda producir. En la CCAA más asfixiada por impuestos en este país, ha quedado claro que nunca con esa fórmula se han podido reducir las tasas de paro. Hace tres años y medio entra Ciudadanos en el Parlamento. Y llevamos a cabo una reforma del IRPF en los tramos autonómicos, que afecta a casi dos millones de trabajadores, no autónomos, trabajadores.

¿Será lineal la reforma?

La hicimos progresiva en estos tres años y medio. Y el plan es continuar con esa bajada, progresiva, hasta los 3 puntos y medio. El PSOE en la anterior legislatura ya hizo esa rebaja. Siempre es progresivo en función de los ingresos. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que ocurre es que ahora queremos pasar de los dos puntos hasta los tres puntos y medio, porque eso es lo que nos va a hacer más competitivos y que haya más dinero en el bolsillo. Esto significa más dinero en el bolsillo del trabajador y que la empresa también tenga más facilidad para poder contratar y crear empleo.

Si hay más gente trabajando, hay más dinero en circulación, se genera más riqueza y puedes comprar una botella de agua, por decir algo muy simple y generas IVA, con esa compra y también IRPF, porque estás trabajando. El 80% de la financiación de la CCAA viene del IVA y del IRPF, no viene de sucesiones, ni de actos jurídicos documentados, de transmisiones patrimoniales. Viene de ahí. Y se ha demostrado en estos tres años y medio que bajando el tramo autonómico del IRPF, bajando el tramo autonómico de Sucesiones y Donaciones, que la recaudación ha aumentado en 700 millones de euros y las tasas de paro han bajado. Y nos decían que íbamos a agujerear el sistema del bienestar.

Y en estos tres años y medio, cuando se han bajado los impuestos, hemos incrementado en 1.300 millones de euros los recursos para la sanidad pública y ene 580 millones los recursos para la educación pública. Es muy sencillo. Nos vamos a la liquidación y eso está en la Cámara de Cuentas. Cuando Ciudadanos entró en el Parlamento, la Junta tenía 29.000 millones y ahora 35.000. ¿De dónde salen? Porque el Gobierno no ha hecho reforma del sistema de financiación de las CCAA, como ya nos han dicho la señora Montero y el señor Sánchez.

Y sobre la calidad del empleo, ¿Cómo piensan incidir?

Tenemos que exigirle a las empresas que cumplan los convenios colectivos. Ahora se ha llevado a cabo una subida del SMI por parte del Gobierno de España, un salario mínimo de 900 euros y eso tendrá también su repercusión en la calidad del empleo, pero lo que necesitamos es una CCAA que crezca; que tenga esa oferta en materia de empleo suficiente para que ese trabajo pueda tener una buena retribución. Si no, estaremos siempre igual. La solución pasa por apostar porque Andalucía sea una tierra atractiva para la inversión.

La Junta de Andalucía no genera empleo. Puede crear las condiciones para que los empresarios, los autónomos, los emprendedores, lo he dicho mil veces, me oirá usted decirlo otras mil veces, generen empleo y riqueza. Si por cada autónomo que tenemos en Andalucía, pudiéramos generar un solo puesto de trabajo, se acababa el paro.

Y por eso cuando llevamos la ampliación de la tarifa plana, para los jóvenes emprendedores y las mujeres en el ámbito rural para una tarifa súper reducida de 30 euros. Es decir, que la actividad esté dada de alta, que hoy mucha actividad se hace de forma sumergida, en B, como dicen muchos. Lo que no puedes pagar son 300 euros, porque hay veces que no lo ganas. Hacer que esa economía sumergida salga a flote con estas ayudas, porque cuando salga a flote, esos nuevos autónomos, tendrán que pagar sus impuestos. Lo que queremos es ayudar a que quien quiera crear empleo, tenga el acompañamiento de la administración. Yo respeto todas las fórmulas, pero todavía no se me ha demostrado que las otras funcionen.

¿Es esta la gran reforma que planteará este Gobierno?

Si los ciudadanos no creen en las instituciones, no hay reforma que valga. Hoy hay un descrédito de la clase política. La gente desconfía y por eso ha habido un cambio en Andalucía. Ha habido muchos casos de corrupción política. Ha venido dinero público para los desempleados que no ha tenido ningún efecto sobre la creación de empleo. Formación, los ERE, la Faffe, que ya veremos hasta dónde llega. El otro día leía un nuevo caso.

Generar confianza en las instituciones es la gran tarea que se ha marcado, por tanto, en esta legislatura.

Hay que generar confianza, saber lo que ha pasado y que no vuelva a ocurrir. Algunos piensan que somos la Santa Inquisición, que viene aquí a… pues no, mire usted, los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado con su dinero. Y si no hay ninguna cuestión irregular pues no hay nada que temer. Y entonces será que la gestión que se ha hecho era mala.

¿Confía en los socios que se ha buscado en estos temas?

PP y Ciudadanos tenemos que tener clara una cosa. Esta es una oportunidad histórica y única. O una de dos. O hacemos bien nuestro trabajo y cumplimos o realmente nos tendremos que ir para casa, porque los ciudadanos no son tontos. Y no, algunos pensaban que los ciudadanos siempre iban a estar resignados. Y no, los andaluces están cansados de lo que ha habido. Por eso tiene que haber un cambio. Esa es la grandeza de la democracia. Si no lo haces bien, dentro de cuatro años te pueden decir. Oye, Juan. Que no. Que te vayas para tu casa, tío. Por eso hay alternancia en democracia.

¿Existe una buena interlocución con los socialistas para el traspaso de poderes?

He estado reunido con Jiménez Barrios, el vicepresidente, que es quien se ha dirigido a mí para hacer ese traspaso. Me ha trasladado que me pasará la cuenta general. Me entregará ese pen drive con 35.000 millones de deuda, que se dice fácil. Toma, ahí tienes una hipoteca de 35.000 millones que tienes que pagar con intereses. No tú, la tienen que pagar los andaluces. La cuenta saldría en que cada andaluz pagaría ahora mismo unos 5.000 euros.

El presupuesto de un año entero

Un año entero de presupuestos sin prestar ningún tipo de servicios, cerrando hospitales, sin nada. Eso es la deuda. No es de las más altas de España, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Eso hay que afrontarlo y habrá que hacerlo y se hará con normalidad y solvencia.

Esa es la primera tarea política, ¿no? Tener unos presupuestos.

Tenemos unos presupuestos aprobados por mí, por Ciudadanos. No son unos malos presupuestos. Están prorrogados. Y hay que tener unos para 2019. 

¿Hay plazos para el nuevo presupuesto?

Se establecen unos plazos a nivel interno que son bastante largos. Normalmente se empiezan a elaborar en marzo, acaban en junio, se traen al parlamento en octubre, y se aprueban antes de final de año. Este es un año especial. Hay que trabajar en la ley de presupuestos y ver una vez que entremos en la Junta, que conozcamos cómo están las cosas, las consejerías, empezar a trabajar en el presupuesto.

¿La idea es no hacer un presupuesto hasta el año que viene?

Lo que digo es que está prorrogado.

Pero la idea es hacer uno ya, ¿no?

Claro. Nuestra idea es ponernos a trabajar ya en un presupuesto.