El pasado 5 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación de la ley de residuos y suelos contaminantes para una economía circular, que establecía la prohibición de forma general de la quema de restos vegetales. La enmienda la introdujo el grupo del PDeCAT a propuesta del sindicato agrario Unió de Pagesos (UP). Gracias a ésta, aprobada con el 'sí' de todos los grupos en la Cámara baja, se eliminó el artículo 27.3 de la citada norma, que regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y otras medidas conexas en trámite de ponencia en la Comisión de Agricultura. Se abolía así una ley anterior, validada hace medio año, que impedía esta actividad, esencial por el sector primario una vez finaliza la época de la cosecha. 

Una de las ponentes de la enmienda, la diputada del PDeCAT en el Congreso de los Diputados y alcaldesa de Térmens (Lleida), Concepció Canadell, se felicita por esta modificación, que "suponía un grave problema añadido a los que ya tiene el sector del campesinado". Canadell recuerda que la nueva normativa ha salido adelante a través de una ponencia de la Comisión de Agricultura, que ha suprimido el artículo, y ha resultado ser "un trabajo útil que repercutirá en beneficio del territorio".

Así, esta enmienda fue aprobada sin la oposición de ningún grupo parlamentario. De esta forma, se eliminaría la normativa aprobada hace seis meses que no permite quemar restos vegetales de forma generalizada. Tal y como estaba planteado el anterior articulado, se preveían multas de entre 2.000 y 100.000 euros, lo que generó la indignación de los campesinos porque el tratamiento para los restos vegetales que no se podían quemar suponían un sobrecoste de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea.

Priorizar los procesos biológicos

La ley 7/2022, que ahora se ha cambiado, solo autorizaba la quema en dos supuestos: en caso de que el terreno esté afectado por una plaga y no existieran otros medios, y para prevenir el riesgo de incendio. En ambos casos, era necesario contar con una autorización individualizada expresa. La ley establecía que deben priorizarse los procesos biológicos para el tratamiento de la materia orgánica. Hasta ahora, la normativa fijaba la prohibición de encender fuego en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que les rodea durante el período comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre.

Inicialmente, los campesinos mostraron su rechazo, ya que en la cuestión de quemar restos vegetales, insistían en que las emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera por esta práctica son el equivalente a las absorbidas durante el ciclo de vida por las plantas que queman. Además, recuerdan que con esta acción se consigue eliminar enfermedades y enriquecer el suelo. Paralelamente, destruir los restos vegetales con prácticas mecanizadas implica quemar combustible fósil con el tractor.

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que se aprobó en el Congreso español el pasado abril se realizó con el argumento de priorizar el reciclaje de los restos vegetales mediante tratamiento biológico. Es decir, compost. La práctica ya es habitual con este tipo de residuos, como en la poda de los árboles, que acaba convirtiéndose en abono. Las dudas de los agricultores se centraban en los casos en que los restos deben gestionarse en explotaciones grandes, donde éstas deben tratarse en una planta especializada, añadiendo un nuevo sobrecoste a su cuenta de resultados. Durante unas semanas, las pilas de árboles estuvieron sin quemarse.

Ajuste a la normativa europea

A finales del pasado septiembre, coincidiendo con la Fira de Sant Miquel de Lleida y la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, más de un centenar de campesinos se reunió en la entrada de la subdelegación del Gobierno en la capital del Segrià para reclamar una modificación de la ley estatal que prohibía la quema de restos vegetales. La concentración, convocada por UP, exigió a la administración que se tenga en cuenta el impacto de la ley en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales más pequeñas, que "salen muy perjudicadas por esta normativa". Así se expresó el miembro de la Comisión Permanente del sindicato y su responsable de organización, Josep Carles Vicente.

Los manifestantes dejaron sobre la puerta del edificio varios árboles arrancados que bloqueaban el acceso en protesta por la prohibición de la quema de los restos vegetales. Los representantes de los agricultores instaban a la Administración a que se ajuste a las directivas europeas de residuos y reducción de las emisiones que no vetan las cremas y que obligan a velar por el impacto en las pequeñas explotaciones. "Este disparate no puede ser una obligación, debe ser una recomendación en la que prime el sentido común", afirmaban.

En la misma línea, la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), alertó de que, en algunos casos, la trituración de los restos de poda para incorporarlos al suelo hace inviable prácticas sostenibles como el mantenimiento de las cubiertas vegetales vivas. JARC precisa que la quema de restos vegetales es además una medida sanitaria para evitar la proliferación de posibles enfermedades como los hongos. Las infecciones no pueden observarse a veces a simple vista en el momento de la poda, pero están en la madera, un ejemplo muy habitual es el oídio en la parte leñosa del viñedo. Mientras que en los cultivos de la huerta, se quedan en los restos vegetales, con el peligro de que se reproduzcan en futuras plantaciones, si no se queman.

En Catalunya, se gestionan unas 120.000 autorizaciones de quemas vegetales al año y aunque es habitual que los productores, en algunos casos, trituren parte de la poda para hacer compost, este procedimiento no suele emplearse en el caso de grandes volúmenes de restos vegetales, como el arranque o sustitución de árboles, por su alto coste. De su gestión depende una parte importante del mantenimiento de forestal de las explotaciones, la lucha contra las emisiones de CO2 o la prevención de los incendios.