La noticia sentó como un jarro de agua fría a los trabajadores de As Pontes, en A Coruña. La central térmica de Endesa había iniciado el proceso de cierre en 2019 debido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y a la caída del precio del gas. Durante estos últimos meses, Endesa probó mezclas de biocombustibles y carbón, pero informa que los resultados han salido "negativos" y "no permiten prolongar la vida de la instalación".

Lo que más sorprendió y enfadó a la Xunta, comité y trabajadores, ha sido que el anuncio no se comunicó directamente a la mesa técnica, según cuentan, donde también está representado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento de As Pontes, sino que se notificó antes a la prensa. Todos se muestran en contra de la decisión adoptada por la empresa. "El cierre total dependerá de la red eléctrica, del Ministerio y de los procesos administrativos", declara a Público Alberte Amado, miembro de la Conferencia Intersindical Galega (CIG-Industria).

El camino hacia una energía limpia y renovable y las ayudas europeas para la transición ecológica evidenció ya hace dos años el desmantelamiento de la última central de carbón gallega. Endesa explicó que el cierre definitivo de la eléctrica viene dado por múltiples razones, fundamentalmente de carácter medioambiental. La planta de carbón funciona desde 2019 bajo mínimos, operando alrededor de unas 1.500 horas al año. Esas nuevas pruebas suponían una esperanza para la plantilla. De hecho, Endesa invirtió hace poco unos 200 millones de euros para modernizar la central.

Sin embargo, la entidad esgrime que la mezcla de lodos y carbón generarían al año entre 76.000 y 106.000 toneladas de cenizas (un aumento entre el 187% y un 276%), que no serían admitidas en los vertederos de residuos no peligrosos por superar el valor límite de selenio, sulfatos y carbono orgánico suelto. Además, cada tonelada le cuesta a la empresa 32 euros. Por ello, las razones económicas también han influido en el dictamen: el MWh generado costaría alrededor de 65 euros y resultaría un 30% más caro que el producido en una central de ciclo combinado de gas natural.

De esta manera, adaptar la instalación al nuevo escenario que requiere la transición energética requeriría una elevada inversión y unos altos costes fijos, "con lo que la destrucción de la caja estimada ascendería a 625 millones de euros en diez años de la actividad de la central", explica la compañía. Todo esto, Endesa lo respalda con el aval de Foster Wheeler, que sostiene que la planta sufriría una fuerte reducción de potencia y que la presencia de metales alcalinos y cloro causarían en la caldera "encoriación, ensuciamiento y corrosión propiciando unos niveles de degradación que no son aceptables".

La eléctrica prevé que el uno de julio de este año las gestiones estén terminadas para poder cerrar. Han impulsado ya los procesos administrativos para que el Ejecutivo central permita apagar definitivamente la instalación a través de un informe de impacto ambiental de la demolición de la central y demás documentos de las distintas partes que tienen responsabilidades con la compañía. Cuando estén terminados, se procederá al derrumbe de la instalación y a formar a la plantilla para que pueda participar en estas obras para revertir los daños ocasionados en el empleo.

¿Qué pasará con los puestos de trabajo?

Ricardo lleva 17 años trabajando en As Pontes. Cuenta a Público que no sabe cómo sentirse. "Enfadado, cabreado, desilusionado, un poco de todo", reflexiona. A él y al resto de sus compañeros le puede cambiar la vida para siempre. Endesa afirma que tiene un acuerdo con la representación de los trabajadores en el que garantiza que ningún empleado será despedido. Parte de ellos se han acogido a las prejubilaciones o han sido recolocados según informa la compañía, de modo que son 81 personas las que integran la plantilla actual. Uno de los grandes problemas que acarrea recolocar a los empleados es que tienen que mudarse de Galicia, y son la mayoría, ya que tienen puesto adjudicado en otra parte del Estado con opción preferente de vuelta, firmado en conformidad con los sindicatos.

No obstante, también constan 130 trabajadores auxiliares (algunos suman más de treinta años trabajando en As Pontes) que pueden ser formados para colaborar en las tareas de desmantelamiento de la instalación. La empresa tiene previsto abrir una licitación internacional a través del Plan Futur-e para atraer nuevas inversiones empresariales a la zona industrial; aquí los nuevos puestos ya no serían para estos trabajadores, pues ya se cuenta con que mantengan su cargo, aunque se tengan que trasladar a otra instalación gallega o estatal. Endesa tiene autorizada la conexión a la red en Galicia de 1.493 MW eólicos, "cuya construcción creará 1.250 empleos directos durante seis años", según ha comentado la compañía. "Se trata de promover que empresas, instituciones y otros agentes públicos y privados puedan presentar alternativas viables para buscar proyectos de inversión y creación de empleo sostenibles en el emplazamiento de la central".

Esos planes, sin embargo, pueden tardar hasta tres o cuatro años en establecerse según la versión de los trabajadores, la central apunta que serán menos. "¿Qué sucede a lo largo de esos años? As Pontes se convertiría en un páramo, emigraría todo el mundo", explica Ricardo. "Entendemos que los combustibles son viables como una manera de transición, como un puente para sostener el trabajo mientras que se desarrollan nuevos proyectos. Queremos que cuenten con nosotros. Ya sabemos que el carbón va a desaparecer".

"Endesa está obligada a dar alternativas de proyectos futuros dentro de los planes de transición justa. Una parte de estos tienen que ir para paliar el impacto negativo. La zona de Galicia que más va a sufrir la descarbonización es As Pontes", señala la CIG.

Tormenta política

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, fue directo y criticó la "falta de compromiso" de Endesa. "Existe una comisión técnica responsable de supervisar los resultados de las pruebas con biocombustible y Endesa, de manera unilateral, sin contar con la convocatoria de la mesa, hace público un informe lleno de conclusiones partidistas que intentan justificar un cierre que estaba decidido desde hacía tiempo", postuló. El edil añadió también que desde hace un año se percibe que la empresa no les trata como "personas maduras", ya que se "negó" a sustituir el carbón por gas natural para reducir las emisiones de CO2. "Inició el traslado de personal a otros emplazamientos de España antes de saber si la central era viable", señaló.

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, tachó de "actitud inaceptable" el anuncio de la compañía y esgrimió que "Endesa está faltando a ese principio de confianza, pero nosotros esperamos una rectificación, no solo sobre los resultados de las pruebas, sino sobre ese futuro industrial que es el compromiso que tenía dentro del proceso de transición energética". "Todos los informes previos antes de las pruebas finales tenían una tendencia positiva y desde el punto de vista técnico y medioambiental había una respuesta favorable con el comportamiento que tenía la central y las propias calderas", apuntó Conde. Por su parte, el Ministerio de Transición Energética estudiará los próximos días la documentación remitida por Endesa.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apuntó hacia el Gobierno central, el cual "no quiere disminuir los costes de emisiones de CO2", lo que llevó a la entidad a "plantarse", según explica. "Las consecuencias las pagan los trabajadores, la comarca y afecta a la capacidad energética instalada. Con el plan energético, que no compartimos, España se quedará sin la batería más grande". El presidente anunció también que la empresa había pedido disculpas por no haber comunicado previamente al Ejecutivo la decisión. Asimismo, volverá a reunirse el equipo de trabajo este martes para explicar detenidamente los datos y los resultados de las sucesivas evaluaciones.

Los grupos del Parlamento no tardaron en pronunciarse. Ana Pontón, portavoz del BNG, tachó de "inaceptable" la decisión y que "ni Xunta ni Gobierno central pueden seguir bailando al son que marca la empresa". Además, señaló que el cierre no significa una "transición energética" sino una "reconversión industrial que no podemos aceptar" y que surge "con la complicidad del PP y PSOE".

El secretario xeral del PSdG-PSOE, Gonzalo Caballero, aunque reconoce que el carbón no es el futuro, insiste en "buscar otras vías para mantener el empleo" y explorar "las posibilidades de reconversión y de transición justa". "No se puede consentir este comportamiento en una empresa que hizo negocio en el territorio gallego. ¿Dónde está su responsabilidad social corporativa?", señala. Preguntada por Público, Endesa no dará declaraciones al respecto del conjunto de críticas.

La transición energética

La industria gallega ha sido y continuará siendo una fuente de ingresos económicos para las grandes empresas que actualmente visualizan la energía verde desde un punto de vista capitalista. "Están proyectos encima de la mesa de hidrógeno verde, energía eólica, bio-refinerías, hay una apuesta importante en base a subvenciones", cuenta la CIG. Según Alberte Amado, el problema radica en los tiempos. "Los planteamientos de las transiciones no están siendo acordes con la garantía de empleo y con el impacto que va a tener en el territorio. No hay nada inmediato que sustituya la central térmica de As Pontes".

Las asociaciones ecologistas gallegas han celebrado el cierre de As Pontes. Se posicionaban en contra del modelo que estaba experimentado la compañía y que avivaría toneladas de cenizas. Para el ecologismo es un éxito contra el cambio climático. Ahora piden un convenio de transición justa, como la Asociación para la Defensa Ecológica de Galiza (ADEGA), para salvar los empleos. "El cese de la actividad de central de carbón de As Pontes acabará con el mayor foco gallego de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y uno de los principales de Europa". Asimismo, Adega sostiene que la demolición de As Pontes no representa la total descarbonización de la producción eléctrica en Galicia. Para bajar las emisiones de GEI, deberían dejar de utilizarse "gases y derivados del petróleo en la generación eléctrica", señalan.

La central de As Pontes no es la primera que cierra en Galicia debido a la evolución del mercado y al cambio de modelo del sector energético. Meirama, actualmente propiedad de Naturgy, presentó la solicitud de cierre en 2019 para apostar por las energías renovables. Su intención es construir dos parques eólicos y un centro tecnológico de gas renovable. Ambas entidades forman parte de una primera generación industrial nacida en el franquismo que está destinada a morir. No era ni un secreto a voces, el declive de las centrales de carbón suma años. De momento, los trabajadores de As Pontes tienen la expectativa puesta en la reunión del martes, aunque algunos ya cuentan con tener que hacer las maletas.