Un empresario marroquí vinculado al PP, tras la imputación de la exministra González Laya por el 'caso Ghali'

Málaga, Valencia y Zaragoza conforman el triángulo que cimienta la investigación judicial por la entrada a España de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el pasado 18 de abril para ser tratado de la covid-19. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado como imputada a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, aceptando la petición de las acusaciones popular y particular en la causa, que consideran que se cometieron los delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento por parte de altos cargos del Ministerio de Exteriores y de funcionarios de Fronteras en la llegada del líder del Polisario.

Tres nombres están detrás de la imputación de González Laya y del que fuera su jefe de Gabinete, Camilo Villarino: el abogado malagueño Antonio Urdiales; el exdiputado del Partido Popular Juan Vicente Pérez; y el empresario marroquí afincado en València Rachad Andaloussi Ouriaghli. 

Rachad Andaloussi, marroquí de 31 años, ingeniero de caminos y estudiante de Arquitectura, se ha convertido de la noche a la mañana en una figura prominente de la comunidad marroquí en España y con muchas conexiones con el Partido Popular de València. Así le describía el pasado mes de mayo Juan Vicente Pérez Aras, exdiputado del PP, en el diario ABC: "Todo un valor en alza cuyas cartas credenciales le han convertido en referencia y hombre de confianza del cuerpo diplomático acreditado en España. Un sinónimo del éxito e ingrediente clave en acuerdos y convenios internacionales. Su exquisita preparación le permite moverse con soltura con gobiernos y oposición. Su proximidad a jefes de estado y gobiernos cumplimentan un perfil con un marcado acento monárquico, liberal y dialogante". 

Este hombre, con un perfil tan diplomático y negociador, según le describe Pérez Aras, está personado como acusación popular en la causa abierta contra funcionarios españoles por el acogimiento humanitario de Brahim Ghali en España. Andaloussi, nacido en Tánger y afincado en València desde 2007, no aparece en el Registro Mercantil, pese a que es calificado como empresario en círculos valencianos. El exdiputado 'popular' valenciano resalta la labor del marroquí en la Secretaria General de Estudiantes y Graduados marroquíes en España, "tanto en la administración pública como con el tejido empresarial autonómico y nacional".

La denuncia de Andaloussi también la firma Vicente Pérez Aras, que fue diputado del Grupo Parlamentario Popular hasta 2019. Ambos pedían la imputación de la exministra de Exteriores por "permitir el montaje" para la entrada "ilegal" de Ghali en España. Una petición que ha encontrado la conformidad del juez del caso. El abogado que les representa, Juan Carlos Navarro, también valenciano, es un penalista que se encargó de la defensa de Francisco Correa, cabecilla de la trama del PP 'Gürtel'. En su currículo consta que ha colaborado y asistido en procesos judiciales seguidos en Italia, Francia, Bélgica y Marruecos, entre otros muchos países. 

El círculo no se cierra ahí. El abogado Navarro, que ha declinado hacer declaraciones a Público, pertenece al consejo asesor de Galindo Legal, "una agencia de inteligencia y prevención del delito" ubicada en Valencia, dirigida por el televisivo Juan Carlos Galindo, perito forense. Este ha publicado un artículo en un conocido periódico dedicándole múltiples alabanzas a Rachad Andaloussi, como que es "uno de los diez valencianos más influyentes en la política exterior de España". 

Galindo habla en ese artículo de la reciente boda "diplomática" de Andaloussi, en Tánger, celebrada el pasado 4 de septiembre, en la que además de él mismo y del abogado Navarro, acudieron el exministro del PSOE José Bono y Paula Sánchez de León, exvicepresidenta de la Generalitat valenciana con Francisco Camps. 

También acudió a la boda en Tánger el diplomático Fernando Villalonga, que dimitió antes de tomar posesión del cargo de cónsul en Rabat, en noviembre de 2020, debido a unas declaraciones que efectuó en un canal de Youtube vinculado a Vox, arremetiendo contra el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y alabando a Donald Trump.

Villalonga ha ocupado cargos en los gobiernos del PP, como consejero de la Generalitat con Eduardo Zaplana; secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica con José María Aznar (1996-2000); también fue diputado nacional del PP. 

También fue invitado a la boda de Rachad Andaloussi el diputado 'popular' Eloy Suárez Lamata, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso. No faltaron al enlace altos cargos del gobierno marroquí y representantes diplomáticos de Libia, Túnez, Mauritania, Emiratos Árabes, República Dominicana, México y EE.UU, así como representantes de la sociedad civil marroquí, según Juan Carlos Galindo. 

Este comunicador anunciaba en su artículo del pasado 9 de septiembre que Rachad Andaloussi se postula para presidir la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Marruecos en España, que se encuentra sin actividad desde el año 2011. Lo que parece una campaña de marketing en toda regla, con boda incluida, coincide en el tiempo con las diligencias abiertas por el juzgado de Zaragoza contra la exministra González Laya y otros cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por el asunto 'Ghali'. La denuncia de Andaloussi y de Vicente Pérez se interpuso en los juzgados de Logoño, ciudad donde se encontraba el hospital donde el líder del Polisario se repuso de la covid. Pero la Fiscalía envió la denuncia al juzgado de  Zaragoza, donde se había abierto previamente una causa por una denuncia idéntica. 

Un abogado de Torremolinos

El autor de esa otra denuncia que dio pie al procedimiento contra la exministra González Laya es el abogado malagueño Antonio Urdiales, con despacho en Torremolinos. "Yo me represento a mí mismo", dice a Público, negando representar intereses de terceros. Casado con una mujer marroquí, Urdiales interpuso la denuncia en caliente, a raíz, dice, de no poder viajar a Marruecos a ver a su familia política porque el régimen marroquí cerró las fronteras por la crisis diplomática y migratoria desatada por la presencia de Ghali en España. "Mis intereses, por tanto, se han visto afectados por el comportamiento del Gobierno español", señala.

Urdiales asegura que comparte estrategia con el abogado de la acusación popular, Juan Carlos Navarro. "Claro, compartimos documentos, reflexiones sobre la causa". Ambos han propuesto que la exvicepresidenta Carmen Calvo declare como testigo y están a la espera de que el juez admita la petición. "Se trata de que aclare si sabía o no que Ghali iba a entrar en España con pasaporte falso", señala Antonio Urdiales.

De momento, las peticiones de este abogado parece que tienen vía libre. El juez Rafael Lasala imputó el pasado 9 de agosto al exjefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, tras admitir que recibió instrucciones de la exministra Gonález Laya para facilitar la entrada en el país de Ghali. Villarino, que en su declaración aludió al carácter "secreto" o "reservado" de algunas informaciones relacionadas con el caso, dio instrucciones al teniente general Francisco Fernández, segundo jefe del Estado Mayor del Aire, sobre cómo se tenía que gestionar la llegada de Ghali a la base aérea de Zaragoza sin pasar por el control de aduanas. 

Antonio Urdiales fue durante más de quince años asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) bajo el mandato del PP. Una revista local llegó a cifrar en 1,5 millones de euros los honorarios recibidos.