Librilla, San Javier (Murcia) y Alicante tienen tres puntos en común: los tres municipios están gobernados por el PP, sobre los tres pende la sospecha de  presunta corrupción y en los tres aparece relacionada la misma familia empresarial: la nucleada en torno a la sociedad inmobiliaria Urdemasa, cuyo presidente, Santiago Martínez Esparza, fue presidente del comité electoral del PP en San Javier, confirmaron a Público fuentes de ese partido. Otras fuentes políticas de San Javier ajenas al PP sostienen que Esparza ocupó ese cargo entre 1999 y 2007.

Ayer, Isaac Sánchez, abogado de Esparza y administrador de dos de las empresas del grupo, dijo, primero, que no sabía cuánto tiempo había permanecido su jefe como presidente del comité electoral local del PP. A renglón seguido, añadió que ni siquiera sabe si Esparza ocupó ese puesto.

A la pregunta de por qué Urdemasa o sus filiales aparecen en la escena de tres casos de corrupción en Murcia y Alicante, Sánchez respondió así: “Obedece más bien a la mala intención de las personas que nos quieren relacionar a la fuerza con casos de corrupción”. Sobre Esparza, y así lo subrayó el letrado, no pesa hoy ninguna imputación.

Hace nueve días, la Guardia Civil registró la sede de Urvisan, una de las filiales de Urdemasa, y se incautó de documentación. Urvisan tenía como socio mayoritario y administrador a uno de los yernos de Esparza, Antonio Núñez, quien falleció en septiembre al caer desde un duodécimo piso. Tras su muerte, el abogado Sánchez asumió la gestión de Urvisan y la de Urvitec, empresa que había formado junto con Acadi una sociedad que logró en 2006 el servicio de gestión de residuos de Aledo. Acadi pertenece a uno de los imputados en Librilla, el ingeniero Domingo Peñalver.

En diciembre de 2006, Esparza declaró –“como testigo”, precisa su abogado– ante el fiscal en la investigación abierta, y ahora hibernada, para averiguar si el entonces alcalde del municipio, José Hernández, del PP, había beneficiado con convenios urbanísticos a Urdemasa y a la firma Peinsa, de cuyos propietarios había sido socio en empresas inmobiliarias.

Hoy, el último eslabón en esta cadena de relaciones coincidentes lo constituye el caso Mercalicante, en el que está imputado por delito societario el que fue alcalde de Alicante hasta su sorpresiva dimisión en septiembre, Luis Díaz Alperi (PP). La investigación apunta a que Mercalicante sufrió un quebranto económico de seis millones.

En un extenso informe fechado el pasado 10 de noviembre, el fiscal anticorrupción de Alicante señala cómo Urdemasa se benefició de lo que presenta como un absoluto desprecio a la legalidad por parte de Mercalicante. La empresa pública, que gestiona el mercado central de abastecimiento en la provincia, adjudicó a dedo a Urdemasa un contrato de obras cifrado en 1,5 millones de euros.  Sánchez no recuerda los detalles pero da por hecho que todo fue legal.

Ocurrió en diciembre de 1999, siete meses después de que, esta vez respetando los procedimientos reglados, le hubiera adjudicado otra obra valorada en 705.663 euros. Al final, y sin que mediara ningún acuerdo del consejo de administración de Mercalicante ni de su comisión ejecutiva, el presupuesto global de Urdemasa se incrementó en 573.000 euros, casi cien millones de las antiguas pesetas.

Según el fiscal, Urdemasa debía haber cobrado en total 2.803.049 euros pero percibió 2.889.049, es decir, 86.859 euros más. El fiscal no ha averiguado aún por qué.