La campaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo ha comenzado sin que se conozcan los programas electorales de todos los partidos. Aunque la cercanía de los últimos comicios y los discursos que las diferentes formaciones han ido esbozando ya dan una clara idea del modelo de región por el que apuesta cada uno.

La vivienda, la sanidad y la educación son siempre áreas de gran impacto en una campaña autonómica, ya que las regiones tiene competencias directas; mientras que las migraciones quedan en un segundo plano no solo por el reducido voto que movilizan, sino también porque los gobiernos autonómicos tienen las manos atadas ante las reformas que demanda gran parte de la comunidad extranjera. A continuación, repasamos las necesidades en cada apartado y resumimos las propuestas de cada partido, desde el bloque progresista a los partidos de centro, derecha y ultraderecha.

Vivienda: sin ley estatal ni autonómica

La vivienda, con permiso de la sanidad en medio de una pandemia, es una de las áreas que se mira con más atención en cada cita con las urnas. A falta de un acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE para sacar adelante la ley estatal, la Comunidad de Madrid es de las pocas regiones que carecen de una norma autonómica de vivienda, a pesar de la Iniciativa Legislativa Popular que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevó a la Asamblea en 2017 y que PP y Ciudadanos tumbaron sin siquiera debatirla en pleno.

La regulación del precio de los alquileres es uno de los grandes caballos de batalla. Según los portales inmobiliarios, los precios han caído en la región alrededor del 8% este año debido a reducción de demanda a causa de la pandemia y al aumento de la oferta con el trasvase de pisos turísticos a alquiler convencional, también por el mismo motivo. Aunque la bajada es puramente coyuntural y el alquiler sigue comiéndose buena parte de los ingresos de los inquilinos —sobre todo de los jóvenes—, ya que la capital es una de las ciudades donde más aumentaron los precios en los cinco años previos a la crisis sanitaria. La escasez de vivienda pública y social y la venta de la poca que había por los gobiernos del PP a fondos buitre es un mar de fondo en el que quedan claras las posiciones de la izquierda y de la derecha, reacia a recuperar esas casas pese a lo ordenado por los tribunales. Por último, los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, paralizados de momento por el Gobierno central, volverán a producirse dentro de tres meses, y la región acumula miles lanzamientos aplazados durante la crisis sanitaria.

En la derecha, como ha sido habitual, la vivienda —construcción y venta o alquiler— se concibe como negocio ante que como derecho. No se propone nada relativo a la regulación de precios ni a la vivienda social ni a evitar desahucios, mientras explotan el supuesto temor a los okupas. El programa de Ayuso insiste en la cesión de suelo a constructoras para promover el negocio inmobiliario con el llamado plan "Vive Madrid", que contempla la construcción de "hasta 25.000 viviendas en suelo público mediante concesiones en colaboración pública-privada" para ampliar la oferta de alquiler. También promete ampliar la deducción del IRPF del alquiler para jóvenes de los 800 euros actuales hasta 1.200. Ciudadanos aún no ha publicado su programa, pero su línea de anteriores elecciones no dista mucho de la del PP, aunque incluía un "parque de vivienda de emergencia social" y otro para jóvenes, mientras que Vox se centra la "seguridad" a través de su "ley antiokupas," que ya propuso en las elecciones generales y que Cs también incluía.

Entre las fuerzas progresistas, todas contemplan la necesidad de una ley de vivienda autonómica, aunque el pulso entre PSOE-Unidas Podemos se desplaza al plano autonómico, e Iglesias marca una línea dura fiel al pacto de gobierno de coalición que ahora el PSOE se niega a aplicar. Los morados han incorporado en su lista a la portavoz de la PAH, Alejandra Jacinto, y proponen regular el precio del alquiler para este no supere el 30% de los ingresos medios de cada zona, la creación de un impuesto específico que penalice la vivienda vacía de grandes tenedores y la cesión obligatoria del uso de la vivienda vacía en propiedad de Socimis, fondos de inversión, bancos o de quien tenga más de diez casas. El programa de Gabilondo (PSOE) se limita a blindar la vivienda pública para que no pueda ser vendida a fondos de inversión, y promete la construcción de 15.000 casas en dos años para destinar a "alquiler asequible", además de un plan de rehabilitación de viviendas y de impulsar los grandes desarrollos urbanísticos proyectados en la ciudad de Madrid. Por su parte, las propuestas de Mónica García (Más Madrid) pasan recuperar las casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA vendidas a fondos buitre y destinarlas a alquiler social y prohibir su venta. También quieren reservar para alquiler social y asequible el 30% de las viviendas de nuevas promociones, penalizar los inmuebles vacíos y un plan autonómico para rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética que compromete a los beneficiarios a ceder el uso temporal del inmueble a un precio regulado para conseguir precios más bajos de alquiler, mediante concesiones en colaboración público-privada.

Sanidad: alas a la privada o refuerzo de la pública

La pandemia de la covid-19 ha afectado a todo el país, pero ha tenido las peores consecuencias en Madrid, ya que llega a ser la ciudad europea con más mortalidad. En varios momentos también ha sido la región con más contagios de España y, a la vez, con menos restricciones. Uno de los peores episodios tuvo lugar en la primera ola, cuando el Gobierno regional abandonó a su suerte a los mayores en las residencias. Por otro lado, la política sanitaria también ha estado marcada por la privatización de servicios públicos y por la construcción exprés del hospital de emergencias Isabel Zendal, un centro muy polémico que no tiene plantilla fija ni quirófanos. Los sanitarios de la región también han criticado constantemente sus condiciones laborales: los médicos de Atención Primaria empezaron una huelga indefinida justo el día en el que se anunciaron las elecciones anticipadas, aunque se tuvo que posponer por los comicios.

Las diferencias en Sanidad entre el bloque de derechas y de izquierdas son muy claras en la Comunidad de Madrid, laboratorio de la privatización de los conservadores. El programa electoral de Ayuso está lleno de promesas que ya se recogían en el programa 2019 y no se han cumplido, como la reforma del antiguo Hospital Puerta de Hierro. En el documento destaca una fuerte apuesta de lo hospitalario sobre la salud pública o la medicina de familia, por la "colaboración público-privada" y mejoras de las infraestructuras. Los programas electorales de Ciudadanos y Vox aún no se han publicado pero no ha habido grandes anuncios hasta el momento.

En el bloque de izquierdas destacan las propuestas ausentes en los partidos de derechas: mejoras de las condiciones laborales y refuerzo de las plantillas. El partido de Pablo Iglesias tampoco ha presentado el programa electoral aunque el candidato sí ha dejado clara su apuesta por reforzar Atención Primaria y acabar con la temporalidad de los sanitarios, como prometen también Ángel Gabilondo y Mónica García en sus programas. En el documento de Más Madrid se desarrollan más propuestas sanitarias que no tienen que ver con la pandemia, entre ellas, comenzar el proceso de incorporación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVEs) dentro de la red pública.

Educación: entre la ley Celaá y el veto parental

Pese a que ha pasado un año desde el inicio de la emergencia sanitaria, las clases aún no han vuelto a la normalidad. Los últimos dos cursos de Secundaria y Bachillerato son semipresenciales en la Comunidad de Madrid. Las desigualdades sociales y educativas han crecido y han sido especialmente sangrantes en esta región: es la comunidad en la que hay más segregación escolar.

Frente a estos problemas, los tres partidos del bloque de la derecha están en guerra con el Gobierno central por la Ley Celaá, una norma que tiene como objetivo principal acabar con los colegios gueto. Las propuestas de Ayuso, así como las declaraciones de los distintos portavoces de Ciudadanos y Vox, se centran en la libertad de elección de las familias sobre la educación de los menores. Los tres partidos han coincidido incluso en movilizaciones en contra de la Lomloe junto a plataformas de colegios privados, concertados y católicos. El veto parental ha vuelto también al centro de los debates educativos de la mano de políticos del PP, Ciudadanos y Vox de Murcia, una propuesta que también recoge la ultraderechista Rocío Monasterio para Madrid.

En el lado contrario están el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Los tres han rechazado claramente el veto parental y apoyan la Ley Celaá. Sus propuestas van encaminadas a luchar contra la segregación y mejorar la calidad educativa reduciendo las ratios de las clases y con la contratación de más profesorado.

Migración: la gran ausente

En el plano migratorio, las comunidades autónomas apenas disponen de competencias para abordar reclamaciones históricas de las comunidades migrantes, ya que sus vidas están totalmente marcadas por la Ley de Extranjería. En ese sentido, la acogida de los menores extranjeros no acompañados es la única competencia de peso en la materia, ya que su tutela recae en las comunidades autónomas. Sin embargo, la normalización de mensajes, discursos y políticas abiertamente racistas y xenófobas es una constante en la Comunidad de Madrid gobernada por el PP, que en 2012 dejó sin tarjeta sanitaria a los migrantes sin papeles.

Las propuestas de Ayuso no pasan de buenas palabras que, en la práctica, se han demostrado vacías de contenido gobierno tras gobierno. Habla de "integración" de las personas extranjeras y de "igualdad de trato", así como de "acogida en la sociedad madrileña" de personas proceden de países en los que no se respetan los derechos fundamentales, en un claro guiño a parte de la población venezolana que ha recalado en la capital durante los últimos años. A falta de programa, las recetas de Rocío Monasterio (Vox) son de sobra conocidas: cierre de centros que acogen a menores migrantes y su deportación, uno de los numerosos brindis al sol de la ultraderecha que vulnera la ley española, el derecho internacional y numerosas convenciones de derechos humanos y de infancia. Las medidas de Edmundo Bal (Ciudadanos) en este ámbito son aún desconocidas.

El entre las formaciones de izquierda tampoco se abunda demasiado en las migraciones. Quizás el movimiento más destacado sea el fichaje por parte de Unidas Podemos de Serigne Mbayé, activista antirracista y portavoz del Sindicato de Manteros y de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, aunque el programa electoral aún no está disponible. El PSOE, que incluyó en su lista a la ex secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, aboga por un pacto regional de garantía de derechos de los menores extranjeros no acompañados y por ampliar los programas de inserción social y laboral para jóvenes extutelados. También quiere reconvertir el Foro Regional de la Inmigración en un Consejo Madrileño de las Migraciones y potenciar programas y planes integrales de mediación social e intercultural, además de fortalecer programas de aprendizaje de español para extranjeros. Más Madrid lleva en su candidatura a Manuela Bergerot, de origen argentino y miembro del equipo técnico de la querella argentina contra el franquismo. Entre sus propuestas están la reclamación de competencias de la atención sanitaria en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, un plan autonómico contra el racismo y la intolerancia, "medidas paliativas destinadas a restaurar el equilibrio social no dejen fuera a las personas migrantes en situación administrativa irregular", atención sanitaria para personas migrantes reagrupadas y ampliación del derecho al voto para residentes extracomunitarios en las elecciones autonómicas y no solo en las municipales, entre otras medidas.