Unidas Podemos quiere regular los alquileres de las zonas tensionadas de Madrid vinculando la renta de las viviendas a los ingresos medios de los hogares en la zona. Si gobierna, la formación liderada por Pablo Iglesias impulsará que los alquileres no puedan superar el 30% del salario medio de los ciudadanos de cada área de la región. La propuesta va en línea con las medidas que está defendiendo el partido en la negociación de la ley de Vivienda en el seno del Gobierno. 

"Tenemos un compromiso con el derecho a la vivienda. Ha llegado la hora de proteger y promover este derecho en Madrid, un derecho fundamental que nos ha sido arrebatado en los últimos 26 años. Por eso promovemos estas medidas para conseguir que la región deje de ser el paraíso de la especulación inmobiliaria", ha señalado en un vídeo publicado en Twitter la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid y exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto.

Además, Unidas Podemos, que ha anunciado este jueves sus propuestas en materia de vivienda para la Comunidad, insta a expropiar el uso de la vivienda vacía de los grandes propietarios, considerando como tal a los tenedores de más de diez inmuebles, bancos, fondos de inversión y SOCIMIS, para destinarla a alquiler social.

Estas viviendas se incorporarían así al parque público de domicilios en alquiler y serán puestas a disposición de jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monoparentales y otros colectivos vulnerables con alquileres asequibles. Además, se establecerá el precio social del alquiler en el 15% de los ingresos medios de los hogares en la zona en la que se encuentre el inmueble.

Asimismo, Unidas Podemos propone un impuesto a la vivienda vacía de grandes propietarios -cuyo uso no haya sido expropiado para alquiler social-, en consonancia con el trabajo que se está llevando a cabo en el País Valencià.

La formación morada también ve necesario aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid con enfoque de Derechos Humanos, tomando como punto de partida la Iniciativa Legislativa Popular que fue rechazada en 2017 por el Partido Popular y Ciudadanos.