La campaña electoral madrileña tendrá más repercusión nacional que nunca. El enfrentamiento directo entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, ninguneando así a Ángel Gabilondo; la participación de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos y la posibilidad de que Ciudadanos, con Edmundo Bal al frente, pierda su representación en la Asamblea de Madrid como preludio a un descalabro a escala nacional son los elementos que vertebran la cita electoral del 4 de mayo. Sin olvidar la pujanza de la candidata de Más Madrid, Mónica García.

A lo largo de la campaña se hablará mucho de política nacional pero poco de los problemas reales de una comunidad autónoma que presenta luces y sombras, sobre en cuestiones tan importantes como la economía, los derechos de las mujeres y de los colectivos más vulnerables, el medio ambiente y la cultura.

Una comunidad rica pero muy desigual

La Comunidad de Madrid tiene un indiscutible peso en la economía española. Con menos de un 2% del territorio y un 14,5% de la población, representa el 19% del PIB de España con 240.130 millones de euros, lo que la sitúa como la región más rica del país: la renta disponible per cápita es de 35.913 euros, un 36% superior a la media nacional. También presenta otras buenas cifras en términos macroeconómicos: según la EPA, su tasa de paro al acabar 2020 era del 13,5% frente al 16,13% de media en España; tiene la menor deuda pública de todas las comunidades autónomas en relación al PIB, el 16%, y es la segunda mejor comunidad autónoma en cuanto al déficit público.

La economía madrileña se sustenta básicamente en el sector servicios, que suponen un 85% de la actividad total. La construcción también es un motor de la economía mientras que la industria, sin embargo, pierde paulatinamente protagonismo: a día de hoy sólo aporta el 11% a la industria nacional. En cuanto a la inversión extranjera, la Comunidad de Madrid acaparó en 2017 el 61% de la misma, cuatro veces más que la siguiente región.

Sin embargo, no todo es idílico. Siendo la Comunidad autónoma más rica de España, Madrid destaca por ser la más desigual en términos económicos y por sus escasas políticas sociales y de redistribución de renta, lo que ha acentuado la brecha social. Varios informes y estadísticas así lo acreditan. Así, por ejemplo, Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante, según los datos del ministerio de Sanidad y también es la penúltima en gasto social por habitante, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Otro reciente informe de 2019, este de FOESSA, certificaba asimismo que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la Comunidad de Madrid es la más alta de España. Todo ello es producto de la aplicación sistemática de una política económica de corte neoliberal. No en vano, Madrid es la comunidad autónoma con la presión más baja de España y que la que menos impuestos recauda per cápita, lo que se cristaliza en una fiscalidad a la baja, injusta y poco progresiva que beneficia sobre todo a las rentas más altas.

PSOE y Más Madrid abogan por cambiar el paso económico y proponen  incrementar la protección social a través de políticas económicas más redistributivas, subir los impuestos a los más ricos, invertir más en I+D+i, reindustrializar la economía madrileña y apostar decididamente por la llamada economía verde. Ayuso, por contra sigue empeñada en acometer "la mayor rebaja fiscal de la historia", algo que sólo beneficiaría a las rentas más altas.

El abandono de la igualdad

A pesar de ser una de las comunidades autónomas más ricas, Madrid es, proporcionalmente de las que menos esfuerzo realiza en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista. El presupuesto destinado a esta área no ha crecido en los últimos años, situándose en torno a 25 millones de euros, lo que supone una inversión menor al 0,1% del presupuesto que maneja la comunidad (unos 20.000 millones de euros). Madrid dedica hoy casi la mitad de los recursos que destinaba en 2008, pero desde el año 2016 las denuncias por violencia machista han ido en aumento, reduciéndose sólo durante el confinamiento por la dificultad de muchas mujeres para presentar denuncias.

La falta de inversión ha dejado muchos de los programas de prevención y de atención a las víctimas en situación extremadamente precaria. Tal como denunció recientemente este diario, el único centro de la comunidad para la atención a víctimas de violencia sexual está infradotado de fondos y personal, y las víctimas de este delito tardan de media entre nueve meses y un año en poder tener atención psicológica tras una violación porque el único centro de la comunidad (CIMASCAM) está colapsado. Diversos expertos han denunciado, además, que cerca de un 25% de los fondos anuales de la Comunidad en Igualdad y contra la violencia se quedan sin ejecutar. 

Un posible gobierno del Partido Popular con Vox (preferido por Isabel Díaz Ayuso), reduciría aún más los fondos y los programas de lucha por la igualdad y contra la violencia tal, como está ocurriendo en otras comunidades en las que se gobierna con el apoyo de la ultraderecha y podría incrementar la financiación de organizaciones contrarias a los derechos de las mujeres, como se ha visto en el caso de Andalucía y Zaragoza con la financiación de la fundación Red Madre, en contra de la ley interrupción del embarazo.

De hecho, el programa del Partido Popular abunda en erradicar la violencia doméstica, no la que afecta específicamente a las mujeres, muy en la línea de Vox, que niega que existe un tipo de violencia específica hacia las mujeres por el hecho de serlo. Los partidos políticos del ala de la izquierda proponen acciones que eleven tanto los fondos como la eficacia de las medidas. El PSOE, se compromete poner en marcha el primer gobierno paritario y promete una Ley de Igualdad que termine con la anomalía de que la Comunidad de Madrid sea la única región sin un instrumento legislativo que aborde esta prioridad. 

Más Madrid incluye en su programa un total de 34 medidas para luchar contra la violencia machista, la desigualdad, fomentar el empleo y distribuir los cuidados.

Infancia y LGTBI, dos colectivos olvidados

Madrid es, junto con Canarias, la comunidad autónoma con el índice de desigualdad infantil más alto de toda España, según Unicef. Esta organización denuncia que casi un tercio de los menores en la comunidad vive en riesgo de pobreza y exclusión social y el 20% de los niños más ricos tienen 10 veces más recursos que el 20% más pobre. Estos datos, sin embargo, son previos a la pandemia, por lo que las cifras pueden haber empeorado de forma sustancial.

La desinversión en la escuela pública en favor de los centros concertados o privados ha sido la tónica durante los más de dos décadas de gobiernos del PP, que ha supuesto una degradación de la escuela pública. Uno de los indicadores de la poca importancia hacia la infancia vulnerable fue la decisión del Gobierno de Madrid de alimentar a los niños más necesitados con menús de comida considerada basura durante el confinamiento o la inacción de la Comunidad para solucionar la situación de los 1.800 niños y niñas que viven en La Cañada Real y que llevan más de seis meses sin electricidad.

Para paliar la situación de los menores más vulnerables, los populares proponen en su programa una deducción del 25% de la cuota de la Seguridad Social para la contratación de cuidadores de hijos menores de tres años. Por su parte el PSOE propone completar con 150 euros mensuales los ingresos de las familias que perciben el ingreso mínimo vital y permitir percibir la RMV junto con el ingreso Mínimo Vital. Aprobar un plan de Emergencia social o la creación de un fondo de emergencia contar la pobreza y la exclusión social, son algunas de sus propuestas.

Más Madrid propone una amplia batería de medidas que van desde la protección hacia las víctimas de violencia de género, para población económicamente vulnerable o hacia los menores extranjeros no acompañados. 

Por lo que respecta a la comunidad LGTBI, las organizaciones denuncian la falta de aplicación de las leyes Trans y de los derechos de las personas LGTB en la comunidad. Madrid tiene desde el año 2016 aprobadas dichas normas que deben dar acceso nuevos derechos y recursos a este colectivo, pero que han sido incumplidas de forma reiterada y su articulado está aún por desarrollar. 

El PP no contempla ninguna medida para este colectivo en su problema. Por su parte, tanto el PSOE como Más Madrid proponen desarrollar las leyes existentes para los colectivos LGTBI y Trans. Los socialistas se comprometen impulsar con los ayuntamientos campañas contra la discriminación y los delitos de odio y reforzando el tejido asociativo. Más Madrid incide en la educación en diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, así como un plan integral contra LGTBIfobia en las calles. Otra de las medidas es la de elaborar un plan integral de seguridad y protección en las calles de las personas LGTBI+ .

Medio ambiente: deficiencias importantes

Desde el punto de vista ambiental, la Comunidad de Madrid llega al envite electoral marcada por varias deficiencias importantes. Destaca, entre todos los puntos, las debilidades del modelo de gestión de residuos y el descontrol de los vertidos ilegales, que tal y cómo reconocía el Gobierno regional a finales de 2020, se han convertido en un problema "incontrolable". Según los cálculos que realizó el Partido Socialista, la región tiene un "cinturón marrón" de residuos ilegales en la zona sur. A ello se suman los vertidos de toallitas y basuras en ríos importantes como el Jarama, del que depende parte de la huerta madrileña. En este punto, los partidos de los diferentes bloques no han hecho propuestas concretas para revertir una situación problemática que no es exclusiva de Madrid y que parece haberse convertido en habitual en la mayor parte del país.

Por otra parte, los problemas de contaminación de la región siguen siendo constantes. Aunque durante el último año de pandemia las emisiones de gases han disminuido notablemente debido al parón económico, la Comunidad sigue presentando grandes deficiencias en materia de polución. En este punto, la nueva Ley de Cambio Climático se presenta esencial, ya que obligará a los partidos que logren hacerse con el Gobierno a impulsar zonas de bajas emisiones en aquellos municipios de la región que tengan más de 50.000 habitantes. Esto afectará a 15 ayuntamientos que deberán trabajar conjuntamente con la Comunidad de Madrid para restringir el tráfico contaminante y crear infraestructuras verdes. Se trata de una propuesta que los partidos ya han asumido y que aparece en los programas que ya se han presentado.

La legislatura de Díaz Ayuso ha estado marcada por la pandemia, pero también por las ayudas constantes al sector taurino. Tanto es así, que el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 4 millones de euros para la agricultura del toro de lidia durante el último año. Si bien el PP siempre ha estado del lado del sector, el candidato del PSOE ya ha anunciado que no tiene intención de hacer reformas grandes: "Estamos en contra del maltrato animal, pero respetamos la tauromaquia".

Por otra parte, se espera que los partidos más a la izquierda, Unidas Podemos y Más Madrid apuesten por eliminar este tipo de ayudas públicas como ya prometieron en anteriores campañas electorales. No obstante, más allá de eliminar fondos públicos, no se espera que ninguna de las fuerzas políticas prohíba las corridas de toros.

Anemia cultural

La pandemia ha dejado maltrecho a un ámbito cultural ya de por sí anémico. La consejera Marta Rivera de la Cruz, sucedida por Enrique Ossorio que ejerce de suplente tras el descabezamiento del Gobierno madrileño, ha marcado una gestión duramente criticada, entre otros, desde el sector de las artes escénicas, que denuncian falta de transparencia, de empatía y de dinero, comparado con el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid. Con un ínfimo presupuesto cultural (no alcanza el 1% del total), los esfuerzos, como ya es tradición con los gobiernos del PP, han ido encaminados a fomentar la relación con el ámbito privado y el turismo, mientras que el sector reclama que haya propuestas ciudadanas más allá de la recaudación.

Sobra decir que el PP apuesta por la libertad, o lo que es lo mismo, por una "cultura libre de injerencias públicas y dirigismos", según reza su programa. Un programa que se compromete a un incremento presupuestario en Cultura y Turismo del 50% y a un "especial énfasis" en el apoyo a los creadores. El PSOE, por su parte, propone ampliar los plazos para justificar las subvenciones para actividades culturales, promover un Plan estratégico de I+D+i en cultura digital para el fortalecimiento de las industrias culturales, impulsar el Bono Joven Cultural y un proyecto de Ley del Cine y el Audiovisual de Madrid.

Desde Más Madrid apuestan por un programa de renta cultural canalizada a través de bonos u otros mecanismos de financiación, también por una cláusula de protección en contratos artísticos del sector público ante posibles modificaciones a causa de la covid y por elaborar un marco estable de política cultural para la sostenibilidad del tejido cultural y el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Además, la formación liderada en Madrid por Mónica García reclama una nueva Ley de Patrimonio Cultural que proteja y conserve para la posteridad nuestro patrimonio histórico.