Una semana después de que se conociera que la negociación que mantienen el PSOE y Unidas Podemos sobre la nueva ley de Vivienda está más que alejada de un acuerdo, un nuevo factor amenaza con retrasar la aprobación de la norma: las elecciones catalanas. Ya la pasada semana, los de Pablo Iglesias denunciaron que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana les había trasladado que no habría más reuniones hasta después de los comicios (que se celebran el próximo domingo).

Sin embargo, el ministro del ramo, José Luis Ábalos, insistió este lunes en que se espera que el anteproyecto esté listo en febrero. A finales de octubre de 2020, los socialistas suscribieron con Unidas Podemos un acuerdo para validar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que contemplaba que la nueva ley de Vivienda se llevaría al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses (plazo ya vencido) y se presentaría en el Congreso en un máximo de cuatro.

Las elecciones catalanas han irrumpido en el desarrollo de unas negociaciones que, lejos de estar a punto de llegar a buen puerto, mantenían y mantienen importantes discrepancias de contenido entre los dos socios de Gobierno.

Este lunes ambas partes han vuelto a escenificar posiciones encontradas. En el caso del PSOE, rechazando de facto la última propuesta de los de Pablo Iglesias en esta materia: considerar "gran tenedor de vivienda" a aquellos propietarios de cinco o más inmuebles, y no a partir de 10, como ocurre en la actualidad. 

El secretario de Organización del PSOE no tuvo reparos en contestar en su condición de ministro de Movilidad y Agenda Urbana desde la sede socialista de Ferraz y tras la Ejecutiva Federal del PSOE para recordar que en todas las medidas adoptadas hasta ahora el criterio ha sido de 10 o más inmuebles, dando a entender que rechaza la propuesta de la formación morada. "Esta propuesta contradice las consideraciones que hemos tenido hasta ahora", dijo.

En este sentido, Ábalos añadió que la ley de Vivienda que prepara se basa en una política pública de vivienda, "pero que no puede descansar sobre las espaldas de los particulares".

El ministro dijo que el objetivo es comprometer a todas las Administraciones en una política pública de vivienda y exigir esa responsabilidad pública, aunque también indicó que la nueva legislación atajará la utilización que han hecho los fondos buitres de las viviendas sociales.

En calidad de "coproponentes"

En el caso de Unidas Podemos, este lunes acusaron a los socialistas de temer el daño electoral que les podría causar una propuesta poco ambiciosa sobre Vivienda en una comunidad autónoma que ha dado pasos en materia de penalización de inmuebles vacíos e intervención del mercado del alquiler (el Tribunal Constitucional ha tumbado parte del decreto de Vivienda catalán al entender que era contrario al derecho a la propiedad). 

La portavoz de la formación morada Isa Serra insistió en que "por parte de Transportes se nos ha trasladado la voluntad de que hasta pasadas las elecciones catalanas no se avance en esta ley; eso es un retroceso". Para Serra "este mensaje puede tener que ver con que la ciudadanía catalana no solo tiene la necesidad de que se garantice el derecho a la vivienda, sino que además hay un apoyo enorme a leyes que garantizan la vivienda". "En el Parlament se aprobó una ley para bajar los precios del alquiler", recordó, y "puede que el candidato Illa tema que el texto de Transportes no sea lo suficientemente ambicioso y no garantice el derecho a la vivienda".

De hecho, Serra avanzó que la intención de su partido es la de extender la normativa catalana al resto del Estado, atendiendo, eso sí, a que la eventual ley estatal no pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional.

Por no estar de acuerdo, el PSOE y Unidas Podemos no están de acuerdo ni siquiera en la condición que ocupa cada formación en el desarrollo de la norma. El acuerdo presupuestario recoge literalmente que "serán coproponentes de la ley el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030", dirigida por Pablo Iglesias.

Para la formación morada, este texto no deja lugar a dudas de que ambas partes tienen la iniciativa en esta materia y de que la norma saldrá de las negociaciones, precepto a precepto, entre los equipos de ambos ministerios. Sin embargo, Ábalos reivindicó de nuevo este lunes a su ministerio como el proponente, e indicó que eso no impide que luego se presente conjuntamente con la Vicepresidencia segunda del Gobierno, también en calidad de coproponente.

Pese a las discrepancias con su socio de Gobierno y confirmando que no hay acuerdo a nivel político, Ábalos mostró su convencimiento de que se llegará a un consenso con Unidas Podemos y recordó que todas sus propuestas ministeriales han sido consensuadas con el partido morado. Por ello, pidió un poco de paciencia y garantizó que habría un borrador en febrero y que la ley llegaría al Consejo de Ministros en marzo.

Sin embargo, los de Iglesias insisten en que la norma ya está fuera de los plazos comprometidos en el acuerdo presupuestario y lamentan que Transportes no les haya presentado un borrador más de tres meses después de firmar ese acuerdo y más de cuatro meses después de que Unidas Podemos hubiera enviado una propuesta a los socialistas. "Pedimos que se avance de forma urgente porque es un compromiso del Gobierno. Queremos que sea aprobada ya", zanjó Serra.